El Ibex se apoya en Junts para frenar la política económica más "lesiva" del Gobierno

Todo en la política española pivota en torno a Carles Puigdemont. Y ahora también el Ibex se mueve para ganarse los siete votos decisivos de Junts en el Congreso con los que hacer frente a las medidas económicas del Gobierno más "lesivas" para la gran empresa. Fuentes políticas y empresariales confirman a El Confidencial que en las últimas semanas se han producido diversos contactos entre algunas de las empresas más importantes del sector energético con el partido de Puigdemont para bloquear el impuesto extraordinario a los beneficios que el Gobierno quiere establecer de manera permanente. Los puentes se vienen restableciendo lenta y discretamente desde hace meses, con reuniones al más alto nivel, en Barcelona y en Madrid. De pronto, el nacionalismo catalán vuelve a ser un socio estratégico para el poder económico.

Ha sido Repsol, la compañía capitaneada por Antoni Brufau y Josu Jon Imaz, la que ha roto en público este nuevo molde empresarial con Junts, un partido que afronta este fin de semana su congreso de renovación con Puigdemont otra vez al frente y el deseo inconfesado de volver a ser determinante en la arquitectura política y económica de España. Pero Repsol no es la única. Otras grandes empresas han restablecido los contactos, mientras que la relación entre la dirección posconvergente y la patronal catalana se ha normalizado tras los años duros del procés. "Hablamos con Foment de todos los temas cada día, siempre velando por los intereses de Cataluña", afirman los independentistas, centrados en recuperar su condición de "partido útil".

Es en este preciso contexto cuando el Ibex ha empezado a bascular hacia Junts para intentar neutralizar en el Congreso las medidas más "lesivas" e "ideológicas" del Gobierno de Pedro Sánchez, empezando por el impuesto a las energéticas que planea sobre otras importantes empresas catalanas como Naturgy. "No vamos a permitir que pongan en riesgo las inversiones en Cataluña”, aseguran fuentes de la dirección de Junts en la Cámara Baja después de que Repsol haya anunciado que peligra su inversión en la refinería de Tarragona de unos 1.000 millones, si finalmente se perpetúa el gravamen que el Gobierno introdujo a finales de 2022 para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, y que ha permitido al Estado recaudar 2.900 millones extraordinarios, procedentes también del sector de la banca.

TE PUEDE INTERESAR

Las energéticas amenazan con congelar sus inversiones verdes si se prolonga el 'impuestazo'

Alberto Sanz

Imaz, presidente de Repsol y expresidente del PNV (2004-2008), movió ayer ficha de manera decidida en Cataluña para buscar el apoyo de Junts ante la actitud de sus excompañeros de partido. Los nacionalistas vascos, igualmente decisivos en la negociación, se han mostrado más proclives a pactar el impuesto a las energéticas, aunque siempre que esté condicionado y concertado con las haciendas vascas. Un margen de actuación que beneficiaría en su caso a Iberdrola (y en su caso a las inversiones de Petronor, filial de Repsol). Junts ataca en privado esa desigualdad y se declara en rebeldía, dejando claro que harán sudar al Gobierno. Aunque se muestran cautos sobre cómo "acabará" la tramitación. Todo está abierto, pero todo se decidirá en su mesa.

Imaz publicó ayer un artículo en La Vanguardia, el Diari de Tarragona y El Correo, titulado "Industria o populismo", en el que criticó con dureza la propuesta de hacer permanente el impuesto, que considera "discriminatorio" y que imposibilita futuras inversiones en el sector industrial. La empresa que dirige Josu Jon Imaz lidera esta campaña contra el impuesto porque es la compañía que más paga, 800 millones, pero no la más afectada. Cepsa entró en números rojos en 2023 y acumula un pago total de 560 millones. Naturgy, Endesa, Acciona, BP o Galp han mantenido un perfil bajo pese a que entre todos han pagado a Hacienda durante los dos últimos años el 1,2% de sus ingresos.

​"La gallina de los huevos de oro"

El lehendakari, Imanol Pradales, de visita en Madrid, se alineó con lo expresado por Imaz. "No vayamos a matar a la gallina de los huevos de oro", expresó también el líder del PNV, Andoni Ortuzar. Fuentes de Sabin Etxea enfrían sus expectativas sobre que el acuerdo fructifique. "Si se mantiene, que está por ver, será concertado como impuesto y lo regularemos las haciendas vascas. De no ser así, mal pintará la cosa", indica un portavoz de Sabin Etxea. "Depende de qué quiera Sánchez. Un impuesto a lo bestia como el que quiere Sumar es imposible. Un impuesto reglado, con condiciones y bien definido, podría ser", señalan otras voces de la dirección de Andoni Ortuzar.

El PSOE se vio forzado ayer a retrasar una semana más el trámite de presentación de enmiendas al proyecto de ley que debe establecer un mínimo general del 15% de impuestos de sociedades a las multinacionales y otros grupos estatales de gran tamaño, tal y como obliga una directiva europea. Se trata, según confirman fuentes parlamentarias, de la vía elegida por el Gobierno para formalizar también el nuevo impuesto a la banca y a las eléctricas. La prórroga acaba el próximo 30 de octubre, aunque si no hay acuerdo es posible que siga ampliándose.

Choque con Sumar

El enfrentamiento en el seno de la coalición de Gobierno es "frontal". Sumar acusa a los socialistas de no cumplir con su acuerdo de gobierno y de pretender "diluir" el impuesto a las eléctricas y a la banca. Fuentes del grupo que lidera Yolanda Díaz denuncian que la formulación del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el viernes pasado es un gran error. Según Cuerpo, el Gobierno defiende que se perpetúen los impuestos a estos dos sectores, aunque deben "adecuarse". En el caso de las energéticas, teniendo en cuenta las necesidades y objetivos de inversión de las empresas. En el caso de las financieras, adaptando el impuesto "al ciclo financiero, al ciclo de crédito, al ciclo de tipos".

TE PUEDE INTERESAR

Sumar supedita su apoyo a los PGE a hacer permanentes los impuestos a la banca y energéticas

Europa Press

"Eso supone cargarse el impuesto", resumen en el equipo de Yolanda Díaz. “Las negociaciones están encalladas”, insisten. Su portavoz, Íñigo Errejón, se mostró inflexible sobre el fondo del asunto: “La oligarquía chantajea (...) hace política contra el Gobierno democrático”, denunció tras el aviso de Repsol de que se verán obligados a llevarse inversiones estratégicas al extranjero para no perder competitividad. “Ya escuchamos lágrimas de millonarios”, se jactó el portavoz de Sumar sobre el artículo de Josu Jon Imaz. Lo importante, incidió, es que el Estado ha recaudado en este ejercicio “2.900 millones extra para hacer política social”. Y el Ejecutivo debe seguir garantizando estos ingresos 'caídos del cielo'.

Con estas mismas claves, el Gobierno sigue sin tener amarrados los apoyos parlamentarios para la reducción de la jornada laboral en 37,5 horas, medida estrella de Sumar, que el PSOE ha frenado ante la falta de acuerdo con la patronal. PNV y Junts serán igualmente decisivos. Aunque los nacionalistas vascos se muestran "en principio" favorables a la ley de recortar la jornada sin tocar el salario -en el País Vasco están por debajo de esa media, por lo que no les afectaría-, ayer el PNV matizó que solo darán sus votos si hay un acuerdo previo con los agentes sociales, es decir, con la CEOE.