El TSJ de Valencia reclama a Mazón toda la documentación sobre la gestión de la DANA

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha dictado un decreto en el que reclama a la Generalitat todos los expedientes administrativos relacionados con la gestión de la DANA. La decisión se produce tras el recurso de un particular que denuncia "inactividad de la Presidencia de la Generalitat Valenciana y la Agencia de Seguridad y Emergencias". El TSJ actúa conforme a la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa que requiere como primer paso recabar la documentación siempre que se presenta un recurso.

Según informan fuentes jurídicas, además de solicitar los expedientes generados a lo largo del 29 de octubre, día en el que se desataron las riadas que han costado la vida a más de 200 personas, el tribunal reclama que se dirija un oficio a la administración demandada para que pueda personarse en la causa en un plazo de nueve días. El decreto, al que ha tenido acceso El Confidencial, agrega que cabe recurso contra la decisión.

El recurso fue presentado por el abogado valenciano Curro Nicolau y en él se defiende que el gobierno autonómico "no informó debidamente a la población y con el tiempo suficiente para minimizar los posibles efectos devastadores del aumento del caudal masivo y fugar de los ríos Magro y rambla del Poyo, así como su desbordamiento e inundaciones".

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Nicolau ha presentado un segundo recurso, en este caso ante el Supremo, contra el Gobierno central, al que acusa, también, de inactividad. Indica en este caso que no se produjo orden de intervención "de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de manera suficiente". En su opinión, tanto Pedro Sánchez como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska "vulneraron lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, y los artículos 5 y 34 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA)".

Como ya publicó este diario, los fallos de gestión en la crisis provocada por la DANA generarán decenas de denuncias en distintos órdenes. Además de la vía contenciosa, ya se han presentado denuncias en el orden penal en las que se acusa a distintos responsables tanto autonómicos como nacionales de delitos como la omisión del deber de socorro o, incluso, el homicidio imprudente.