Caso Koldo: Vox se querella en el Supremo contra Armengol por 6 delitos de corrupción

Vox ha presentado en el Tribunal Supremo una querella contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, por su papel como presidenta del Gobierno de Baleares en el llamado caso Koldo. Se investiga una trama de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos durante la pandemia. El partido que lidera Santiago Abascal acusa a la tercera autoridad del Estado de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude, falsedad documental y falso testimonio.

El caso Koldo se investiga en la Audiencia Nacional. Tuvo su epicentro en el Ministerio de Transportes, pero tuvo relación con otras administraciones socialistas. Uno de sus protagonistas es Koldo García Izaguirre, asesor del entonces ministro José Luis Ábalos. La Guardia Civil le acusa de haber cobrado comisiones ilegales a cambio de favorecer a una empresa para que se le adjudicasen contratos millonarios de dinero público para adquirir material sanitario. Una de las administraciones que contrató a la trama fue el Gobierno de Baleares de Armengol.

La querella —a la que ha tenido acceso El Confidencial— también va dirigida contra el propio Koldo García y los directivos de la empresa investigada, Íñigo Rotaeche y Juan Carlos Cueto Martín. Estos dos últimos representan a la empresa Soluciones de Gestión, que se benefició con cerca de 50 millones en contratos públicos al inicio de la pandemia de Covid. El hombre clave era un empresario al que contrataron como intermediario llamado Víctor de Aldama, que logró acceder a Koldo García y al propio Ábalos.

Vox acude ante el Tribunal Supremo porque Armengol goza de la condición de aforada. En sus alegaciones, expone que el Instituto Balear de la Salud (IBSALUD) y Soluciones de Gestión suscribieron "un contrato público realizado de la forma más irregular". A su juicio, "no se justifica, ni siquiera, por la premura y urgencia de la situación, dando lugar a una contratación deficiente, irregular, e injustificada, susceptible de reproche penal". La formación añade que "el contrato se perfecciona con un sobrecoste muy elevado sobre el precio de mercado, y realizado con una empresa sin solvencia".

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En el último informe de la Guardia Civil remitido a la Audiencia Nacional se aprecia el vínculo entre Koldo García y Francina Armengol. La entonces presidenta balear envío al asesor de Ábalos el móvil de su consejera de Salud después de que este le ofreciera contratar a una empresa privada "para realizar pruebas PCR" en plena pandemia. "Vale cariño te mantengo informada de todo [sic]", le agradeció Koldo.

Pagó 3,7 millones a la trama

Vox destaca en su querella de 41 folios firmados por la letrada Marta Castro que la decisión de contratación con la empresa Soluciones de Gestión también se produjo "a consecuencia de la intervención presuntamente ilícita de personas desde el ámbito del Ministerio de Transportes". El Gobierno autonómico pagó el 26 de abril de 2020 a la empresa 3,7 millones por casi un millón y medio de mascarillas.

Durante la pandemia se permitió a las administraciones firmar contratos de emergencia para agilizar los trámites, pero Vox advierte de que ese "marco de tramitación de emergencia no significa la habilitación para efectuar adjudicaciones de forma arbitraria y nepótica". El partido se centra además en que una partida de las mascarillas por las que pagaron no servían: "Estas irregularidades consistieron fundamentalmente en facilitar material defectuoso o inválido". En ese contexto de emergencia, la querella defiende que los contratos "contaban con el conocimiento y autorización de Armengol, como autoridad máxima".

Expone que Baleares remitió un certificado de conformidad relativo a la empresa suministradora del producto en fecha posterior a tener conocimiento de que el producto servido no se correspondía con el realmente pactado. Vox se basa en los correos de los cargos del Servicio de Salud de Baleares en los que se recogen los detalles de la operación. Pero Vox alerta en su querella que falta por saber el origen de la negociación.

Sin datos del origen

"La resolución —explican— sobre la contratación de emergencia de determinados contratos, incluido el que nos ocupa, es de 4 de mayo de 2020 y, si bien en el resto de contratos se establece una relación entre cómo nace el contacto entre el suministrador y el IBSALUD, en el que se refiere al contrato con Soluciones de Gestión observamos que simplemente se refiere a que la empresa contacta con el Servicio de Salud, no recoge ni quién o quiénes son las personas de contacto o cómo es que dicha empresa es conocedora de las necesidades del Servicio".

En las diversas comisiones de investigación parlamentaria que han escrutado los contratos de la pandemia, el responsable de Salud de Baleares confesó que fue Transportes quien se puso en contacto con él para ver si querían mascarillas y que fue Koldo García quien le facilitó el contacto de la empresa de Soluciones de Gestión. Vox destaca que Armengol siempre ha negado cualquier tipo de relación con Koldo García, más allá de alguna coincidencia en alguna visita de Ábalos o por alguna llamada puntual para tratar temas de apertura de puertos y aeropuertos. "Pero nunca, según sus palabras, para la contratación de ninguna empresa, esta versión queda contradicha con la información que se ha ido conociendo con posterioridad", advierte el escrito.

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La querella relata que las mascarillas se compraron con unas características especiales para poder distribuirlas entre el personal médico que atendía pacientes en los hospitales. Después de dar el visto bueno y aceptarlas, se dieron cuenta de que no cumplían los requisitos y decidieron cambiar su destino para distribuirlas a la población en general. Sin embargo, "las mascarillas se mantuvieron almacenadas hasta mayo de 2023, cuando la OMS declaró el fin de la pandemia". "También resulta llamativo que, pese a haber caducado las mismas en 2022 no se hubiese hecho protesta, reserva u objeción alguna a las mismas hasta 2023", apunta.

Vox ha hecho un cálculo de lo que debería haber reclamado Baleares comparando las mascarillas que pidieron por 3,7 millones y las que finalmente mandaron. Lo cifra en 2,6 millones de euros. Cree el partido que la intermediación de Koldo García fue clave para que Baleares no emprendiese acciones desde el inicio contra la empresa que presuntamente le pagaba comisiones al asesor de Ábalos. Recoge las conversaciones Koldo García con el responsable de Soluciones de Gestión, Cueto, de las que se desprende su intermediación ante la administración balear.

"Las relaciones —dice Vox— entre Koldo, Cueto y Aldama, no solo lo fueron durante el trámite contratación, sino que han continuado hasta fechas recientes y se extienden, tanto al que fuera ministro Ábalos, como a la querellada, Armengol, la consejera del IBSALUD, Patricia Gómez y a Jacobo Pombo, evidenciando un tráfico de influencias que no se limitó a obtener los favores hacia los empresarios implicados, sino también para utilizar esa influencia para evitar la reclamación a la empresa Soluciones de Gestión".