Las seis horas de penitencia en las que el fiscal general midió sus posibilidades de quedarse

El fiscal general recorrió este jueves a lo largo de seis horas un camino difícil. Después de que el Tribunal Supremo decidiera este miércoles investigarle por revelar comunicaciones secretas del novio de Isabel Díaz Ayuso, dedicó toda la jornada a reunirse con la cúpula fiscal y el consejo, en una iniciativa que hay quien tacha de trampantojo o de intento de blanqueo. El día transcurrió en dos actos. Mañana y tarde. Una de cal y otra de arena. Tanto en la Junta como en el Consejo hubo reproches ante su decisión de no abandonar el cargo a la vista de la imputación, aunque también se escuchó alguna alabanza. Sobre todo, Álvaro García Ortiz trató de explicarse y recabar apoyos y no lo consiguió del todo a la vista del resultado.

Antes siquiera de que comenzaran las dos citas ya era evidente que una le iba a ser más propicia que la otra. Su decisión de convocar a ambos órganos no pretendía convertirse en una especie de referéndum de respaldo o rechazo a la determinación de quedarse. Pero, de forma inevitable y aunque no hubo votaciones, el día completo sirvió de termómetro para medir la temperatura de la Fiscalía. Si hay alguna palabra que define ahora mismo el estado de los miembros del Ministerio Fiscal es conmoción. Preguntes a quién preguntes, todos te dicen que lo que sucede es "algo insólito".

En la reunión de la mañana se sentaban 30 fiscales de la máxima categoría. A pesar de que el número de respaldos o de rechazos a su postura bailó durante el día, acabó quedando claro que 10 de ellos le arroparon sin ambages. Un tercio. El resto se repartió entre los que le pidieron con rotundidad que se vaya, los que se lo insinuaron de forma más delicada y los que callaron. En el órgano se sientan muchos que él mismo ha designado.

Como no hubo votos, se hizo necesario leer entre las palabras de todos los que participaron e interpretarlas. Algo en lo que coinciden las fuentes consultadas es que la empatía con su situación personal fue unánime. Sin faltar uno, los fiscales lamentaron la delicada situación que atraviesa, mientras que él mismo no escondió su preocupación. Lo que empieza ahora es un procedimiento en el que escrutará, en resumen, su actuación. El resultado final afectará sin remedio a su prestigio.

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En la de la tarde, la instantánea fue más evidente. Siete consejeros frente a cuatro reclamaron su marcha. No hubo ni florituras ni sorpresas, ya que el Consejo tiene mayoría de miembros de asociaciones conservadoras que ya desde un inicio reclamaron su salida. No se puede ser garante de la legalidad y que a la vez se cuestione si su actuación lo fue, dicen.

La institución y la persona

Sin embargo, la mayoría de los críticos coincide en reprochar a su jefe la confusión en la que incurre al vincular su persona con la institución. El discurso que hiló en los dos encuentros fue similar. Como ya anticipaba en sus primeras reacciones, considera que si se marcha sentará un precedente y evidenciará que se puede hacer caer a un fiscal general con denuncias. Para García Ortiz, eso debilitaría a la Fiscalía, dedicada precisamente a perseguir delitos, o sea, a delincuentes.

Opinión

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No obstante, los que le piden una renuncia piensan que mezcla lo particular con lo que no lo es. Dicen que una cosa es su persona y otra la Fiscalía General del Estado y que, en su empeño por quedarse, mancha la institución que debe proteger. También destacan que la revelación de secretos que se le atribuye es uno de los peores delitos que puede cometer cualquier miembro del Ministerio Público. El deber de reserva es algo sagrado, repiten. Sin confidencialidad, el trabajo de los fiscales no solo se mancha, se disuelve, agregan.

Entre los que le han apoyado hubo algunos, sobre todo cargos de su máxima confianza, que le pidieron, directamente, que aguantara. Muy en la línea del manual de resistencia del presidente del Gobierno que le nombró. La necesitará ante el avance del procedimiento. El instructor, Ángel Hurtado, tendrá que decidir ahora hasta dónde lleva la práctica de la prueba indiciaria. Entre las posibilidades está la de escrutar su correo institucional y privado o incluso sus dispositivos electrónicos. También es evidente que tarde o temprano vendrá una citación para declarar como imputado y un interrogatorio.

Al ser un termómetro y no un referéndum, García Ortiz no tiene por qué escuchar ni a unos ni a otros. Para que no hubiera confusiones, para que ninguno pensara que puede cambiar de opinión, dejó ya claro en las dos reuniones que su decisión ya está tomada: se queda. No convenció, sin embargo, en si logrará mantenerla y mantenerse. Si el Supremo no hubiera visto una sólida carga indiciaria, no habría asumido la competencia.