Moncloa arranca el 'sprint' hacia los PGE sin aliento y con el resquemor de sus socios al "chantaje"

Reforma fiscal, revisión del reparto del objetivo de déficit con las comunidades autónomas y Presupuestos. La negociación de las cuentas públicas se ha convertido en un temible Tourmalet compuesto por tres duras etapas parlamentarias y los socialistas emprenden este lunes su ascenso sin tener ni siquiera el aliento de su socio de coalición. PSOE y Sumar negocian a marchas forzadas para intentar salvar su reforma fiscal en la votación de esta tarde en la Comisión de Hacienda aunque lo tienen complicado dada la distancia ideológica que separa a los aliados del Gobierno. El PSOE debe convencer también a Bildu, ERC y el BNG después de que pactara con Junts y el PNV el fin del impuesto extraordinario a las eléctricas pese a que prometió que lo haría permanente, igual que el de la banca.

Los socialistas maniobran para intentar convencer a Yolanda Díaz y al resto de sus socios de izquierda que apoyen el paquete de medidas fiscales, aunque sean descafeinadas, que han incluido por la vía de urgencia mediante enmiendas en un proyecto de ley que transpone una directiva europea para fijar el mínimo del Impuesto de Sociedades de las multinacionales en un 15%. Tras una negociación sin debate público en la que el PSOE priorizó al PNV y Junts, el Gobierno sigue sin contar con los votos necesarios. Los grupos de la izquierda, incluido Sumar, insisten en que el gravamen es "innegociable" y que "no tragarán".

"Puede pasar de todo. Hay muchas enmiendas cruzadas. A ver qué hace el PSOE", señalan los nacionalistas vascos sobre la negociación fiscal con la que el Gobierno pretende cumplir los compromisos con Bruselas y subir la presión fiscal.

También Podemos amenaza con tumbarlo. Aunque los de Ione Belarra no tienen voto en la Comisión de Hacienda (el Grupo Mixto está representado por el BNG), harán valer sus cuatro votos en la votación del jueves en el Pleno, si es que salva el trance de hoy. Como Sumar, insisten en que no darán su brazo a torcer con el impuesto a las energéticas, que Junts logró tumbar. El equilibrio resulta imposible entre ambos lados de la cuerda que sostiene a Pedro Sánchez en Moncloa.

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Tras las medidas fiscales, llegará el turno de la revisión de los objetivos de déficit después de que el partido de Carles Puigdemont obligara al Gobierno a rehacer el reparto entre el Estado y las comunidades autónomas. Junts aspira a que estas tengan hasta un tercio de la capacidad de gasto. Moncloa ha pospuesto esta segunda negociación hasta después del congreso nacional de ERC, que tendrá lugar a finales de este mes. El resto de partidos sí apoyó los objetivos de déficit del Gobierno, aunque la presión de Junts, sobre todo a los republicanos, les ha hecho redoblar sus apuestas.

La catástrofe de la DANA ha alterado la negociación presupuestaria, toda vez que Moncloa ha señalado que las inversiones para la reconstrucción de Valencia deberán tener su reflejo en el proyecto de cuentas públicas de 2025. Más allá del primer paquete de medidas de 10.600 millones, ya en vigor, o del segundo paquete de ayudas que el Consejo de Ministros apruebe este mismo lunes.

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Esa vinculación política que el propio presidente ha hecho entre el desastre de Valencia y los Presupuestos enfadó no solo al PP, sino también a sus socios parlamentarios que también ven un "chantaje" en ello. Así lo verbalizó Junts la semana pasada. Y así lo comentan en privado en otros grupos parlamentarios, que olfatean la maniobra interesada del Gobierno de rebajar el precio de su apoyo a los PGE por el deber de dar respuesta a las urgencias de la sociedad valenciana.

Hasta el PNV, generalmente el más optimista de entre los socios, ha endurecido el gesto en los últimos días. "Nos gustaría que hubiera Presupuestos, pero no hay que confundir los deseos con la realidad. Lo veo difícil. Si me hubiera preguntado hace dos semanas, hubiera dicho que sí, que había un 60% de probabilidades. Ahora creo que han bajado por debajo del 50% porque la situación política se ha enconado", señaló su presidente, Andoni Ortuzar, la semana pasada.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer en una entrevista en El País que "para reconstruir hacen falta presupuestos" pero que es "impresentable hablar de chantaje", tal y como han denunciado públicamente PP y Junts después de que el Gobierno vinculase la aprobación de las cuentas con las inversiones necesarias. La vicepresidenta segunda pide abandonar el "politiqueo" e insiste en su llamamiento a la cooperación entre aliados parlamentarios porque es urgente que España apruebe la reforma fiscal, aunque sea parcial. "No podemos pedir más dinero a Europa y no estar dispuestos a elevar los ingresos".