El 'tasazo' de basuras, recibo a recibo: anual y según el catastro o el consumo de agua

La futura tasa de basuras, que entrará en vigor el próximo mes de abril, es el nuevo IBI. Ayuntamientos de toda España encajan a regañadientes el tributo con fórmulas dispares, aunque la mayoría se asemeja al Impuesto de Bienes Inmuebles. El recibo será anual y el pago, en muchos casos, se calculará en función del valor catastral de la vivienda, el número de empadronados o el consumo de agua. Es decir, que el gravamen implantado por el Gobierno de Pedro Sánchez —tras una directiva de la Unión Europea— penalizará a los barrios más ricos o las familias numerosas. El PP y Vox lo han situado en la diana.

Los municipios han articulado el tributo sin ninguna coordinación o unidad de criterio. La Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, no dice nada de cómo ha de ser, con el único requisito de que sea "no deficitario" y a partir de 2025. "(...) Las entidades locales establecerán, en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta ley, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos", dice el texto.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) advierte ya de los problemas del impuesto. En primer lugar, porque presuntamente vulnera el principio de autonomía local. Y segundo, por la descoordinación e inseguridad jurídica que provoca, que puede derivar en un aluvión de recursos en los tribunales difícilmente abordable, ya que cada ayuntamiento lo ha dispuesto de una forma y los tribunales deberán estudiar caso a caso. La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local también ha avisado del "caos" que se avecina.

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La FEMP, que aporta varios ejemplos, estima que el recibo estará en torno a 170 euros al año. La fórmula más repetida es la de aplicar el gravamen según el valor catastral de la vivienda, aunque hay otras herramientas. Madrid (3.339.931 habitantes), como informó este periódico, ha establecido una parte fija, que supone el 81% y se corresponde con el catastro, y otra variable, del 19%, relativa a la generación de residuos en cada caso. La media, según sus cálculos, es de 140 euros, aunque en determinados supuestos puede superar los 300 euros. La capital, que ha criticado la "voracidad" recaudatoria del Ejecutivo de Sánchez, espera ingresar 256 millones de euros por el tributo.

En Valladolid (301.872) varía en función de la superficie de la vivienda y el número de personas empadronadas. La cuota prevé una parte fija, que se genera por la prestación del servicio por el Ayuntamiento, y una variable por el tamaño y los residentes. El recibo medio, detallan, será de 70,87 euros, aunque podría bajar hasta los 50 euros por las distintas bonificaciones, contempladas también por Madrid y el resto de administraciones. Para los locales en la ciudad castellana, las cuotas se establecerán según la actividad económica en el local y su superficie.

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En Málaga (586.384 habitantes), sin embargo, se calculará por el consumo de agua. La prestación por recogida, transporte y tratamiento de residuos en las viviendas tendrá una tarifa fija de 93,61 euros al año (sin IVA) y otra variable, basada en el recibo del agua. El Ayuntamiento asegura que nadie pagará más de 224 euros al año, con reducciones de hasta un 17% acumulado por domiciliación. En Sant Antoni de Portmany (27.431), en las Islas Baleares, el ayuntamiento aplicará un incremento del 35% al impuesto actual sobre la generación de basuras. El pago será de 187 euros, 50 más que ahora por la recogida de los residuos.

El IBI sirve como ejemplo y base para la futura tasa. Oviedo (223.934) ya ha aprobado las nuevas ordenanzas fiscales y establece un incremento del 7% del IBI general “transitorio y temporal”, que pasa del 0,54 al 0,58, y subidas del 80% sobre el canon de recogida de residuos y del 10% en el suministro de agua potable. Valdemoro (74.745), en la Comunidad de Madrid, también apuesta por el valor catastral de las viviendas, con un gravamen en tres tramos. El primero, hasta los 100.000 euros, prevé una tasa de 79,5 euros al semestre; para el segundo, hasta 200.000 euros, de 87,5 euros; y para el tercero, superior a 200.000 euros, de 92,5.

Reacciones políticas

El PP ha puesto en marcha una ofensiva parlamentaria para cancelar la tasa de basuras, rebautizada como "sanchazo" en Génova. El partido presenta mociones en el Congreso, el Senado y los distintos ayuntamientos para solicitar al Gobierno la derogación de la medida, que a su juicio supone un "ataque a los bolsillos de los ciudadanos”. La formación, que en territorios como la Comunidad de Madrid trabaja ya en bajadas de impuestos para equilibrar el tributo, asegura que la directiva de residuos de la UE no obligaba la implantación del impuesto, sino que daba "otras alternativas como las inversiones en infraestructuras".

Vox mantiene la misma línea crítica contra el Gobierno de Sánchez, pero en su caso abre una batalla paralela que tiene que ver con su particular pulso con el PP. El grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid recuerda que solicitó al Ejecutivo autonómico que sufragase parte del gasto a las mancomunidades, pero no se hizo. La nueva portavoz, Isabel Pérez Moñino, arremetió la semana pasada contra el "nuevo IBI" y acusó a los populares de pactar esta medida con el PSOE en Bruselas.