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Fiscales críticos piden apartar a la 'dos' del fiscal general del caso contra García Ortiz
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"Sería como tener dos abogados defensores"

Fiscales críticos piden apartar a la 'dos' del fiscal general del caso contra García Ortiz

La encargada de fijar el criterio en el caso es la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, mano derecha y subordinada directa del imputado

Foto: Registro en la Fiscalía General del Estado. (Europa Press/A. Pérez Meca)
Registro en la Fiscalía General del Estado. (Europa Press/A. Pérez Meca)
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El procedimiento abierto por el Tribunal Supremo en contra del fiscal general del Estado ha dado esta semana un salto mientras, en el seno del Ministerio Público, continúa rumiándose el malestar por la decisión de Álvaro García Ortiz de mantenerse al frente del órgano a pesar de su situación. En los últimos días, y ante la evidencia del arranque formal de las diligencias previas en las que estará representada la propia Fiscalía, voces críticas ya habían mostrado su asombro porque la encargada de fijar el criterio en el caso sea la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde. La entrada y registro en el despacho del fiscal general, ordenada y practicada este jueves, y la incautación de sus dispositivos para analizar sus comunicaciones desde el pasado marzo, ha avivado más aún la indignación de una parte considerable de la Fiscalía.

"Sería como tener dos abogados defensores", asegura un fiscal consultado. "Es intolerable que se ocupe ella", asegura otro. Hasta el momento, Sánchez Conde ha llevado las riendas en la fase previa a la apertura de la causa sobre revelación de secretos del novio de Ayuso. Persona de la total confianza de García Ortiz, fue designada para su actual responsabilidad en enero de 2022 a propuesta de la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado. El fiscal general ha confiado en ella en momentos especialmente sensibles, como las discrepancias sobre el caso Tsunami y la pertinencia de investigar a Carles Puigdemont por un delito de terrorismo.

Fue la teniente fiscal la que firmó el informe en el que se oponía, antes de que el Supremo decidiera, a que se abriera la investigación. A finales del pasado septiembre, emitió un escrito en el que solicitaba el archivo de la causa. Concluía por entonces que no hubo delito de revelación y apuntaba directamente a Ayuso y su entorno, al aseverar que los únicos indicios de filtración de documentos partieron del entorno del novio de la presidenta madrileña, sin que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid los investigara.

Foto: El fiscal general en una toma de posesión. (Juanma Serrano/Europa Press)

En términos muy duros, cargaba, además, contra distintos medios que publicaron informaciones previas a la nota de prensa emitida desde la Fiscalía. Sánchez Conde indicaba que difundieron "bulos" o que "faltaron clamorosamente a la verdad". Dijo también que esas "falsedades" provocaron que fuera "imprescindible" que el Ministerio Público saliera a concretar las cosas a través de una nota de prensa.

Incautación de dispositivos

Por entonces, parecía que el comunicado centraría la instrucción, pero el auto del Supremo cambió las cosas. El alto tribunal se centra en la filtración previa de los correos reservados entre la defensa del empresario Alberto González Amador y el fiscal del caso en los que se trataba la posibilidad de alcanzar un acuerdo de conformidad. El TS considera que hay indicios de que García Ortiz filtró esos emails a la prensa horas antes de que se publicara la nota de prensa.

Este mismo miércoles, el instructor Ángel Luis Hurtado ordenó a la Guardia Civil la incautación de los dispositivos electrónicos de García Ortiz mediante la entrada y registro de su despacho. La acusación particular que ejercer la pareja de Ayuso había solicitado que se revisara su ordenador personal y su teléfono móvil para comprobar si envió las comunicaciones secretas que horas antes había reclamado tener.

El procedimiento abierto por el Tribunal Supremo en contra del fiscal general del Estado ha dado esta semana un salto mientras, en el seno del Ministerio Público, continúa rumiándose el malestar por la decisión de Álvaro García Ortiz de mantenerse al frente del órgano a pesar de su situación. En los últimos días, y ante la evidencia del arranque formal de las diligencias previas en las que estará representada la propia Fiscalía, voces críticas ya habían mostrado su asombro porque la encargada de fijar el criterio en el caso sea la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde. La entrada y registro en el despacho del fiscal general, ordenada y practicada este jueves, y la incautación de sus dispositivos para analizar sus comunicaciones desde el pasado marzo, ha avivado más aún la indignación de una parte considerable de la Fiscalía.

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