El juez del caso Koldo cita al empresario que negoció con el ministro Torres la venta de PCR

El magistrado Ismael Moreno ha citado a declarar como imputado el próximo 25 de noviembre a Ignacio Díaz Tapia, el empresario que negoció con el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la adjudicación de contratos de PCR en plena pandemia. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya advirtió en un informe del pasado octubre que Canarias y Baleares terminaron adjudicando cinco contratos de PCR por 6,5 millones de euros a una empresa vinculada a la presunta organización criminal del caso Koldo.

La trama puso en marcha la nueva línea de negocio de las PCR después de haberse embolsado comisiones millonarias con la venta de mascarillas al Ministerio de Interior y al de Transportes al arranque de la pandemia, así como a los entonces Gobiernos socialistas de las dos mencionadas comunidades autónomas. Koldo García fue el encargado de contactar a Torres y a la entonces presidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol, para comunicarles que una compañía dedicada a los análisis clínicos, Eurofins Megalab, estaba interesada en realizar pruebas PCR a los pasajeros que llegaran a las islas desde la Península.

En el caso de Canarias, la UCO detectó que Torres también estuvo en contacto con Díaz Tapia, que era uno de los responsables de Megalab. El 25 de agosto de 2020, este empresario escribió al presidente canario para presentarse como el responsable de la compañía que había estado en "su despacho de cara al control de pasajeros" y le envió una presentación sobre ello. "A continuación, Torres respondía que le gustaría hablar después sobre los avances y solicitaba a Tapia que le enviase la información del otro día, ya que había hablado con 'Illa' estos días y parecía que había buena recepción", subraya la UCO. "Seguidamente, Torres compartía el contacto de Blas Trujillo [su consejero de Salud]".

Además de a Díaz Tapia, el magistrado ha citado como imputados el 25 y 26 de noviembre a otros cinco empresarios: César Moreno y Javier Serrano, a los que también se sitúa en el centro de esta nueva línea de investigación sobre las PCR; Luis Alberto Escolano, al que la UCO sitúa como "testaferro" del comisionista Víctor de Aldama, y María Piedad Losada Romo, que trabajaba como secretaria de Aldama.

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Los días 2 y 3 de diciembre, el magistrado ha citado a su vez a ocho guardias civiles como testigos. Todos ellos estarían relacionados con Rubén Villalba, el comandante de la Guardia Civil que, según la UCO, "habría recibido una contraprestación económica" a cambio de "asegurar la protección y continuidad de la presunta organización criminal". "Algunas de las solicitudes de Koldo revestían un carácter de alta sensibilidad, como pretender conocer si el teléfono del presidente del Gobierno o del que fuera ministro de Fomento —Ábalos— estuvieran intervenidos", advirtieron los investigadores en uno de sus últimos informes.

Los cuatro mosqueteros

Díaz Tapia, Moreno, Serrano y Aldama compartían un grupo de Whatsapp bautizado como ´Los cuatro mosqueteros´ que ha resultado determinante para la investigación. En una de las conversaciones intervenidas, uno de los implicados envió una captura de la entrada en Wikipedia de Illa, a lo que su interlocutor le respondió minutos después con el reenvío de un audio de Aldama. De esta grabación se desprendía que el entonces ministro de Sanidad podía ser un obstáculo, pero, finalmente, parecía haber dado su visto su bueno. "Han hablado y lo ve bien, así eso era un hándicap y que en principio está salvado… [sic]".

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En otros mensajes intervenidos se refleja que los investigados también llegaron a reunirse con el entonces director de gabinete de Illa, Víctor Francos. "Se trata de un ejercicio de la influencia directa de Koldo en favor de Aldama, esta vez, empleando a sus contactos del más alto nivel en el Ministerio de Sanidad para la inscripción de una sociedad en un registro que posibilita operar como entidad de intermediación de medicamentos", advertía la UCO en uno de sus últimos informes.