El Supremo señala la salida al fiscal general al vincularle con la filtración de 'e-mails' secretos

La bomba cayó este miércoles y no por esperada fue menos potente. El Supremo imputa al fiscal general del Estado un delito de revelación de secretos. En el auto en el que se da inicio al procedimiento, el alto tribunal le señala la puerta de salida al vincularle con la filtración a distintos medios de comunicación de correos electrónicos secretos. En ellos, la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso y el fiscal que le investiga por delitos contra la Hacienda Pública trataban la posibilidad de alcanzar un pacto. Estas comunicaciones con el letrado -dice el TS- eran reservadas y salieron a la luz después de que Álvaro García Ortiz exigiera que se los enviaran de forma urgente.

Que la imputación iba a producirse era un secreto a voces después de que el propio García Ortiz asumiera "toda la responsabilidad" en el caso. Pero el enfoque del Supremo supone un salto que deja al máximo dirigente de la Fiscalía, al menos a corto plazo, en peor situación de la que esperaban tanto él mismo como el Gobierno que le designó para el cargo. Pese a ello, tras conocerse la decisión, comunicó que no dimitirá y con ello, provocó una oleada de malestar entre fiscales y jueces. "El fiscal general no dimite porque así se lo ha exigido Moncloa. Que no se vaya demuestra precisamente su dependencia", aseguran, en privado, fuentes jurídicas. Solo la Unión Progresista defiende su continuidad. Para afianzar su posición, García Ortiz informará a la Junta de Fiscales, el órgano que reúne a la cúpula.

La presunta revelación de secretos que describe el auto se produjo en dos pasos: primero se revelaron los correos electrónicos y después la Fiscalía hizo pública una nota de prensa que siempre se consideró el centro de la posible comisión del delito. Hasta ahora el acento se había puesto en ese comunicado en el que, en resumen, se aclaraba que el empresario Alberto González Amador había reconocido dos delitos fiscales para lograr cerrar un pacto que le librara de la cárcel. La estrategia de defensa del jefe del Ministerio Público se basaba en negar que en esa nota se desvelara nada. Se emitió para aclarar "informaciones falsas" que en aquel momento atribuían al propio Ministerio Público la iniciativa de alcanzar un acuerdo. La estrategia era así la de precisar que el secreto cuya revelación se le atribuye ya había sido desvelado de forma interesada e incorrecta, por lo que su contenido no infringió el deber de reserva de la Fiscalía.

Sin embargo, el argumento no sirve ya. El auto del TS aclara que no considera delictiva la famosa nota. En donde ve delito es en esas horas previas que describe al detalle la magistrada Susana Polo. Los hechos supuestamente delictivos se centran en lo sucedido a partir del día 13 de marzo, por la noche, sobre las 21 horas. "Queda acreditado en la causa que se divulgó previamente el contenido (de correos) a los que solo tenían acceso el afectado y la Fiscalía", dice el escrito. Pasada esa hora, el fiscal a cargo del caso de la pareja de Ayuso recibió una llamada de la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez Fernández, también imputada. Su superior le dijo que García Ortiz pedía "una dación en cuenta urgente de todos los correos intercambiados" y le exigió que se los enviara. El fiscal los reenvió a ambos en ese momento, ya pasadas las diez de la noche.

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Es aquí donde está el núcleo para el Supremo. En saber "cómo tuvieron acceso los medios de comunicación a los correos, horas antes a dar publicidad a la nota informativa, cuando los mismos estaban en poder del Fiscal General del Estado y de la Fiscal Jefa Provincial, enviados por el Sr. Salto a partir de las 22 horas del día 13 de marzo, y dispusieron de ellos ambos para elaborar y consensuar la nota informativa". El Supremo señala que no habían transcurrido ni dos horas cuando un primer medio de comunicación publicaba el contenido del email. A este le siguieron otros más ya a lo largo de la mañana del día 14 y siempre antes de que se emitiera la nota de prensa. En una entrevista concedida a RTVE García Ortiz aseguró que, en el tránsito, "ha habido muchas personas que han podido conocer el contenido" de los emails.

Con el auto empieza toda una estación de penitencia para el fiscal general que tendrá su primera parada este mismo jueves. La atención de todos está puesta en si se va o se queda. En un primer comunicado, García Ortiz aclaró que la investigación obliga a abrir un periodo de reflexión, aunque confirmó que su intención es continuar. Informará al Consejo Fiscal y la Junta de Fiscales de Sala. La primera le es contraria, la segunda no tanto.

"¿La Fiscalía, de quién depende?"

El sentir mayoritario de la carrera no es este. Vuelve fuerte la pregunta eterna: "¿La Fiscalía, de quién depende?". Tras conocerse el auto del Supremo, las asociaciones consideradas conservadoras salieron en tromba a pedir su marcha. El tono de esos comunicados oficiales sube varios grados en las conversaciones privadas, donde lo que muchos dejan ver es indignación e incomprensión con el afán de mantenerse. "Debe irse para no perjudicar a la institución y para defenderse mejor. Por prudencia y por decencia", dice uno de los consultados.

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La marcha se pide por varios motivos. El primero, y más evidente, es el delicado papel en el que queda una Fiscalía dirigida por un fiscal general imputado que sigue teniendo capacidad de dar órdenes a sus subordinados conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. La segunda, el convencimiento de que, si se queda, en gran parte se debe a la intención de no perjudicar al Gobierno que le nombró, acosado por todo tipo de escándalos. La defensa cerrada que hizo el ministro de Justicia, Félix Bolaños, azuzó esa tesis. "Ratifica de quién depende la Fiscalía", lanza un juez consultado.

Hay más motivos. Algunos señalan que si se queda complicará también la propia investigación del Supremo. En la causa, la Fiscalía tendrá que informar a cada paso y es difícil que lo haga con independencia si el jefe es el imputado. Algo parecido sucede con los fiscales que, sin duda, tendrán que declarar como testigos sobre lo sucedido. "¿Con qué libertad hablarán?", se pregunta otra fuente. Las apuestas corren de móvil en móvil y de chat en chat. "No llega al fin de semana". "No se irá. Jamás"...