La desaparición de Muface elevará las listas de espera de especialista un 266%

"Game over Muface". El presidente de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón, ponía la mortaja al difunto el martes a las 13:20 horas en su cuenta de Linkedin. Justo después de que Adeslas, Asisa y DKV anunciasen su decisión de no participar en el próximo concierto de Muface al no responder la oferta del Gobierno de Pedro Sánchez a las condiciones financieras mínimas de las mutuas para que éstas se hicieran cargo de la sanidad de más de un millón de funcionarios públicos. Es la crónica de una muerte anunciada que supondrá un aumento de las listas de espera para ser atendido por un especialista del 266%, mientras que las quirúrgicas crecerán un 115%.

Son datos de la Cátedra Extraordinaria ‘Salud Sostenible y Responsable’ de la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con la Alianza de la Sanidad Privada (ASPE). Este informe certifica que los perjudicados por la desaparición del modelo no serán solo los funcionarios. La sanidad pública tendría que asumir de golpe y porrazo a 1.072.268 funcionarios (datos oficiales de Muface) que hasta la fecha reciben asistencia sanitaria de entidades privadas mediante esta fórmula de colaboración público-privada.

La asunción de este personal por parte de una Seguridad Social de por sí saturada (121 días de media para ser operado y 94 días para ser atendido por un especialista, según el Ministerio de Sanidad) pondría al límite a la sanidad pública (si no la hace colapsar). En infraestructuras, el sistema público precisaría de 3.975 camas hospitalarias adicionales. Este estudio concreta que, aunque pueda parecer un impacto moderado, algunas provincias tendrían "muy complicado" que el sistema público asuma esta carga: Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, Cádiz, Málaga, Murcia, Alicante, A Coruña, Zaragoza y Granada lo tendrían particularmente difícil.

Consecuencias económicas

De pasar los mutualistas al sistema público de salud, el Estado tendría que asumir un aumento de coste en la prestación sanitaria de "más de 1.000 millones de euros anuales, concretamente de 1.027.598.706 euros". La desaparición de Muface no tendría consecuencias económicas negativas para las aseguradoras, siempre según este informe, que alegan pérdidas de 600 millones anuales en las condiciones actuales del Ejecutivo.

Sí afectará de manera directa a prestadores hospitalarios privados. Según la cátedra de la Complutense, dejarían de ingresar aproximadamente 1.000 millones de euros al año, lo que equivaldría al 8% de la facturación. Se perderían además 2.041 camas en los hospitales privados, "el 5,7% de las camas ofertadas por la sanidad privada a nivel nacional", lo que conllevaría el cierre de hospitales privados en un total de 19 provincias, concentrándose el impacto en Castilla-La Mancha, Castilla y León, y Extremadura.

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En cambio, los cerca de 10 millones de ciudadanos no mutualistas que cuentan con un seguro privado de salud "se beneficiarían automáticamente de la reducción de los tiempos de espera en la sanidad privada, al verse reducida en un 20% la demanda con la desaparición del mutualismo administrativo". Aunque el cierre de hospitales privados reduciría la accesibilidad sanitaria en zonas de la España vaciada.

Óscar López, obligado a negociar

Dice Abarca Cidón que queda "una última moneda". Muface, que depende ahora del Ministerio de Óscar López (Transformación Digital y Función Pública), ha salido rápidamente al paso del comunicado de las aseguradoras para afirmar que "iniciará los trabajos para una nueva licitación". Una nueva oferta que deberá estar sobre la mesa de las mutualidades antes del 31 de diciembre, cuando caduca el concierto actual.

A Óscar López no le queda otra. La situación política obliga al Gobierno de Sánchez a llegar a un acuerdo con las aseguradoras y apagar un incendio masivo con los funcionarios. "La situación política no les permite ponerse en contra a los funcionarios. No pueden sostener este enfrentamiento con el lío de Valencia y los numerosos frentes judiciales que acechan al Gobierno", expone un consejero de una de las compañías que prestan hoy asistencia a Muface.

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CSIF ya ha anunciado movilizaciones para el próximo 11 de noviembre y fuentes del sindicato afirman que guardan la bala de la huelga si el Gobierno no ofrece una solución. Fuentes conocedoras de la situación afirman que todo está en manos "del Ministerio de Hacienda", más allá de la voluntad del propio López. Tanto desde el sector de los hospitales privados como del asegurador no descartan que se firme una prórroga del concierto actual, lo que daría unos meses de oxígeno a Moncloa antes de hacer una nueva propuesta.

Enfado policial

Uno de los sectores que ha puesto el grito en el cielo por la desaparición de Muface es el policial. Los dos principales sindicatos policiales, Jupol y SUP, han contactado al Gobierno para solicitarle intervenir para evitar que decenas de miles de policías se queden sin proveedor sanitario. El secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que tome cartas en el asunto, y ha denunciado el sentimiento de incertidumbre que se extiende "entre los más de 70.000 policías nacionales que ven cómo pueden quedarse sin la prestación sanitaria que venían recibiendo hasta el momento". El SUP, por su parte, denuncia que "miles de policías nacionales se enfrentarán a un incierto panorama con un asunto tan trascendental e importante como es la atención sanitaria".