El Consejo Fiscal pide por mayoría al fiscal general que abandone el cargo

El Consejo Fiscal ha reclamado este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que renuncie al cargo tras la decisión del Tribunal Supremo de abrir una causa en su contra por revelación de secretos. Según informan fuentes presentes en la reunión, siete de los vocales han solicitado su salida para salvaguardar la dignidad de la institución frente a cuatro que han respaldado que resista. La mayoría del órgano está formada por miembros de la Asociación de Fiscales (AF) y de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), consideradas conservadoras.

El primero en tomar la palabra ha sido el propio García Ortiz y ha argumentado que la Fiscalía quedaría más "débil" si se marcha. También ha asegurado que él no filtró ningún correo electrónico de las negociaciones que la Fiscalía mantuvo con el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en el procedimiento que se sigue contra él por fraude fiscal. Todos los miembros del Consejo han intervenido tras él.

La AF cuenta con seis vocales en el Consejo frente a los dos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a los que hay que sumar otro de la APIF y las dos vocales natas: la teniente fiscal y número dos de García Ortiz, María Ángeles Sánchez-Conde, y la fiscal inspectora María Antonia Sanz Gaite. Tanto la AF como la APIF ya pidieron la dimisión de García Ortiz tras conocerse su imputación, mientras que la UPF salió en su defensa.

"El perjuicio que se deriva para la institución al mantener este escenario supera con creces cualquier afectación producida por su conclusión, empezando por la propia anomalía que supone que quien está llamado a intervenir como parte del proceso en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, actúe bajo la jefatura superior del investigado en ese proceso", ha defendido la AF a través de un nuevo comunicado este jueves.

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La UPF ha insistido por su parte en su "firme respaldo a la decisión del fiscal general del Estado de no presentar su dimisión", un apoyo que justifican por "razones de índole moral, institucional y el propio contenido de la resolución judicial". Antes de convertirse en fiscal general, García Ortiz formó parte de esta asociación y llegó a presidir la misma.

Un apoyo parcial en la Junta de Fiscales

El primer paso del fiscal general tras la apertura del procedimiento ha sido la de convocar a los dos órganos asesores de mayor peso en el Ministerio Público. La Junta de Fiscales de Sala también se ha reunido esta mañana. Muchos le han respaldado, aunque en la reunión no han faltado voces críticas que reclaman su dimisión. Al menos ocho se han pronunciado claramente a favor de su salida a lo largo de una veintena de intervenciones. Algunas fuentes elevan la cifra a una decena.

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García Ortiz acordó citar a la cúpula de la carrera y al Consejo "para hacerles partícipes de la decisión de no dimitir, proporcionar las explicaciones oportunas y escuchar cuanto tengan a bien manifestar sus integrantes". En ambas reuniones, ha desarrollado lo que ya apuntaba el comunicado que hizo público tras conocerse la postura del alto tribunal.

Para él, la continuidad en el cargo "es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo", dado que apartarse mostraría la debilidad del Ministerio Público ante acusaciones de investigados. También duda del avance de la investigación abierta y las posibilidades de que se pruebe si fue él quien filtró los correos del novio de Ayuso sobre los que se centrará el procedimiento, como apunta el tribunal en su auto.

En el caso de la Junta, fiscales del peso del jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y la exfiscal general del Estado María José Segarra han expresado dudas, pese a mostrarle de forma expresa su apoyo y afecto personal. Diez de los presentes también han expresado su apoyo expreso.

Otros, como los fiscales del procés Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, se han opuesto a su decisión de continuar, aseguran fuentes conocedoras de la reunión. Su criterio es que debe irse para salvaguardar la imagen de la institución.

Al sector crítico se sumaron el exmagistrado del Tribunal Constitucional, Antonio Narváez; la fiscal de Delitos Informáticos, Elvira Tejada; el de Menores, José Javier Huete; y el adscrito a la Sala de lo Civil del Supremo, José Miguel de la Rosa. Algunas de las fuentes consultadas incluyen en este grupo que pone pegas a la continuidad al propio Luzón, a la fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, Pilar Martín Nájera, y a la fiscal Antidroga, Rosana Morán, que consideran que seguir puede ser un error. Otros dos han expresado su "preocupación institucional".