Emisarios del PSOE ofrecieron la amnistía a Zaplana y González si daban datos contra el PP

Emisarios del PSOE se han reunido con exdirigentes del Partido Popular investigados en causas judiciales para ofrecerles entrar en la amnistía o rebajar sus respectivas acusaciones a cambio de información sensible sobre la formación de Alberto Núñez Feijóo. Los encuentros comenzaron en otoño de 2023 y se prolongaron al menos hasta el pasado septiembre, cuando El Confidencial desveló que Ferraz había diseñado una operación de propaganda contra jueces, fiscales, periodistas y dirigentes de partidos de la oposición.

Según han explicado a El Confidencial fuentes implicadas en la campaña del PSOE, entre los contactados figuran el exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, que este mismo martes fue condenado por corrupción a 10 años y 5 meses de cárcel; el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, investigado en varias piezas del caso Lezo; el exsecretario de Estado de Seguridad de la etapa de Mariano Rajoy Francisco Martínez, acusado en la operación Kitchen; y altos cargos de la Policía Nacional durante los últimos gobiernos del PP.

El acercamiento del PSOE a estos exresponsables del PP fue supervisado por el secretario de Organización de Ferraz, Santos Cerdán, y contó con la participación activa de varias personas de su máxima confianza, como su fontanera de cabecera, la exdirectiva de Correos y militante del partido Leire Díez Castro; la periodista y directora de un medio digital P.L.L., y un empresario investigado en la Audiencia Nacional por fraude a las subvenciones públicas y blanqueo de capitales.

En algunas fases de la negociación también participaron representantes de Junts per Catalunya, especialmente en los meses en los que el partido de Carles Puigdemont y el PSOE estaban negociando el texto definitivo de la ley de amnistía, entre finales de 2023 y comienzos de 2024. Ambas formaciones contemplaron que exresponsables del PP pudieran beneficiarse de la medida de gracia a cambio de que proporcionaran datos comprometedores de su antiguo partido para la comisión de investigación del Congreso sobre la operación Cataluña, incluida en el acuerdo de Junts y PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.

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Las conversaciones llegaron a generar un intercambio de documentos. PSOE y Junts trasladaron a los investigados en Kitchen, por ejemplo, que era factible modificar el artículo 1, punto 1, letra e) de la ley de amnistía para recoger explícitamente su situación.

En concreto, según la propuesta, a la que ha tenido acceso El Confidencial, el borrador inicial de la ley de amnistía planteaba que el perdón abarcara “las acciones realizadas en el curso de actuaciones policiales o administrativas dirigidas a dificultar o impedir la realización de los actos determinantes de responsabilidad penal o administrativa comprendidos en este artículo o para conseguir fines distintos a los previstos en el ordenamiento jurídico aunque hayan sido realizadas por los órganos superiores o directivos o toleradas por estos, cualquiera que sea su calificación jurídica, salvo en los casos de enriquecimiento personal”.

PSOE y Junts ofrecieron al exsecretario de Estado de Seguridad y los mandos policiales del PP varias alternativas. Una era incluir los supuestos de acciones “dirigidas o inducidas por los órganos superiores o directivos de la Administración General del Estado”. Otra posibilidad era reescribir el artículo para abarcar expresamente a los “miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado” que hubieran empleado “recursos públicos o ejercido potestades públicas para dificultar o impedir la realización de los actos” del procés.

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Finalmente, no se produjo un acuerdo. Pesó la desconfianza de los exdirigentes del PP, que no veían ninguna relación entre sus casos y los supuestos que habían motivado la aprobación de la amnistía, así como la resistencia de algunos sectores de Junts a favorecer a investigados en casos de corrupción y el caso Kitchen.

La versión definitiva de ese punto de la norma contempla únicamente “las acciones realizadas en el curso de actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir la realización de los actos determinantes de responsabilidad penal o administrativa comprendidos en este artículo” y solo se ha aplicado a los agentes de la Policía y la Guardia Civil que intervinieron en Cataluña el 1-O o en movilizaciones relacionadas.

Con todo, los miembros de las cloacas del PSOE siguieron en contacto con los cargos del PP hasta hace semanas. Después de enero, Ferraz ya no ofreció la amnistía, sino usar al Ministerio Público para aliviar la acusación que afrontaba cada uno de ellos en sus respectivos procesos penales. A cambio, tenían que ratificar la autenticidad de audios y documentos perjudiciales para el PP o facilitar nueva información sobre el origen de los casos de corrupción que afectan al PSOE en Andalucía, como los ERE, o sobre la implicación de Génova en la operación Cataluña contra el independentismo, entre otros escándalos.

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Bajo el liderazgo de Cerdán, la exdirectiva de Correos Leire Díez Castro, la periodista P.L.L. y el empresario J.P.D. trasladaron el ofrecimiento a los dirigentes del PP en encuentros que no habían trascendido hasta ahora. Ferraz necesitaba de llenar de contenido la comisión de investigación sobre la operación Cataluña, reactivada por el PSOE esta misma semana, y levantar urgentemente una cortina de humo sobre las diligencias contra Begoña Gómez y la trama de José Luis Ábalos. Sin embargo, la publicación el pasado 16 de septiembre de esta operación en El Confidencial frustró este movimiento.

Como desveló este diario este martes, P.L.L. recibió entre 2022 y 2023 transferencias por valor de 300.000 euros de uno de los accionistas de Banca Privada de Andorra (BPA), Higini Cierco, por supuestos servicios de asesoría de comunicación. De los 300.000 euros, al menos 100.000 fueron posteriormente transferidos por P.L.L. al empresario J.P.D.