El Congreso 'congela' una ley del PP para que policías y guardias civiles sean profesión de riesgo

La única cara amable que ha mostrado la peor DANA del siglo ha sido la implicación de las fuerzas y cuerpos de seguridad —y de incontables héroes anónimos— en las labores de rescate. Las redes se llenaron de vídeos e imágenes de policías, guardias civiles o bomberos con el lodo hasta la cintura intentando salvar vidas, incluso en las peores horas de las riadas. Hace justo una semana se confirmó también el fallecimiento de dos guardias civiles que quedaron atrapados en el sótano del cuartel de Paiporta (Valencia), uno de los puntos negros de la gota fría, y que se suman a las más de doscientas personas que han perdido la vida en una catástrofe sin precedentes.

Muchas de esas instantáneas fueron difundidas por asociaciones y sindicatos como SUP, Jusapol o AUGC, que acompañaban con una reivindicación grabada a fuego desde hace años: "profesión de riesgo ya". La desgracia de la DANA reabre una herida que nunca se ha suturado. El debate ya arreció con fuerza el pasado mes de marzo tras la muerte de dos guardias civiles que fueron arrollados por una narcolancha en Barbate. Ese mismo mes, otros dos agentes fallecieron al ser atropellados por un camión en un control de seguridad de Sevilla. Se trata de una reivindicación histórica para corregir la desigualdad de Policía Nacional y Guardia Civil respecto a otros cuerpos policiales del Estado. Tampoco los militares se encuentran dentro de esa calificación.

La legislación actual sí reconoce como profesión de riesgo a agentes de las policías locales y autonómicas, así como a profesionales como bomberos, mineros, artistas, trabajadores ferroviarios o el personal del transporte aéreo. El principal beneficio es la posibilidad de acceder la jubilación antes que otras ocupaciones sin que ello suponga una merma en su asignación económica. Pero esta demanda se ha quedado en papel mojado desde que en 2018 el Gobierno de Rajoy firmase un acuerdo histórico de equiparación salarial, y que los principales sindicatos consiguieran presentar en el Congreso una ILP con más de 500.000 firmas.

El proyecto sigue sin ver la luz, y no es por falta de iniciativas políticas. En la Cámara Baja se han registrado multitud de proposiciones y mociones en los últimos años para intentar desatascar, sin éxito, esta demanda. Justo en este momento, el Congreso de los Diputados mantiene bloqueada desde el pasado mes de julio una proposición de ley que el PP aprobó con mayoría absoluta en el Senado, y que se encuentra congelada en el pozo infinito del trámite de presentación de enmiendas.

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La Mesa de la Cámara Baja, presidida por Francina Armengol, ha solicitado ya 10 ampliaciones del plazo de enmiendas, la última este miércoles 6 de noviembre. Es el destino que suelen correr las apodadas como 'leyes Feijóo' que el PP aprueba en el Senado, donde gozan de mayoría absoluta. Las iniciativas, no obstante, se chocan contra el muro de la mayoría progresista que preside el órgano de gobierno del Congreso, por lo que nunca llegan a ver la luz.

En concreto, la proposición pide incluir a los miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera dentro de los colectivos que gozan de un coeficiente reductor en la edad de jubilación por la peligrosidad de su trabajo, a través de una reforma de la Ley General de la Seguridad Social. El texto fue aprobado por 147 votos a favor (PP, Vox y UPN) y 103 votos en contra, incluyendo al PSOE y a algunos de sus socios parlamentarios. PNV y Junts optaron por la abstención.

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Si se repitiese ese esquema de voto en el Congreso, y nacionalistas vascos o catalanes mantuviesen la abstención, la propuesta vería la luz. El PP quiere presionar para recuperar el debate y tratar de torcer el brazo a la presidenta del Congreso para, al menos, forzar un pleno. La cuestión volvió a ser discutida en el hemiciclo el pasado 16 de octubre, en esta ocasión a través de una proposición no de ley del PP dirigida a mejorar las condiciones de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en comparación con otros cuerpos.

Fue un debate agrio, en que la portavoz del PP, Ana Vázquez; el de Vox, Javier Ortega Smith; y la del PSOE, Andrea Canelo, protagonizaron duros reproches en presencia de distintos sindicatos policiales. La dirigente socialista echó en cara a la bancada popular las promesas incumplidas de los Gobiernos del PP, al tiempo que sacó pecho de las "inversiones millonarias" para mejorar las condiciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por el Ejecutivo de Sánchez. Vox, por su parte, dio su apoyo a cambio de introducir una enmienda para incluir también a la profesión militar dentro de esa calificación.

La iniciativa constaba de cuatro puntos. Todos fueron rechazados por la mayoria parlamentaria que impera en el Congreso, incluida la búsqueda de una equiparación salarial real. Sólo consiguieron salvar uno, precisamente el que instaba al Gobierno a proceder a "las modificaciones legislativas oportunas para aprobar la jubilación voluntaria anticipada" de policías y guardias civiles, que contó con la tímida abstención del PSOE y con el voto a favor de Sumar y Podemos, lo que dejó una pequeña rendija abierta a una reivindicación bloqueada durante años, y que la DANA ha vuelto a poner de actualidad.