Hablan los ingenieros que denunciaron el intrusismo de Begoña Gómez por el 'software': "No tiene carrera"

Corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional. De todos los delitos que se le imputan a Begoña Gómez, este último es sobre el que menos tinta se ha vertido. Los ingenieros técnicos de informática que motivaron esta ampliación de la denuncia por parte de la acusación popular de Hazte Oír señalan en conversación con El Confidencial que es un "clamor" que la mujer del presidente habría cometido un "delito de intrusismo" al firmar los pliegos de prescripciones técnicas de un software, algo para lo que carece de formación.

La persona al frente de este colectivo, que prefiere mantener el anonimato en previsión de ser llamado a testificar por el juez de instrucción Juan Carlos Peinado, alega que los pliegos de prescripciones técnicas de un software los debe firmar un "técnico", y en ningún caso alguien que "no tiene carrera", como la mujer de Pedro Sánchez. Begoña Gómez cuenta con un título en Marketing y Administración de Empresas que no es oficial ni está homologado.

Pese a no tener la formación técnica pertinente, Begoña Gómez firmó la licitación del software que previamente habían desarrollado para ella sin coste alguno Indra, Google y Telefónica. La misión del adjudicatario, Deloitte, era concluir el proyecto. La Universidad Complutense de Madrid pagó 60.500 euros por esta plataforma tecnológica que registró a su nombre la mujer del presidente, como avanzó El Confidencial.

Su nivel académico no es el único motivo por el que acusan de intrusismo a Begoña Gómez. Apuntan que el pliego de prescripciones técnicas excluye del mismo a los profesionales de ingeniería técnica informática, sustituyéndolos por titulados que carecen por completo de competencias en la materia. "Pone de director de proyecto a un economista. Es un contrato nulo de pleno derecho", aseveran, en virtud del artículo 39.2.a de la Ley de Contratos del Sector Público (manifiesta falta de habilitación profesional y capacidad de obrar de la empresa licitadora).

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"Cuando vi los pliegos no di crédito. Es que Begoña Gómez ni siquiera pertenece a la Universidad Complutense, es externa a la entidad, y la licitación pertenece al Rectorado, del que no forma parte". Estas fuentes indican que de ser condenada, la esposa del presidente se enfrentaría a una multa tipificada en el Código Penal.

Software gratis, "un caso inédito"

Para estos profesionales, uno de los aspectos más llamativos es la concesión gratuita del software de tres multinacionales a Begoña Gómez. "Jamás en mi carrera profesional vi nada semejante. Es un caso inédito", asevera el portavoz.

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Consideran que una de las claves de este caso, en manos de la Justicia, es el proyecto técnico del software, cuyo paradero desconoce hasta la propia Complutense. "En el proyecto técnico vienen descritas las funciones de la plataforma. Si estuviera planteado para ayudar a acceder a fondos públicos a los clientes del software de Gómez estaríamos ante un escándalo notable", añade.

Los argumentos de Peinado

El juez de instrucción admitió ampliar la investigación contra Begoña Gómez tras incluir Hazte Oír en su querella argumentos de los ingenieros técnicos informáticos. Unas razones que han convencido a Peinado: "Se recogen unas características de prestaciones, experiencia y requisitos profesionales para el potencial adjudicatario que la querellada no ha acreditado disponer de conocimientos ni facultades para estar cualificada técnicamente al objeto de conocer científicamente las citadas necesidades exigidas a los licitadores", manifiesta el magistrado.

Por otra parte, Peinado destaca que el papel de codirectora del máster de Gómez no incluye "expresamente" la elaboración de un pliego de condiciones de contratación, por lo que concluye que "en principio" carecía de "la condición de autoridad o funcionario" para ello. El juez considera que los hechos podrían encajar con el delito de intrusismo profesional del artículo 402 del Código Penal: "El que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años".