El Gobierno paga 17.200 € al día por incumplir la norma de aguas residuales: 90 M en seis años

España lleva 23 años incumpliendo la normativa europea en materia de aguas residuales. Un incumplimiento por el que los españoles hemos pagado ya más de 90 millones de euros de multa a las autoridades europeas, como confirma una resolución de Transparencia a la que ha accedido El Confidencial. Seguimos pagando cada día 17.202 euros diarios de multa por no atender a lo que manda la ley europea. La sanción crece cada semestre en 3.130.872 euros, y fue impuesta en 2018 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tras un largo litigo en los tribunales.

La directiva europea que nuestro país incumple data de 1991. Esta norma establece que los Estados miembros deben velar por que todas las aglomeraciones urbanas dispongan de sistemas colectores para las aguas residuales urbanas. En el caso de los municipios de más de 15.000 habitantes, el plazo límite establecido por ley es el 31 de diciembre del año 2000, plazo que se cumplió hace 23 años.

En su sentencia de 2018, el TJUE denuncia que hasta 17 localidades de más de 15.000 habitantes presentes en Andalucía, Asturias, Canarias, Galicia y Valencia carecían del sistema de depuración de aguas adecuado. Son lugares donde las aguas residuales se vertían directamente al mar o a los ríos.

De acuerdo a la resolución de Transparencia, la sentencia de 2018 condenaba al Reino de España al abono de una multa a tanto alzado de 12 millones de euros, y de una multa coercitiva de 10.950.000 de euros por cada semestre de retraso. "Hasta el momento se han efectuado 12 pagos semestrales, con lo que el importe satisfecho por el Estado español asciende a un total de 90.510.924,15 de euros, incluida la multa a tanto alzado", reconoce en la resolución el Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEC).

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El Ministerio de José Manuel Albares también admite que de la sanción total, más de la mitad se corresponde con las multas coercitivas ante la inacción de la administración pública española para resolver el problema: "78.510.924,15 de euros corresponden a la suma de las multas semestrales". O sea, que el 86% de la multa pagada con el erario público se debe a la tardanza de las administraciones locales, autonómicas y estatales en atajar el problema.

“El asunto es grave porque tras la sanción, el incumplimiento se ha prolongado durante seis años a razón de casi 11 millones de euros el semestre; ¿no es suficiente incentivo para corregir el error de manera más acelerada?”, se pregunta Juan Ignacio Navas, socio-director del despacho Navas & Cusí, despacho especializado en derecho europeo.

Los cuatro municipios más incumplidores

En estos momentos, la multa por incumplimiento de la directiva sobre aguas residuales es la única vigente contra el Estado español. Y todo apunta a su continuidad en el tiempo dada la existencia de cuatro municipios que siguen sin arreglar sus problemas de depuración. En dos de ellos, la responsabilidad es del Gobierno de Pedro Sánchez, como admite el Ministerio de Transición Ecológica. Se trata de Barbate (Cádiz) y Matalascañas (Huelva).

En las otras dos localidades, Alhaurín el Grande (Málaga) y Valle de Güimar (Santa Cruz de Tenerife), la responsabilidad de las mejoras en la depuración del agua recae en los Gobiernos autonómicos. Entre las regiones que ya adecuaron su situación a lo establecido por la directiva europea se encuentran Gijón-Este, Isla Cristina, Nerja y Coín. El establecimiento de sistemas óptimos de depuración en estas aglomeraciones urbanas permitió aminorar la cuantía de la sanción semestral, que pasó a ser de 3,1 millones de euros frente a los 10,3 millones de la multa inicial.

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“Pasados 6 años, ¿no han sido capaces de adaptarse a la directiva europea? Hay que buscar fórmulas coercitivas porque en este caso el incumplimiento municipal se termina socializando en el conjunto de los españoles sin que nadie asuma ninguna responsabilidad”, defiende Navas.

Las administraciones locales son las competentes en la materia y, subsidiariamente, las comunidades autónomas, salvo que exista una declaración formal de Interés General de Estado o se haya suscrito un convenio específico con las comunidades autónomas para la ejecución de las actuaciones por parte del Estado. Este es el caso de dos de los cuatro municipios en los que persiste el problema.

Como España, otros Estados miembros han litigado por infringir la misma directiva, como es el caso de Francia, Grecia, Italia, Bélgica, Reino Unido o Portugal, según apunta el Ministerio de Teresa Ribera.