La DANA desata denuncias penales cruzadas contra los Gobiernos central y valenciano

Los efectos devastadores de la DANA sobre la Comunidad Valenciana y sus consecuencias han tardado poco más de una semana en comenzar a provocar la presentación de denuncias y querellas cruzadas por delitos penales contra los Gobiernos central y autonómico y contra organismos como la Agencia Española de Meteorología (AEMET) o la Confederación Hidrográfica del Júcar. Iniciativas populares que buscan adhesiones, partidos políticos, asociaciones ya habituales en el ejercicio de la acusación popular, particulares, sindicatos. Todo un popurrí de colectivos en busca de culpables de la incompetencia en la prevención y en la gestión posterior de los desbordamientos que arrasaron numerosos municipios.

Los delitos que se repiten en estas acciones penales van desde el homicidio imprudente, las lesiones o la omisión del deber de socorro hasta la prevaricación, la imprudencia grave e incluso el delito contra la seguridad de los trabajadores. Fuentes jurídicas consultadas se refieren a las dificultades de determinar, a través de esta vía, la necesaria relación entre la acción u omisión que se atribuye a las administraciones y el resultado delictivo. Apuntan a que es muy complicado determinar un vínculo directo entre la conducta de los responsables políticos y las consecuencias desencadenadas.

La peculiaridad en este caso es que muchos de los denunciantes han emprendido acciones paralelas. Por ejemplo, un viejo conocido en la acción penal como Manos Limpias, se dirigió al Supremo pocas horas después del suceso para querellarse contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y cuatro ministros por "no haber declarado el estado de alarma ni implementado medidas adecuadas para mitigar los efectos" de la DANA. El mismo colectivo ha iniciado acciones, en este caso en Valencia, contra el responsable de la Agencia Estatal de Meteorología, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

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El Supremo tiene sobre la mesa, al menos, otras dos querellas, aunque espera que se presenten muchas más que, previsiblemente, irán acumulándose. Iustitia Europa acusó en el alto tribunal a Sánchez y Marlaska. Lo mismo ha hecho el partido político Vox, que también incluye a las ministras Margarita Robles y Teresa Ribera. Siguiendo el mismo esquema, el primer colectivo también ha denunciado ante el TSJ de la Comunidad Valenciana a Carlos Mazón.

Un centenar de abogados

Otra de las acciones en marcha agrupa a un centenar de abogados que han impulsado una iniciativa destinada a reunir adhesiones "para iniciar acciones judiciales" contra la Generalitat Valenciana. En este caso se ha utilizado el sistema de difundir en las redes un formulario que persigue presentar una denuncia popular contra el Consell presidido por Carlos Mazón, por su gestión de la DANA. De momento, casi 2000 personas han apoyado la acción.

Entre los denunciantes que ya han emprendido acciones se encuentra la Confederación General del Trabajo (CGT). En su caso, se ha dirigido a la Fiscalía al considerar que se han dado "actuaciones negligentes" por parte del Gobierno regional que "pusieron en peligro las vidas de miles de trabajadoras y trabajadores". El sindicato asegura que se ignoraron las continuas advertencias previas y, precisa que se debió paralizar la actividad laboral, como demuestra que los principales afectados fueran los trabajadores que acudían a su puesto de trabajo o que volvían de él. También la Audiencia Nacional ha recibido denuncias. Es el caso de la asociación Terra SOS-tenible, que acusa de la comisión de distintos delitos a la AEMET, las Confederaciones Hidrográficas correspondientes y los Servicios de Protección Civil y Emergencias.

De momento, todas estas querellas y denuncias están pendientes de valoración. En el orden contencioso-administrativo ya se han producido las primeras consecuencias legales después de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia haya reclamado al Gobierno valenciano los expedientes administrativos de la gestión del fenómeno natural en respuesta al recurso de un particular.