El juez imputa a Begoña Gómez por apropiación indebida por quedarse con el 'software' de la Complutense

El juez Juan Carlos Peinado ha imputado a Begoña Gómez un delito de apropiación indebida y otro de intrusismo profesional por quedarse con el software que se desarrolló para su máster en la Universidad Complutense de Madrid. El magistrado suma así una nueva línea de investigación contra la mujer de Pedro Sánchez —a la que también se investiga por tráfico de influencias y corrupción en los negocios— y la cita el 18 de noviembre para darle traslado de la nueva querella, tras lo que volverá a tomarle declaración como imputada.

Como desveló El Confidencial, Begoña Gómez pidió a directivos de Indra, Telefónica y Google que le hicieran gratis este software para su Máster de Transformación Social Competitiva. Según datos proporcionados por las compañías, los trabajos les supusieron un coste de al menos 150.000 euros, pero ni Gómez, ni el máster, ni la universidad les abonaron cantidad alguna. La mujer de Sánchez registró después la aplicación informática en la Oficina Española de Patentes y además controla el 100% de las acciones de una empresa que lo ofrece. La Complutense ya avisó en un informe del pasado julio que esa empresa se constituyó sin su "conocimiento ni participación".

Tras la publicación de estas exclusivas en El Confidencial, la asociación Hazte Oír presentó una querella para que se imputara a la mujer del presidente por los delitos de apropiación indebida, intrusismo, administración desleal y malversación de fondos públicos. Peinado rechaza que estos dos últimos encajen con los indicios recopilados hasta el momento, pero admite la querella respecto a los dos primeros.

El juez apunta para ello a que los hechos encajarían "evidentemente" con una apropiación indebida: "Se podría inferir, a priori, que la querellada, vinculada como codirectora de la cátedra de Trasformación Social Competitiva a la Universidad Complutense de Madrid, habría inscrito a su favor, como titular de la entidad Mercantil Trasforma TSC SL, la marca TSC Transformación Social Competitiva y posteriormente el software de la Cátedra Trasformación Social Competitiva, que había sido financiado por empresas, pero SIEMPRE PARA la Universidad Complutense de Madrid". Las mayúsculas son del propio Peinado.

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El juez atiende además la petición de Hazte Oír de dirigirse a Indra, Telefónica y Google "para que informen de las cantidades invertidas en la ideación, diseño y puesta de su funcionamiento o mantenimiento del software, (...) así como deducciones fiscales que hubieren realizado por las mismas". También acuerda dirigirse a una fundación impulsada por Manpower Group que colaboró con la cátedra para que facilite toda la información al respecto y, en concreto, la relacionada con esta aplicación informática. Peinado extiende esa solicitud de datos a Arsys Internet, que se encargó del "registro o contratación del dominio" desde el que Begoña Gómez ofrecía el software.

El delito de intrusismo

En cuanto al delito de intrusismo, la querella de Hazte Oír ponía el foco en que Gómez se encargó de redactar los pliegos de prescripciones técnicas para la elaboración del software, así como del posterior servicio de asistencia y asesoría tecnológica para la creación de una plataforma de gestión. "Se recogen unas características de prestaciones, experiencia y requisitos profesionales para el potencial adjudicatario que la querellada no ha acreditado disponer de conocimientos ni facultades para estar cualificada técnicamente al objeto de conocer científicamente las citadas necesidades exigidas a los licitadores", advierte el juez.

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Según destaca Peinado, su papel como codirectora del máster no incluía "expresamente" la elaboración de dicho pliego de condiciones, lo que le lleva a concluir que "en principio" carecía de "la condición de autoridad o funcionario" para ello. Partiendo de esa base, el juez considera que los hechos podrían encajar con el delito de intrusismo profesional del artículo 402 del Código Penal: "El que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años", establece el mismo.

Peinado cuenta con el aval de la Audiencia

En un primer momento, el decanato de los juzgados de Madrid remitió la querella de Hazte Oír al Juzgado número 48, pero este se inhibió a su vez al que dirige Peinado, el número 41, por la causa que ya tenía abierta contra Gómez por los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. En un intento de evitar que el juez sumara esta nueva línea de investigación, la Fiscalía recurrió el auto del juzgado número 48 y solicitó que la querella recayera en un juzgado distinto, pero la Audiencia Provincial rechazó sus argumentos en una resolución que notificó el pasado 24 de septiembre.

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Los magistrados destacaban para ello que en la causa que instruye Peinado ya se "han practicado diligencias destinadas a investigar los hechos relativos al Máster en Transformación Social Competitiva, vinculado a la Universidad Complutense de Madrid, del que era codirectora Begoña Gómez Fernández". Teniendo en cuenta que la querella de Hazte Oír apunta a que la mujer del presidente "se habría apropiado" del software que se desarrolló para este máster con una "solicitud de marca nacional", los magistrados concluyeron que "existe la conexidad apreciada" para que esta nueva línea de investigación también quede en manos del juez Peinado.