El jefe de la Abogacía del Estado se mudó a Moncloa semanas antes de la querella de Sánchez
El cambio de ubicación se produjo antes del verano y supuso un traslado del gabinete del alto cargo que, hasta ahora, se alojaba en dependencias del Ministerio de Justicia
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El despacho del jefe de la Abogacía del Estado se encuentra ahora en dependencias del Palacio de la Moncloa. El abogado general se mudó al complejo que aloja las oficinas de la Presidencia del Gobierno semanas antes de que Pedro Sánchez presentara la controvertida querella de los servicios jurídicos estatales en contra del juez que investiga a su mujer, Juan Carlos Peinado. El cambio de ubicación se produjo antes del pasado verano y supuso un traslado del gabinete del alto cargo que, hasta ahora, se alojaba en uno de los edificios del Ministerio de Justicia, en la calle San Bernardo de Madrid.
La mudanza, que se produjo coincidiendo con una etapa en la que arrecian las críticas contra el papel de la Abogacía, ha levantado suspicacias en algunos sectores de la Abogacía y del ámbito judicial en general, aunque otros lo defienden por motivos de eficacia y practicidad. El servicio se encarga de prestar asistencia jurídica al Estado y a sus instituciones. La Abogacía General del Estado se integra en el Ministerio de Presidencia y Justicia, con nivel orgánico de subsecretaría. El órgano se encarga de ofrecer labores de asesoramiento, representación y defensa en juicio.
Diversas fuentes de los servicios jurídicos hacen lecturas encontradas sobre la decisión. Los críticos lamentan la imagen que la cercanía, incluso física, con los despachos del presidente del Gobierno, puede provocar. Recuerdan que la iniciativa de querellarse contra el instructor del caso Begoña Gómez levantó un mayoritario malestar en la Abogacía, donde se criticaba tanto el fondo como la forma de la acusación. Muchos lo interpretaron como un movimiento personal de Sánchez para tratar de desactivar las diligencias sobre su esposa.
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Otros señalan, sin embargo, que el cambio en la ubicación del despacho del abogado general y su gabinete es consecuencia de un proceso de "racionalización" de los espacios que ocupan la Abogacía y sus miembros. El abogado general no es el único que se ha mudado. Lo ha hecho también -a otros lugares distintos a Moncloa- una parte del personal de la Abogacía, ya que había instalaciones infraocupadas por las que se pagaban alquileres astronómicos, indican estas fuentes. Abogados consultados también destacan que los servicios jurídicos desempeñan labores transversales para toda la Administración y que centralizar el despacho en Moncloa ofrece mejor esa dimensión.
Los ecos de la querella
El cargo de abogado general cambió de manos el pasado junio cuando el Consejo de Ministros aprobó el nombramiento de David Vilas en sustitución de Consuelo Castro, que había ejercido como Abogada General del Estado desde junio de 2018 y decidió cesar por motivos personales. Hasta su nombramiento, Vilas ejercía como director general de Cooperación Jurídica Internacional. Con su designación, el ministro Félix Bolaños colocaba en el cargo a una persona de su máxima confianza. Logró además que, en contraposición con Castro, la designación se recibiera, en general, con buenos ojos.
No obstante, la querella contra Peinado (que se presentó a finales de julio) ha dañado irremediablemente la imagen de un órgano que ya se resentía por el papel de la Abogacía en asuntos tan sensibles como la aplicación de la amnistía. Hace unas semanas, sin ir más lejos, el abogado del Estado pidió apartar al magistrado conservador José María Macías de la deliberación sobre la cuestión de inconstitucionalidad contra la norma presentada por el Supremo.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha cargado contra el papel de los servicios jurídicos estatales y su representación de los intereses de Sánchez en su último auto. Tras decidir inadmitir la querella contra Peinado, los tres magistrados del TSJ criticaban en distintos puntos a la Abogacía y, con ello, pusieron otro ladrillo que alimenta el desprestigio de la institución.
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Para el tribunal, la querella se basó en argumentos "especulativos" y con ella Sánchez incurrió en un "intento de tergiversar" el delito de prevaricación para dirigirlo precisamente contra el magistrado que investiga a su mujer. El propio uso de la Abogacía queda calificado como "extravagante", ya que no fue citado por hechos relacionados con el ejercicio de su cargo. Uno de los tres jueces llevó su crítica más allá para apuntar a la posibilidad de que el presidente del Gobierno incurriera en un abuso de derecho.
La parte más dura de ese auto habla de otro abuso, el cometido contra la separación de poderes, al suponer -como hacía la querella- que el judicial no debe perturbar con su labor a los otros dos. El Gobierno contestó señalando "que tanto la Presidencia del Gobierno como la Abogacía del Estado" solo pretenden "preservar la garantía del ejercicio de un derecho que corresponde a la institución y ver si su vulneración podría constituir un ilícito penal". Quizá fuera revelador.
El despacho del jefe de la Abogacía del Estado se encuentra ahora en dependencias del Palacio de la Moncloa. El abogado general se mudó al complejo que aloja las oficinas de la Presidencia del Gobierno semanas antes de que Pedro Sánchez presentara la controvertida querella de los servicios jurídicos estatales en contra del juez que investiga a su mujer, Juan Carlos Peinado. El cambio de ubicación se produjo antes del pasado verano y supuso un traslado del gabinete del alto cargo que, hasta ahora, se alojaba en uno de los edificios del Ministerio de Justicia, en la calle San Bernardo de Madrid.