El Supremo ordena la entrada y registro del despacho del fiscal general del Estado
La Sala de lo Penal concluyó este mes que existen indicios suficientes para investigarle por la filtración de los correos que el abogado del novio de Díaz Ayuso envió a la Fiscalía
El Tribunal Supremo ha ordenado la entrada y registro del despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el marco de la investigación que se sigue contra él por un presunto delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Fuentes jurídicas avanzan que el magistrado Ángel Luis Hurtado ha ordenado este registro para incautarle una serie de dispositivos electrónicos y ha decretado el secreto de las actuaciones durante un mes. "Resulta necesario (...) en tanto en cuanto no se haya recabado toda la información documental", sostiene el magistrado en un auto al que ha tenido acceso El Confidencial.
La Sala de lo Penal concluyó el pasado 16 de octubre que existen indicios suficientes para investigar a García Ortiz por la filtración de los correos que el abogado de González Amador envió a la Fiscalía para tratar de cerrar un pacto en la causa que se sigue contra él por fraude fiscal. El procedimiento también se centró en un primer momento en la nota de prensa en la que Fiscalía Provincial de Madrid informó sobre las negociaciones que había mantenido con González Amador, pero el alto tribunal descartó que la misma encajara con delito alguno.
Los magistrados apuntaron para ello a que "aparentemente no hay información indebidamente revelada" en este comunicado, pues los datos que contenía ya eran de "conocimiento público". Pese a ello, "de la instrucción de causa practicada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, en concreto, de la declaración del fiscal de Delitos Económicos, que llevaba el asunto, D. Julián Salto Torres, se desprende que horas antes de la nota de prensa, los correos entre el fiscal del caso y el letrado del particular fueron revelados, estando los mismos en poder del fiscal general del Estado y de la fiscal jefa provincial".
El registro busca aclarar esa posible filtración por parte de García Ortiz. El novio de Díaz Ayuso ya había solicitado que, entre las primeras diligencias, se acordara el acceso al correo personal del fiscal general del Estado. Su defensa pedía en concreto que el alto tribunal se dirigiera a Google para obtener "información sobre el posible borrado de correos electrónicos enviados o recibidos (...) desde el 5 de marzo de 2024 hasta la fecha del requerimiento". También extendía esa petición al correo oficial de la también investigada fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y al de una cuenta conjunta de la Jefatura de esta comunidad.
La defensa de González Amador presentó este escrito el pasado 17 de julio, apenas dos días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid enviara la causa al Supremo al considerar que existían indicios contra el fiscal general. El novio de Díaz Ayuso ponía el foco en los correos electrónicos para investigar "la transmisión por Pilar Rodríguez a Álvaro García Ortiz de los documentos y soportes de las comunicaciones" que su abogado mantuvo con la Fiscalía. Según defendía, el acceso a determinados mensajes permitiría aclarar "su contenido y su posible revelación posterior a terceros".
García Ortiz debe nombrar abogado
Antes de ordenar el registro y decretar el secreto de las actuaciones durante un mes, el magistrado del Supremo que se ha hecho cargo del caso, Ángel Luis Hurtado, también ha emplazado al fiscal general del Estado a designar abogado en el plazo de cinco días para no generarle indefensión en la causa. En una resolución notificada esta misma mañana, el instructor ha explicado que la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, "está representada por la Abogacía del Estado", pero por ahora "no consta representación alguna por parte de Álvaro García Ortiz".
El magistrado también ha dado traslado a las acusaciones populares que se han personado en la causa para que se pronuncien sobre su posible agrupamiento bajo una sola representación. Estas acusaciones son la Fundación Foro Libertad y Alternativa,el Sindicato colectivo de funcionarios Manos Limpias, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Tanto la APIF como la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria de la carrera, ya pidieron la dimisión de García Ortiz tras su imputación, pero él descartó dar ese paso. "En el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como fiscal general del Estado", defendió a través de un comunicado.
Nada más conocerse la noticia de este miércoles, la AF ha vuelto a exigirle que abandone el cargo: “La lamentable situación que estamos atravesando va a salpicar a todos los fiscales de España”, ha advertido su presidenta, Cristina Dexeus. “Denigra la imagen de la institución y pone en tela de juicio nuestra profesionalidad".
El Tribunal Supremo ha ordenado la entrada y registro del despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el marco de la investigación que se sigue contra él por un presunto delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Fuentes jurídicas avanzan que el magistrado Ángel Luis Hurtado ha ordenado este registro para incautarle una serie de dispositivos electrónicos y ha decretado el secreto de las actuaciones durante un mes. "Resulta necesario (...) en tanto en cuanto no se haya recabado toda la información documental", sostiene el magistrado en un auto al que ha tenido acceso El Confidencial.
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