La Guardia Civil remite al Juzgado las primeras diligencias sobre los incidentes de Paiporta

La Guardia Civil ya ha remitido al Juzgado unas diligencias previas sobre los incidentes acaecidos este domingo durante la visita de las autoridades a la localidad valenciana de Paiporta, uno de los lugares más afectados por la DANA. Según informan a El Confidencial fuentes de la investigación, el Instituto Armado ha mandado sus primeras conclusiones al Juzgado de instrucción número 3 de Torrent que se encuentra en funciones de guardia.

Este domingo, una turba de personas protagonizó una algarada en la que se lanzó barró barro y se profirieron insultos graves a los reyes de España, Felipe y Letizia; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Marzón. Algunos de los presentes agredieron con lanzamientos a las autoridades. Sánchez fue evacuado por su servicio de seguridad tras el lanzamiento de un palo. También fueron atacados los coches de la comitiva. Se vivieron momento de tensión sin precedentes.

El presidente del Gobierno atribuyó los hechos a “violentos marginales”. Horas después, desde el PSOE difundieron un documento apócrifo de origen y autoría desconocido en el que afirman que los incidentes no estuvieron motivados únicamente por el descontento por la gestión institucional de la crisis, sino que es “obra de la extrema derecha y grupo ultras que movilización su maquinaria para intentar destruir a un Gobierno elegido legítimamente". Este lunes, desde el Gobierno y el partido ya han asumido esa tesis y vinculan los incidentes a la extrema derecha organizada.

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C. Rocha A. Requeijo

El Juzgado de Torrent es el órgano competente para estudiar los hechos porque en Paiporta no hay juzgados de instrucción, solo el juzgado de paz, explica el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. A través de un comunicado, este organismo ha anunciado su propuesta al Consejo General del Poder Judicial de nombrar tres jueces de refuerzo para los juzgados de Torrent, Requena y Catarroja ante la carga trabajo que se espera para los próximos meses.

Fuentes consultadas citan como precedente el caso del menor de edad que propinó un puñetazo en 2015 al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mientras daba un paseo en Pontevedra. Con la excusa de hacerse una foto, le golpeó en la cara. En el momento de los hechos, tenía 17 años y un Juzgado de Menores le condenó a dos años de internamiento por un delito de atentado a la autoridad recogido en el artículo 550.3 del Código Penal.

Este artículo, para los mayores de edad, contempla penas de cárcel que van desde uno a seis años cuando el atentado fuera contra un miembro del Gobierno, de ejecutivos autonómicos, diputados o senadores o parlamentarios autonómicos. También si es contra un miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, un juez o un fiscal.