Las acusaciones piden al juez que retire el pasaporte a Begoña Gómez si insiste en ir al G20

Las acusaciones populares han pedido al juez Juan Carlos Peinado que acuerde "la retirada del pasaporte" de Begoña Gómez si insiste en su intención de "no comparecer" el próximo 18 de noviembre, cuando se le ha citado en el juzgado para darle traslado de la última querella que ha provocado su imputación por los delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional. La mujer de Pedro Sánchez solicitó este lunes que se anule dicha comparecencia porque ese día "se encontrará en visita oficial en la República Federativa de Brasil a los efectos de asistir a la cumbre mundial del G20".

En un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, las acusaciones populares solicitan ahora a Peinado que recuerde a Gómez "la obligatoriedad del cumplimiento" de esta citación y que la aperciba de "las consecuencias legales" que implicarían su incomparecencia. Su petición es clara: "Se deniegue la petición de no asistencia y se requiera a su representación procesal para que en el plazo de un día confirme la asistencia de la investigada a la diligencia acordada".

Si la defensa de Gómez ignora esa orden, las acusaciones consideran que habría que ir un paso más allá y acordar la retirada de su pasaporte "a los efectos de asegurar su presencia para las diligencias acordadas en el marco del presente procedimiento". En el caso de que Peinado no atienda esta solicitud, las acusaciones también apuntan "subsidiariamente" a la posibilidad de modificar "la fecha de la citación al próximo viernes 15 de noviembre", cuando Gómez en principio se encontraría en España.

El escrito de Begoña Gómez

La mujer de Sánchez presentó este lunes la invitación que le ha remitido la primera dama de Brasil, Janja Lula da Silva, de cara a la "Cumbre de Líderes del G20" que se celebrará los próximos 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro, así como la carta que ella misma ha enviado "desde Presidencia del Gobierno" para confirmar su asistencia: "Espero con interés las actividades que se llevarán a cabo. Estoy segura de que juntos podremos avanzar hacia un futuro de una mayor igualdad y empoderamiento de la mujer", puede leerse en este segundo documento.

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Begoña Gómez reaccionó así a la decisión que el juez adoptó el pasado 29 de octubre, cuando la imputó por los delitos de apropiación indebida y de intrusismo profesional por quedarse con el software que se desarrolló para su máster en la Universidad Complutense de Madrid. El magistrado —que también la investiga por tráfico de influencias y corrupción en los negocios— la ha citado el 18 de noviembre para entregarle esta última querella y acordar una nueva fecha en la que tomarle declaración como imputada.

"Ninguna norma impone que la notificación de la citada querella sea personal como tampoco su citación para declarar, lo que se pone de manifiesto en este mismo procedimiento, ya que con anterioridad ya se le dio traslado de la querella que inició las presentes actuaciones y se la citó para declarar en varias ocasiones a través de la notificación de los citados actos procesales en su domicilio", criticó su defensa en el escrito que presentó este lunes.

La respuesta de las acusaciones

Las acusaciones —Vox, Hazte Oír, Manos Limpias y Movimiento Regeneración Política de España— insisten por su parte en que "del escrito se infiere que la investigada no está realizando una petición al juzgado, sino que se trata de una comunicación de no asistencia". Según critican, esta maniobra supone "una falta de respeto" y de "consideración" al juez, pues muestra su "propia consideración de que es merecedora de un trato diferente a cualquier ciudadano ante la Justicia".

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Las acusaciones inciden a su vez en que "no se alcanza a entender cuál es el papel que desempeñará la Sra Gómez en la cumbre mundial del G20", a lo que se suma que los presuntos delitos por los que se le investiga "se cometieron en un marco de encuentros y reuniones que tildados de ámbito profesional eran también actos institucionales". "No es ni mucho menos descabellado afirmar que se abriría la posibilidad de reiteración delictiva", afirman.

Apoyándose en ese razonamiento, también solicitan otras posibles medidas cautelares como "la prohibición de salida de territorio nacional" y "las comparecencias quincenales". "Cuando a un investigado le surge la realización de un viaje fuera de España, debe solicitar su autorización, y es analizada su petición, para justificar el levantamiento temporal de esta medida", argumentan. "Lo que resulta extraordinario es que un investigado decida de modo unilateral que no va a acudir".