De la Fiscalía a la Abogacía del Estado: la estrategia de Sánchez se estrella contra los jueces

"Todos los poderes públicos están sometidos a la ley". También el presidente del Gobierno y, por supuesto, su mujer. También el fiscal general del Estado. El auto en el que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza la querella por prevaricación que presentó Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, ha servido de broche final a una semana nefasta para el Gobierno en la que, a través de distintas resoluciones, la Justicia ha criticado la forma en la que, en su opinión, Moncloa está forzando las costuras de instituciones esenciales como la Abogacía o la Fiscalía General del Estado.

La última decisión no solo supone dar carpetazo a los intentos del matrimonio Sánchez-Gómez de apartar al instructor del caso Begoña. Ahonda en el desprestigio de la Abogacía en términos muy duros, para insinuar que esta no actúa en representación del Estado sino del Gobierno. Con esa intención, la de proteger al Ejecutivo —deslizan tres jueces— se alteraron en su querella hechos vinculados a la instrucción o se usaron argumentos inflados. El que más indigna a los magistrados (a la vista del tono empleado en el auto) es la afirmación de los servicios jurídicos de que se debe impedir que el ejercicio del poder judicial "altere innecesariamente el discurrir y la labor de los demás poderes estatales".

La idea que deslizaba la Abogacía es la de que el poder judicial no debe molestar con su acción a los otros dos, concediendo así a estos una especie de inviolabilidad. Traducido al caso particular: "Concebir como un ataque innecesario a la actuación del Gobierno la citación en calidad de testigo de su presidente en una causa penal carece de la más elemental justificación". El auto incluso desliza un ejemplo reciente de cómo la acción de la Justicia impacta, a veces, en el terreno político. "Aunque no resulte relevante, asiste la razón a la abogada del Estado cuando recuerda la influencia que pueden tener algunas resoluciones judiciales en el devenir político de un país. Hay ejemplos no tan lejanos en el tiempo...", dice en clara referencia a la sentencia de la trama Gürtel y la moción de censura que desató.

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El escrito es una sucesión de 'zascas'. Además del rechazo a la idea de un Gobierno intocable, los jueces hilan una sucesión de críticas a los argumentos de la Abogacía que tachan de especulativos, incompletos, "prejuiciosos", malintencionados, parciales, "temerarios" e incluso "perversos". Considera la acción de Sánchez una tergiversación. "Resulta imprescindible recordar algunas nociones elementales sobre la significación del principio de separación de poderes en un Estado de Derecho que se precie, y el respeto que merece el ejercicio del Poder Judicial", llega a lanzar.

El uso de la Abogacía por parte del presidente fue cuestionada desde un inicio y la valoración de los argumentos que empleó viene ahora a rematarla. Uno de los tres jueces señala incluso que Pedro Sánchez actuó con abuso de derecho dado "el carácter exorbitante y contrario a la buena fe procesal con que estaba ejercitando la acción penal". La que sale dañada, sin duda, es la imagen de la Abogacía, convertida para muchos jueces y fiscales, en un órgano sumiso que se limita a cumplir órdenes.

El Gobierno reaccionó acusando —otra vez— a los jueces de sobrepasarse en sus funciones. Reprochó "algunas manifestaciones inusuales e innecesarias para la motivación jurídica del auto" y destacó que tanto la Presidencia del Gobierno como la Abogacía del Estado solo pretenden "preservar la garantía del ejercicio de un derecho que corresponde a la institución y ver si su vulneración podría constituir un ilícito penal".

El relato y Ayuso

La semana terminó con esta decisión, pero quedó marcada por otra, en este caso del Tribunal Supremo, que también ha generado fuertes críticas por sus efectos en la institución. El fiscal general del Estado, imputado por revelar secretos que afectaban a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, decidió no dimitir a pesar de la investigación. Muchos en el mundo judicial piensan que, en buena parte, se queda porque irse perjudicaría al Ejecutivo. También piensan que sería más honesto y más responsable irse para preservar la dignidad de la institución y no comprometer la imparcialidad.

Por encima de todo, ya desde un inicio, sobrevuela la sensación de que lo que está en juego no es tanto el daño institucional como el deseo de mantener el relato. Buena muestra, apuntan distintos críticos, han sido las palabras del presidente del Gobierno sobre la apertura de esta causa. "Desde el máximo respeto a las resoluciones judiciales, siento profunda preocupación porque ciertas resoluciones puedan socavar la imagen de la justicia de este país, porque lo que hizo fue decir la verdad y está obligado por ley a decir la verdad", lanzó

Todos los miembros del Ejecutivo que se han pronunciado al respecto en los últimos días han repetido que lo que hizo el fiscal general fue "combatir un bulo". La investigación está abierta para determinar si Álvaro García Ortiz filtró a algunos medios de comunicación correos electrónicos reservados. La pregunta que se hacen varios de los consultados es si la vehemencia del presidente y sus ministros sería la misma si la cuestión no afectara a una rival política de la talla de Ayuso.