El fiscal general acusa al Supremo de poner en riesgo "la seguridad del Estado" con su registro

La defensa del fiscal general del Estado ha reclamado la nulidad del registro practicado en su despacho, en el que la Guardia Civil incautó todos sus dispositivos electrónicos. En un escrito dirigido al alto tribunal, la Abogacía del Estado -que se encarga de su representación- alega que la medida que ordenó el juez Ángel Hurtado en el marco de la investigación sobre revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso puede "comprometer la seguridad del Estado" e "intereses nacionales".

El escrito asegura que la entrada y registro y el clonado de sus teléfonos móviles, tablets y ordenadores está provocando "un perjuicio irreparable". Como ha avanzado El País y confirman a El Confidencial fuentes jurídicas, indica que en el material intervenido se encuentra la agenda del jefe de la Fiscalía, sus correos electrónicos y los correos que intercambió durante meses y agrega que obviar los riesgos de que se desvelen atenta contra el interés público.

Además de mencionar que en los dispositivos hay datos sensibles para el conjunto de la nación alega que también contienen datos sobre "la actividad de otras instituciones" con las que García Ortiz mantiene contacto, "compromisos con terceros" y detalles "sobre la estructura de la Fiscalía en su conjunto". Para la abogada del Estado "hubiera sido preciso delimitar su extensión de un modo más exhaustivo y proporcionado, a la vista de los intereses concurrentes".

TE PUEDE INTERESAR

El novio de Ayuso demanda a Montero en el Supremo: apunta a más filtraciones y pide 40.000 euros

Pablo Gabilondo Alberto Pérez Giménez

Hurtado ordenó la entrada y registro el pasado 30 de octubre en el marco de la investigación que se sigue contra él por un presunto delito de revelación de secretos contra el empresario Alberto González Amador y decretó el secreto de las actuaciones durante un mes. La decisión se adoptó después de que la Sala de lo Penal concluyera el 16 de octubre que existen indicios suficientes para investigar a García Ortiz por la filtración de los correos que el abogado de González Amador envió a la Fiscalía para tratar de cerrar un pacto en la causa que se sigue contra él por fraude fiscal.

Ocho meses y siete días

El magistrado dio la orden de incautar "cualquier tipo de material o soporte informático", incluyendo los teléfonos móviles de los que disponga el fiscal general, y de copiar de forma íntegra su contenido desde el pasado 8 de marzo hasta la actualidad, es decir, casi ocho meses. En un auto posterior, el Tribunal Supremo limitó el análisis que la Guardia Civil debe efectuar de toda la información incautada a aquellas que guarde relación con la causa y entre el 8 y 14 de marzo.

Para la Abogacía, la limitación no es suficiente. Defiende en su escrito que la medida equivale a realizar "una investigación prospectiva". "Previsiblemente, trata de aclarar determinadas sospechas del magistrado instructor, pero que son ajenas al ámbito objetivo de investigación fijado". También reprocha al juez que no haya tenido en cuenta que antes de la presunta filtración investigada se publicaron "informaciones tergiversadas" que sometían a la Fiscalía a un "juicio político paralelo".