La Audiencia Nacional rechaza la querella del PP contra el PSOE por financiación ilegal

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado la querella del PP contra el PSOE por un delito de financiación ilegal. El partido de Alberto Núñez Feijóo​ presentó su querella tras conocerse la apertura de una nueva investigación contra uno de los principales comisionistas del caso Koldo, Víctor de Aldama, por un supuesto fraude a la Hacienda Pública de más de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos.

La querella de los populares se apoyaba en una información del diario The Objective que recogía "el testimonio de dos informantes anónimos". Uno de ellos aseguraba haber tenido relación con Aldama y haber llevado bolsas con hasta 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en la calle de Ferraz. El PP se basaba en esa acusación para solicitar la apertura de una nueva línea de investigación que se centrase en la supuesta implicación del PSOE en esta trama de hidrocarburos. Tras conocerse que la Audiencia Nacional rechazaba su querella, el PSOE ha anunciado que denunciará al PP por injurias y calumnias.

El magistrado Santiago Pedraz explica que una denuncia anónima tiene plena validez para iniciar una investigación, pero siempre que las informaciones vengan avaladas por datos corroboradores o que sean las propias noticias las que funcionen "como elemento confirmador", sin necesidad de desvelar la identidad del informador. En el caso de la querella del PP, considera que no se cumplen esos requisitos.

"Tales informaciones deben sustentarse en algún dato, hecho o circunstancia de conocimiento que sirva para delimitar una conducta típica y su atribución a la persona querellada", advierte la resolución. El magistrado también repasa la jurisprudencia del Tribunal Supremo y recuerda que, “con carácter general, una noticia por sí sola no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal", sino que "se precisa algo más”.

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"Ese 'algo más', según se sigue de la lectura de lo relatado, no se da en el presente caso, pues de lo actuado hasta la fecha en la presente causa no aparece vinculación alguna con lo denunciado", concluye el magistrado. "Incluso aparecen contradicciones de los denunciantes anónimos, como señala el Misterio Fiscal". "Procede, con ello, inadmitir la querella, más obviamente sin perjuicio de que si en el transcurso de la instrucción se siguiera otra cosa se actuaría en consecuencia".

Pese a rechazar la imputación del PSOE por financiación ilegal, el magistrado sí ha admitido la personación del PP como acusación popular en la causa, así como la de Vox y la de las asociaciones Manos Limpias y Hazte Oír. Todos ellos tendrán que prestar fianza de 10.000 euros.

Mantiene a Aldama en prisión

En un segundo auto notificado este lunes, el magistrado rechaza el recurso de Aldama y acuerda mantenerlo en prisión provisional. El comisionista compareció ante el juez el pasado 10 de octubre junto a otros dos de los presuntos cabecillas de esta trama de hidrocarburos: su socio Claudio Rivas, para el que también se acordó el ingreso en prisión provisional, y su hermana María Luisa, que quedó en libertad con medidas cautelares. Como avanzó El Confidencial, estos dos últimos empresarios alquilaron en 2021 un chalé de su propiedad en los aledaños de Sotogrande (Cádiz) al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

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La Fiscalía Anticorrupción informó sobre la detención de Aldama y los hermanos Rivas el 7 de octubre: "Su actividad en un sector legal como el de los hidrocarburos, sumado a los millonarios beneficios obtenidos en periodos de tiempo muy cortos, permiten a estas organizaciones posicionarse en determinados estamentos con diferentes esferas de poder, consiguiendo una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración".

El magistrado atribuye a los investigados los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. "Se han acordado múltiples diligencias, algunas de la cuales, de hallarse en libertad, pudieran no llegar a su fin, pues pudiera actuar para evitar su consecución", remarca ahora Pedraz para rechazar la petición de Aldama de quedar en libertad. "Una parte importante de lo defraudado (73.902.852,60 euros) podría haber sido transferido a cuentas en el extranjero y se hace preciso proceder a su localización y bloqueo, así como la determinación de las operaciones de banqueo presuntamente ejecutadas".