La Seguridad Social al borde del colapso y Elma Saiz "no responde": "Peligran algunas prestaciones"

La Seguridad Social no da abasto. Los funcionarios que trabajan en esta institución gestionan cada mes 10.000 millones de euros, y lo hacen con una estructura de más de 30 años de antigüedad y una plantilla envejecida y cada vez más escasa. La situación es límite. El Confidencial ha podido confirmar que el 80% de los subdirectores provinciales Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) planean ya movilizaciones, paros parciales e ir a la huelga para que se atiendan sus demandas en cuanto a recursos humanos: "A largo plazo peligran algunas prestaciones si no se toman medidas".

El hartazgo con la ministra al frente de este departamento, Elma Saiz, es más que notable. Y es que ni ella ni su secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, han respondido a las múltiples misivas que este colectivo (200 subdirectores y secretarios provinciales del INSS) les ha hecho llegar solicitando una reunión para abordar un problema del que dependen las pensiones de todos los españoles (además del resto de prestaciones sociales). "En mayo de 2023 mandamos el primer escrito al equipo de la ministra. Con posterioridad, hemos enviado otros. Ni siquiera se han dignado a respondernos", explica uno de estos directivos.

El colapso tiene una explicación sencilla (aunque la solución resulte compleja). Se mantiene la misma relación de plantilla que hace 30 años, una cifra insuficiente para atender a la cantidad de prestaciones actuales: 10 millones de pensiones y 3 millones de solicitudes de ingreso mínimo vital (más del 35% de los Presupuestos Generales del Estado). Esta plantilla se ha visto más reducida todavía en los últimos años por las jubilaciones del personal.

Con el exministro encargado de esta cartera, José Luis Escrivá, se negoció la entrada de una cifra de interinos como refuerzo, un recurso que ha resultado "insuficiente". No solo no llegaron suficientes interinos, sino que entraron con escasa formación, como denuncian directivos del INSS. "Nos los mandan desde el Inem tras haber hecho un curso online de 10 horas. Una formación muy insuficiente. Un ciudadano puede preguntar sobre una pensión de orfandad, viudedad, ingreso mínimo vital… Cuesta mucho tiempo formar a una persona sobre estos temas y a veces se marchan a los pocos meses de entrar. No está siendo una solución", denuncian desde el colectivo.

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Otro de los aspectos que tiene contra las cuerdas a los recursos humanos de la Seguridad Social son los cambios "colosales" a nivel "normativo, procedimental y organizativo" que han supuesto la aprobación de prestaciones como el ingreso mínimo vital; el complemento de la brecha de género y maternidad; los continuos cambios normativos en la pensión de jubilación; el control de las bajas médicas y la valoración de las incapacidades, así como en la organización del trabajo derivado de la deslocalización en el trámite de las prestaciones y la ampliación de los canales de atención al ciudadano.

"Hay que pasar a la acción"

"La gente no quiere más escritos ni recomendaciones, quieren pasar a la acción", afirma un portavoz de los directivos del INSS. "Dar un servicio de calidad con esta estructura, con estas plantillas escasas y envejecidas, se hace prácticamente imposible". Reconocen que hay provincias donde el reconocimiento de las pensiones se está retrasando mucho: "¿Es lícito que un pensionista presente una solicitud y le contestemos en 6, 8 o 10 meses después? No". Admiten que a "la larga podríamos hablar de un colapso en determinadas materias, como el ingreso mínimo vital".

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Los principales perjudicados por esta situación son los ciudadanos. Prueba de ello es que, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el ingreso mínimo vital (IMV) solo está llegando a una de cada tres familias que podrían beneficiarse de él.

"Nos duele mucho llegar a este punto de denuncia pública. Somos técnicos, no políticos. Pero ha surgido de manera espontánea y del boca a boca, porque veíamos las cargas de trabajo que tenemos. Los tiempos de respuesta se nos están disparando; tenemos miles de escritos pendientes, de solicitudes de revisiones de pensiones sin atender... Y en esta situación, la ministra ni siquiera nos da una contestación", concluyen.