El otro frente de Álvaro García Ortiz en el Supremo: una demanda busca forzar su dimisión

Álvaro García Ortiz se aferra al cargo pese a su imputación en el Tribunal Supremo. El fiscal general anunció el miércoles que no dimitirá porque mantener el puesto es "lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo", pero su continuidad no solo depende de este nuevo procedimiento penal, sino también de una demanda que la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha interpuesto contra su nombramiento. "Está pendiente", confirman desde el alto tribunal.

La demanda de la APIF busca anular el real decreto que el Gobierno dictó en diciembre para renovarle como fiscal general. La asociación recurrió esa decisión después de que el Tribunal Supremo tumbara el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de Sala, la categoría más alta de la carrera, al apreciar "desviación de poder" por parte de García Ortiz. La APIF considera que el Ejecutivo incurrió en "una manifiesta arbitrariedad" al pasar por alto ese hecho y renovar su mandato "pese a estar incurso en la causa legal de cese" que prevé el Estatuto del Ministerio Fiscal: "El incumplimiento grave o reiterado de sus funciones".

Como respuesta a esta demanda, la primera maniobra de García Ortiz consistió en intentar apartar a cuatro de los cinco magistrados de los que depende su resolución. El alto tribunal rechazó su solicitud el pasado mayo y lo tachó de mero "artificio procesal". El recurso ha seguido su curso y desde el Supremo apuntan que aún no hay una fecha fijada para su deliberación en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, pero ahora se solapa con la apertura de la causa contra él en la Sala de lo Penal por un presunto delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Peticiones para cambiar el reglamento

Con ese frente aún abierto, la oposición y dos asociaciones volvieron a pedir este miércoles a García Ortiz que renunciara al cargo tras su imputación. La ley solo prevé esa posibilidad si se da el mencionado "incumplimiento grave" de funciones u otros cuatro escenarios: "A petición propia", "por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en la Ley", "en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo" o "cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto".

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Aunque el PP también se agarró este miércoles al "incumplimiento grave" de sus funciones para pedir su dimisión, el Gobierno ha cerrado filas en torno al fiscal general. El propio García Ortiz ha remarcado además durante los últimos meses que, imputado o no, ni siquiera el Ejecutivo tendría potestad para apartarle: "No me puede cesar. Las causas de cese son unas causas extraordinarias. Sería si cometo una barbaridad", advirtió el pasado mayo durante una entrevista concedida a RTVE.

La APIF considera que esa "barbaridad" ya se ha dado, pero la dificultad que conlleva forzar su salida les llevó a pedir este miércoles una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal. Por un lado, para eliminar la causa que hace referencia al cese del "Gobierno que lo hubiera propuesto" y, por otro, para añadir una nueva que permita apartar a un fiscal general "cuando se siga un procedimiento penal contra él".

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La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, también ha pedido la dimisión de García Ortiz y apunta para ello a otro artículo que incluye el reglamento que se aprobó en 2022: "La persona titular de la Fiscalía General del Estado podrá acordar motivadamente, con arreglo a los principios de presunción de inocencia y proporcionalidad, previa audiencia del interesado y de la Comisión Permanente del Consejo Fiscal, la suspensión cautelar de cualquier miembro del Ministerio Fiscal contra el que se siga un procedimiento penal", sostiene el mismo.

El artículo apunta a continuación a que esa suspensión se podrá acordar "en todo caso" cuando se dicte auto de apertura de juicio oral, de prisión, de libertad bajo fianza o de procesamiento, pero la AF denuncia que carece de sentido que el reglamento prevea esa posibilidad para un fiscal ordinario y no para el fiscal general. "Lo que se va a valorar en los tribunales es la actuación concreta del fiscal general de Estado y si se ha excedido en las funciones que representa. Que el fiscal general se ampare detrás de la institución es inadmisible", critican.

Reglamentos aparte, la Fiscalía tendrá que informar a cada paso que dé el Supremo en el procedimiento contra él, lo que también plantea dudas sobre hasta qué punto podrá hacerlo con independencia cuando es su propio jefe el imputado. Mientras tanto, García Ortiz se escuda en que su decisión de mantener el cargo "en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española".