"Vergüenza": los fiscales claman contra la continuidad de su jefe, Álvaro García Ortiz

A las diez de la mañana de este miércoles 30 de octubre se produjo otro hecho sin precedentes relacionado con la Fiscalía General del Estado. Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil accedían a la sede central del Ministerio Público en Madrid. No lo hacían para dar cuenta de sus investigaciones. Se dirigían a registrar el despacho del máximo responsable de la Fiscalía por orden del Tribunal Supremo. La orden: incautar todo su material informático o telemático, copiar el contenido de teléfonos móviles, ordenadores o tablets, rastrear las comunicaciones que ha mantenido desde el 8 de marzo hasta la actualidad y evitar una posible destrucción de pruebas. El motivo: comprobar si reveló secretos. La decisión ha enardecido a aquellos fiscales que exigieron desde un inicio la dimisión de Álvaro García Ortiz. "Es una vergüenza", asegura uno de ellos en conversación con El Confidencial.

El malestar por la continuidad de García Ortiz en su puesto fue inmediato desde el mismo momento en el que se conoció la decisión del Tribunal Supremo de abrir causa en su contra y sus motivos para hacerlo. Aquel fue el primer hecho sin precedentes. Tanto entonces como ahora, el TS ha dejado claro que sospecha que fue García Ortiz quien, el pasado mes de marzo, envió (u ordenó enviar) a distintos medios de comunicación correos electrónicos privados sobre negociaciones privadas y reservadas que mantenía por entonces el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso.

La fecha clave es el 13 de marzo. En aquella jornada, ya por la noche, el fiscal a cargo del caso del novio de la presidenta madrileña recibió una llamada de la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez Fernández, también imputada, en la que se le comunicaba que el fiscal general pedía "una dación en cuenta urgente de todos los correos intercambiados" y le exigió que se los enviara. Poco después, ese mismo día, esos correos que ya estaban en poder de García Ortiz fueron publicados. La decisión adoptada ahora por el Supremo persigue comprobar estas sospechas e impedir que el reenvío de esos emails quede borrado en caso de haberse producido. Que se detecte material eliminado no sería tampoco buena noticia para el fiscal general imputado.

Precisamente por eso, la orden de entrar y registrar se adoptó por sorpresa y después de que el instructor Ángel Hurtado decretara el secreto de las actuaciones. Los agentes permanecieron varias horas en el edificio, hasta bien entrada la noche. Entre sus órdenes se incluían varias instrucciones dirigidas a prevenir la eliminación intencionada de información y otras destinadas a tratar de recuperar cualquier posible dato borrado. Clonaron varios ordenadores, dos teléfonos móviles y un iPad, además de incautar documentación física.

Por sorpresa y en secreto para evitar un borrado

La imagen de las Fuerzas de Seguridad desplegadas en el mismo corazón de la Fiscalía General carga de motivos a todos aquellos que o bien le exigieron, o bien le rogaron que se marchara para evitar que su situación personal se traduzca en un descrédito para la institución que ya se ve "irreparable". Una de las fuentes consultadas señala que "no hay marcha atrás" y que este golpe será definitivo para un órgano que ya arrastra el sambenito de la politización y al que le costará años recuperarse de la actual situación.

Otra fuente se refiere también a la carga política que se deduce de la revelación de secretos. Considera que no es casual que la publicación de esos correos en los que se buscaba una conformidad para evitar el riesgo de entrada en prisión fueran precisamente los de la pareja de una de las principales rivales del Gobierno, responsable de la designación de García Ortiz. "Solo querían ganar el relato", indica.

TE PUEDE INTERESAR

La UCO tiene orden de incautar los móviles y ordenadores de García Ortiz y copiar su contenido

José María Olmo Alejandro Requeijo

En los días pasados sorprendía, además, en este sector la coincidencia de argumentos que se escuchaba lanzar a los miembros del Ejecutivo y al propio fiscal general. En resumen, tanto unos como otros aseguraban que solo se persiguió que se conociera la verdad para evitar "bulos" que se agitaban desde la Puerta del Sol. Ahora, el registro ha caído como un mazazo. "Será muy difícil volver a pegar los trozos rotos", dice, en la misma línea, otra fuente.

Lo peor -dicen algunos- es que el registro, con toda su carga simbólica, no es el final sino el principio. Tras la incautación vendrá el análisis de todo el material aprehendido y, a la vista del resultado, el Supremo (que ya ha dejado más que demostrado que no piensa andarse con chiquitas) adoptará otras decisiones que seguirán sumando un coste reputacional al jefe y a la institución. Una agonía larga y dolorosa.