La 'dos de' García Ortiz recurre el registro y acusa al Supremo de excederse

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha recurrido este martes la decisión del juez de la Sala Penal Ángel Hurtado de ordenar la entrada y registro del despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el marco de la investigación que se sigue contra él por un presunto delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Hurtado ordenó el registro para incautarle todos los dispositivos electrónicos, documentación y requisar sus correos electrónicos desde el pasado marzo. En su escrito, la número dos del fiscal general considera la medida desmesurada, confirman fuentes fiscales.

El escrito indica que no la medida supuso una injerencia que, en su opinión, no es proporcional ni está motivada. Recuerda que en los teléfonos y ordenadores de García Ortiz se conserva información sensible que está vinculada con investigaciones penales abiertas y que no tienen relación alguna con el procedimiento que afecta al fiscal general. También se ha recurrido un segundo auto en el que se ordenaba la entrada y registro en el despacho de la fiscal provincial de Madrid, practicado en paralelo.

La Sala de lo Penal concluyó el pasado 16 de octubre que existen indicios suficientes para investigar a García Ortiz por la filtración de los correos que el abogado de González Amador envió a la Fiscalía para tratar de cerrar un pacto en la causa que se sigue contra él por fraude fiscal. El procedimiento también se centró en un primer momento en la nota de prensa en la que Fiscalía Provincial de Madrid informó sobre las negociaciones que había mantenido con González Amador, pero el alto tribunal descartó que la misma encajara con delito alguno.

Los magistrados apuntaron para ello a que "aparentemente no hay información indebidamente revelada" en este comunicado, pues los datos que contenía ya eran de "conocimiento público". Pese a ello, "de la instrucción de causa practicada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, en concreto, de la declaración del fiscal de Delitos Económicos, que llevaba el asunto, D. Julián Salto Torres, se desprende que horas antes de la nota de prensa, los correos entre el fiscal del caso y el letrado del particular fueron revelados, estando los mismos en poder del fiscal general del Estado y de la fiscal jefa provincial".

El registro busca aclarar esa posible filtración por parte de García Ortiz. El novio de Díaz Ayuso ya había solicitado que, entre las primeras diligencias, se acordara el acceso al correo personal del fiscal general del Estado. Su defensa pedía en concreto que el alto tribunal se dirigiera a Google para obtener "información sobre el posible borrado de correos electrónicos enviados o recibidos (...) desde el 5 de marzo de 2024 hasta la fecha del requerimiento". También extendía esa petición al correo oficial de la también investigada fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y al de una cuenta conjunta de la Jefatura de esta comunidad.

La defensa de González Amador presentó este escrito el pasado 17 de julio, apenas dos días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid enviara la causa al Supremo al considerar que existían indicios contra el fiscal general. El novio de Díaz Ayuso ponía el foco en los correos electrónicos para investigar "la transmisión por Pilar Rodríguez a Álvaro García Ortiz de los documentos y soportes de las comunicaciones" que su abogado mantuvo con la Fiscalía. Según defendía, el acceso a determinados mensajes permitiría aclarar "su contenido y su posible revelación posterior a terceros".

Malestar

Como informó este diario, en los últimos días, y ante la evidencia del arranque formal de las diligencias previas en las que estará representada la propia Fiscalía, voces críticas ya habían mostrado su asombro porque la encargada de fijar el criterio en el caso sea la teniente fiscal Sánchez Conde. La entrada y registro en el despacho del fiscal general, ordenada y practicada el pasado jueves, y la incautación de sus dispositivos para analizar sus comunicaciones desde el pasado marzo, ha avivado más aún la indignación de una parte considerable de la Fiscalía.

Hasta el momento, Sánchez Conde ha llevado las riendas en la fase previa a la apertura de la causa sobre revelación de secretos del novio de Ayuso. Persona de la total confianza de García Ortiz, fue designada para su actual responsabilidad en enero de 2022 a propuesta de la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado. El fiscal general ha confiado en ella en momentos especialmente sensibles, como las discrepancias sobre el caso Tsunami y la pertinencia de investigar a Carles Puigdemont por un delito de terrorismo.