El Partido Popular maniobra para forzar una batalla contra el cupo catalán en la Conferencia de Presidentes

Los presidentes autonómicos del PP —que controlan 11 de las 17 regiones— y el propio Alberto Núñez Feijóo llevan meses reclamando al Gobierno que convoque una Conferencia de Presidentes para debatir multitud de asuntos pendientes. El eje central para el PP es la reforma del sistema de financiación autonómica, opacada ahora por el compromiso bilateral asumido por el Ejecutivo para dar forma a un cupo catalán, la prerrogativa que el PSOE concedió a ERC a cambio de una Generalitat bajo el mando de Salvador Illa. Obligado por la presión del Tribunal Supremo, que admitió a trámite la cascada de recursos que los barones del PP presentaron el pasado julio, Sánchez aceleró los plazos y situó el próximo cónclave en el mes de diciembre... pero con el objetivo de centrarlo exclusivamente en el problema de la vivienda.

El PP cuenta con un par de ases en la manga para forzar al Ejecutivo a introducir en el orden del día el debate de la financiación singular para Cataluña, un pacto hasta ahora tejido en la sombra y del que apenas ha habido explicaciones. Para el primer partido de la oposición es primordial lograr arrastrar a Sánchez a este marco, y enfrentarle de forma directa al malestar latente que existe en diversas federaciones socialistas más allá del siempre crítico Emiliano García-Page.

El objetivo es trazar un frente común en una Conferencia de Presidentes que adquiere la máxima relevancia porque Sánchez, saltándose el propio reglamento del órgano, lleva más de dos años sin convocarlo. La última cita fue en marzo de 2022. El cónclave se celebrará en diciembre en Cantabria, aunque el Ejecutivo aún no ha concretado fecha. Ese y otros detalles, como la composición del orden del día, se debatirán y acordarán en la cita preparatoria del próximo 28 de octubre en Madrid, comandada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

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EFE

Al margen de la vía reglamentaria que invocaron los barones del PP para torcer el brazo a Sánchez y forzar la inclusión de otros temas en el encuentro, los populares se han cubierto por completo las espaldas gracias a la mayoría absoluta de la que gozan en el Senado. La próxima semana, el Pleno aprobará una reforma de su Reglamento para tener la capacidad de incluir los asuntos que apruebe la mayoría absoluta de la Cámara territorial. En concreto, se propondrá la redacción de un nuevo artículo 189 bis para cubrir la excepción que contempla la ordenanza de la Conferencia de Presidentes.

Fuentes parlamentarias explican que se trata de un formalismo técnico, pero necesario para poder influir en el orden del día final que se debatirá en diciembre. El PP agota así todas las vías para forzar al Gobierno a hablar de financiación de forma "multilateral", como se comprometieron todos los presidentes autonómicos populares con Feijóo en una reunión extraordinaria celebrada a principios de diciembre. Ni el Senado ni los barones populares descartan aprovechar la prerrogativa que les concede el Reglamento de la Conferencia de Presidentes para incluir otros temas, como la inmigración y la estancada reforma de la Ley de Extranjería; o la urgencia de un Pacto Nacional del Agua.

El Senado, convertido en el fortín particular de Feijóo para marcar la agenda a Sánchez, volverá a convocar en las próximas semanas la Comisión General de las Comunidades Autónomas para citar en nutrido grupo de expertos económicos con los que debatir las carencias del sistema de financiación autonómica, abordar posibles soluciones a un debate enquistado y, sobre todo, calibrar las consecuencias que tendría para las arcas públicas autonómicas que Cataluña salga del régimen común y cuente con un concierto económico propio.

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El objetivo de esta maniobra es contar con un dossier de conclusiones, que estará listo previsiblemente el próximo mes de noviembre, con el que dar contenido y profundidad al frente común que plantearán todos los barones del PP —y algunos del PSOE— contra el cupo catalán. Como adelantó El Mundo y ha podido confirmar El Confidencial, el ministro Torres ha remitido una carta a los presidentes autonómicos en la que les invita a enviar sus propuestas para configurar el orden del día, abriéndose a debatir más asuntos que el del acceso a la vivienda.

Hasta ahora, el Gobierno se había mostrado reticente a ceder a las reivindicaciones del PP. De hecho, el propio Sánchez trasladó a los presidentes autonómicos que han pasado ya por la Moncloa que, como mucho, se hablaría de financiación de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Pero no le queda otra salida que llevar también el debate a la Conferencia de Presidentes. El reglamento del órgano establece que, más allá de los asuntos acordados en la reunión preparatoria, podrán incluirse en el orden del día todos aquellos puntos que soliciten "la mayoría de los representantes del conjunto de las comunidades autónomas", números con los que cuenta el PP. Y están dispuestos a dar la batalla.

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Feijóo planea convocar otra cumbre de presidentes autonómicos antes de su cita con Sánchez en diciembre para sacar lustre a su posición común, en la que se sigue situando como línea roja ceder a la oferta de quita de deuda de forma bilateral por parte de la Moncloa para "blanquear" las cesiones de Sánchez con el independentismo. Se trata, no obstante, de una tentación demasiado grande para barones como el valenciano Carlos Mazón.

No se prevé, en todo caso, que los presidentes del PP lleguen a la Conferencia de Presidentes con un plan de financiación propio y acordado para reformar el sistema, para el que hay recetas radicalmente distintas en función del territorio. En Génova insisten en que debe ser Sánchez y su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, los que presenten una propuesta en firme y, a partir de ahí, trabajar de forma multilateral. Pese a la "urgencia" que demandan en mayor o menor medida todos los líderes territoriales, las diferencias internas y el ruido por el cupo catalán convierten las opciones de acuerdo casi en una utopía.