El expresidente de la Audiencia de Orense, favorito para la plaza del juez Castellón

El anterior presidente de la Audiencia Provincial de Orense, Antonio Piña, que presentó la dimisión a su cargo hace apenas dos semanas, se postula para ocupar el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional en sustitución de Manuel García Castellón, que se jubiló hace unos meses, informan a El Confidencial fuentes jurídicas. En aplicación del artículo 340 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el magistrado será elegido previsiblemente para el cargo. El concurso se resolverá a finales de este mes de noviembre.

Piña anunció su renuncia a la presidencia de la Audiencia de Orense hace dos semanas. Según indica el artículo mencionado, tras agotar la totalidad del primer periodo para el que fueron nombrados, los presidentes de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia y los Presidentes de las Audiencias Provinciales que cesan tendrán preferencia, además, durante los dos años siguientes al cese, a cualquier plaza de su categoría de las que deben proveerse por concurso voluntario.

Piña ingresó en la carrera judicial en 1999 y ascendió a la categoría de magistrado en 2002. Fue titular de Instrucción 2 de Ourense desde 2006 a 2014, cuando fue nombrado presidente de la Audiencia Provincial. Durante prácticamente todo su periodo en instrucción, ejerció como juez decano

Castellón se jubiló el pasado septiembre tras cumplir los 72 años. El Central acumula causas tan sensibles como el caso Tsunami, Villarejo o las diligencias sobre los CDRs radicalizados y las tramas Púnica y Lezo. En los últimos meses, el magistrado se convirtió en uno de los principales objetivos de las iras del independentismo. Sus decisiones en el marco de la causa sobre Tsunami le colocaron en la diana de Junts y ERC. Diferentes cargos de ambas formaciones le acusaron, incluso desde el Congreso, de "prevaricar" y han puesto en duda en repetidas ocasiones sus intenciones respecto a la aplicación de la amnistía. Han insinuado públicamente que no dudan de que "maniobrará" para quedarse.

TE PUEDE INTERESAR

El CGPJ hace efectiva la jubilación del juez García-Castellón tras cumplir los 72 años

B. Parera

Estas insinuaciones malintencionadas sobre el magistrado son solo un ejemplo de los insultos y amenazas de las que el instructor ha sido objeto en los últimos meses. Se le ha acusado de tener una "obsesión política" o de buscar "incriminar al independentismo". Ha habido también señales de que el independentismo no descarta proceder penalmente en su contra y que trata de citarle a las comisiones de investigación que se pactaron con el Gobierno de Pedro Sánchez. Tras conocerse su jubilación, continuó recibiendo críticas que le llevaron a querellar contra la diputada, exministra y líder de Podemos, Ione Belarra, por llamarlo “corrupto” públicamente y acusarle de haber prevaricado.

Las causas más sensibles

Al margen del caso Tsunami, que quedó archivado por errores en la prórroga, el 6 que dirige Castellón instruyó el procedimiento contra un núcleo radicalizado de los CDR a los que se acusa de planear atentados, sabotajes y un asalto del Parlament para lograr la independencia. El fiscal solicita 27 años de cárcel para ocho de ellos por los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación de explosivos y estragos de carácter terrorista en grado de tentativa. A otros cuatro los sitúa un escalón por debajo y pide ocho años de cárcel al acusarles solo del primer delito.

El Juzgado instruye, también, la macrocausa vinculada con el comisario Villarejo y acumula dos de las principales causas sobre la corrupción del PP que aún permanecen abiertas: Púnica y Lezo. La primera de ellas arrancó en el año 2014 y ha enfilado ya su última fase antes del cierre definitivo de la decena de piezas que acumula. Por el momento, solo se ha juzgado el chivatazo que recibió el principal acusado, el ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. El juicio por la financiación irregular del PP de Madrid está a las puertas.

García Castellón también ha instruido el caso Lezo, en el que se ha propuesto juzgar al expresidente madrileño Ignacio González, por la compra presuntamente fraudulenta y por unos 30 millones de dólares de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II entre 2012 y 2014. En otra de sus líneas se ha instruido la compra de la empresa colombiana Inassa.