La Fiscalía pide condenar a Iberdrola como responsable civil de los pagos a Villarejo
El Ministerio Público considera acreditado que la compañía de Ignacio Sánchez Galán pagó 1,4 millones al comisario para espiar a Florentino Pérez, Manuel Pizarro y otros empresarios, políticos y líderes sindicales
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que Iberdrola sea condenada como responsable civil subsidiaria por los pagos que la compañía hizo al comisario José Manuel Villarejo para financiar proyectos de espionaje contra rivales empresariales, políticos, sindicatos y organizaciones medioambientales. El Ministerio Público también pide que el policía y el exdirector de Seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo, se sienten en el banquillo por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.
La Fiscalía pide para Villarejo un total de 59 años de cárcel y, para Asenjo, 45. Considera que las diligencias del Juzgado Central de Instrucción número 6 en la pieza separada número 17 de la conocida como operación Tándem han acreditado que Iberdrola a Villarejo un total de 1.455.064,14 euros entre los años 2004 y 2012 para sufragar varias operaciones encubiertas. Según el escrito de acusación, el grueso de estos fondos habrían salido de la matriz de la cotizada y sólo una pequeña parte de su filial Iberdrola Renovables.
Entre los encargos a Villarejo destacan el proyecto Arrow, que tenía por objetivo desactivar la oposición a la construcción de una planta de ciclo combinado en el municipio de Arcos de la Frontera (Cádiz); la operación Blackboard, que se centró en Endesa y su entonces presidente, Manuel Pizarro; una investigación de candidatas a incorporarse al Consejo de Administración de Iberdrola; seguimientos a los líderes sindicales de la central nuclear de Cofrentes; y el proyecto Posy, sobre Florentino Pérez, enemigo declarado del presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán.
“Para justificar todos estos pagos, se emitieron por Grupo Cenyt [empresa de Villarejo] una serie de facturas que fueron aceptadas por el encausado Antonio Asenjo en nombre del Grupo Iberdrola”, expone Anticorrupción. “Los encausados procedieron a manipular los conceptos de las facturas emitidas por Grupo Cenyt y aceptadas por el Grupo Iberdrola, haciendo constar servicios diferentes a los efectivamente prestados y ello con la finalidad de ocultar la verdadera naturaleza de los servicios prestados y recibidos, que vinieron referidos, como acordaron las partes, a servicios de investigación prestados por un funcionario en servicio activo del Cuerpo Nacional de Policía”.
Para la Fiscalía, la instrucción también ha dejado acreditado que los primeros trabajos de investigación ejecutados por policía en 2004, dentro del denominado proyecto Arrow, fueron cobrados por el policía a través de una mercantil con la que no tenía ninguna relación accionarial, Castellana de Seguridad, S.A. (Casesa). “Y todo ello con pleno conocimiento y aquiescencia del encausado Antonio Asenjo como contratante de los servicios de investigación que, facturados por Casesa, fueron cobrados el encausado José Manuel Villarejo”.
En concreto, la acusación pública pide que Villarejo sea condenado por cohecho pasivo, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad documental. En cuanto a Asenjo, le atribuye cohecho activo, descubrimiento de secretos de particulares y falsedad. En cuanto a la compañía de Sánchez Galán, deberá hacer cargo subsidiariamente de las indemnizaciones fijadas que les corresponderían a los presuntos perjudicados por los espionajes del comisario, a los que se les debería resarcir con entre 15.000 y 60.000 euros, según la Fiscalía.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que Iberdrola sea condenada como responsable civil subsidiaria por los pagos que la compañía hizo al comisario José Manuel Villarejo para financiar proyectos de espionaje contra rivales empresariales, políticos, sindicatos y organizaciones medioambientales. El Ministerio Público también pide que el policía y el exdirector de Seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo, se sienten en el banquillo por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.