El Congreso ignora al Senado y envía la 'ley Txapote' al BOE

El Congreso ha decidido ignorar la maniobra del PP en el Senado y su presidenta, Francina Armengol, ha dado orden de enviar al BOE la ley 7/2014 que beneficiará a los presos de ETA con años cumplidos en Francia. De manera sorpresiva, el presidente del Senado, Pedro Rollán, se negó ayer a promulgar el texto y devolvió la norma al Congreso tras el rechazo enérgico de la mayoría de la Cámara Alta a la polémica modificación normativa, que llegó del Congreso con el voto unánime de los grupos después de una tramitación silente destapada por El Confidencial. Pese a que el Senado no hizo en tiempo y forma uso de su potestad constitucional para vetar o enmendar la ley, Rollán, del PP, se negó a enviar el texto para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

"La voluntad expresada por el Pleno debe prevalecer sobre si se entra por registro un papelito a tiempo o no", defienden fuentes de la Presidencia de la Cámara Alta a este periódico tras pedir un informe de la letrada mayor. Pero el Congreso, con mayoría del PSOE y sus aliados, se ha impuesto: no se celebrará otro pleno en la Cámara Baja ni habrá otra votación.

La decisión se ha tomado tras analizar las recomendaciones de los servicios jurídicos de la Cámara. La Mesa, con mayoría del PSOE y Sumar, ha resuelto que se deben respetar los procedimientos y que, al no haber mediado veto o enmiendas del Senado, la lay orgánica 7/2014 sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, ha quedado validada. "La letrada del Senado, con la que diferimos abiertamente, nos dice que la mayoría absoluta lo puede todo. No. En democracia no lo puede todo. Están en el error permanente, tensionando los sistemas parlamentarios. La Constitución está por encima del Reglamento del Senado", señalan fuentes socialistas de la Mesa en la Carrera de San Jerónimo.

Se trata de "un caso inédito", según se indica en el informe de los servicios jurídicos a los que recurrió el presidente de la Cámara Alta. Rollán sorprendió a todos justo al término de la votación —que se saldó con una mayoría absoluta de 148 votos en contra de PP, Vox y UPN; 111 a favor, con el aval del PSOE y los grupos independentistas; dos abstenciones de los representantes de las agrupaciones de El Hierro y la Gomera, y dos ausentes, un senador popular y otro de Junts—. Según la tesis que defiende la letrada mayor de la Cámara, Sara Sieira, en un informe redactado de urgencia el pasado 11 de octubre, el rechazo mayoritario del pleno del Senado debe considerarse un "veto" que deberá ahora ser levantado por el Congreso. Rollán anunció que así se lo transmitiría a la Presidencia del Congreso y del Gobierno, por tratarse de un proyecto de ley emanado del Consejo de Ministros, aunque modificado con notable ocultismo por los grupos aliados del PSOE.

El anuncio por sorpresa de Rollán provocó un enorme alboroto en el hemiciclo, con los senadores del PP en pie aplaudiendo la decisión y los representantes del PSOE protestando y pidiendo la palabra. El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, solicitó explicaciones a Rollán a la salida del Pleno, pero este le insistió en que notificaría la decisión al Congreso y a Moncloa. Espadas le replicó que él mismo comunicaría lo sucedido al presidente, Pedro Sánchez. La decisión de Rollán no cuenta con precedentes, y fuerza otro choque institucional entre las dos Cámaras que podría desembocar, de nuevo, en el Tribunal Constitucional. Será el PP en el Senado el que decida si eleva recurso, aunque no podrá evitar que los presos se vean ya favorecidos porque una vez que entra en vigor podrán beneficiarse de la ley más favorable.

Fuentes cercanas a la Presidencia del Senado ratificaron ayer que defenderán hasta el final la "voluntad soberana" de la Cámara Alta frente a la promulgación de un texto que "no responde a la voluntad del legislador", en alusión a la negligencia que tanto PP como Vox cometieron en el Congreso al pasar por alto la enmienda de Sumar que permite facilitar la excarcelación de presos etarras. La oposición no sólo avaló por unanimidad el polémico proyecto de ley en el Congreso el pasado 18 de septiembre, sino que tampoco introdujo enmiendas ni vetos en el plazo establecido para ello en el Senado. Cuando El Confidencial informó del contenido real de lo aprobado, el pasado 7 de octubre, ya no había margen de maniobra parlamentaria.

Por eso, se entendía que la votación de este lunes en el Senado era accesoria, ya que fuese cual fuese el resultado no impediría que la norma saliera adelante de forma definitiva y se publicase en el BOE. Y a última hora el PP encontró "un vacío legal" por el que se coló gracias a su mayoría absoluta, como reconocen fuentes parlamentarias, y que anticipa un choque jurídico entre las dos Cámaras. Rollán no utilizó la vía que había exigido Vox en los últimos días, cuyo grupo había solicitado retorcer el Reglamento para suspender el pleno de este lunes y abrir un nuevo plazo de presentación de enmiendas, una vía que el PP veía imposible.

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La tramitación de la reforma de la ley 7/2014 entra ahora en el terreno de lo desconocido. En el equipo de Francina Armengol avisaron que, una vez recibida la documentación de la "inédita decisión" del Senado, activarían a los servicios jurídicos del Congreso para que estudien si procede convocar o no un Pleno para levantar el sorpresivo veto de la Cámara Alta o, por el contrario, rechazan su argumentación y abren un choque institucional. La resolución ha llegado este martes. Se da por concluida la tramitación. "La expresión del Pleno debe tenerse en mayor consideración que si se registra a tiempo un simple papelito", inciden en el entorno de Pedro Rollán, donde se conjuran para mantener el pulso al Gobierno.

El resultado de las elecciones generales del 23-J dibujó un esquema político casi irrespirable. La mayoría de la que goza el Gobierno en el Congreso choca con el control absoluto del PP en el Senado, y provoca conflictos de atribuciones que ya han acabado en los tribunales. Hay que recordar que hace sólo unos meses, el PSOE recurrió al Tribunal Constitucional la decisión de la Presidencia de la Cámara Alta de reformar el Reglamento para dilatar la tramitación de la ley de amnistía, con la que obvió la petición de procedimiento de urgencia solicitada por el Ejecutivo.

En este caso, el informe de la letrada mayor del Senado da la razón al argumento del PP, y establece que "ante la falta de precedentes y a la vista de lo señalado por la sentencia del Tribunal Constitucional 97/2002, [el rechazo del Senado a la conocida como ley ECRIS] puede considerarse como un veto, dando lugar por consiguiente a la vuelta del texto al Congreso de los Diputados". "Debe primar la voluntad real manifestada por la Cámara frente a una aplicación del Reglamento del Senado que, por excesivamente rígida y formalista, no sea conforme con la Constitución", recoge el texto.

Opinión

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El escrito rubricado por la letrada Sara Sieira trae a la memoria una sentencia del TC sobre una proposición de ley de 1995 para declarar como reserva natural Las Salinas de Ibiza. La Mesa del Congreso entendió entonces que, al no haberse aprobado veto ni enmiendas en el Senado —como ha ocurrido ahora con la ley sobre los presos de ETA—, el texto quedaba definitivamente aprobado. Esa consideración derivó en un recurso de inconstitucionalidad, que confirmó que la proposición de ley debía ser promulgada, ya que el rechazo del Senado se materializó solo con mayoría simple. En el caso actual, y es a lo que se aferra tanto la letrada como el PP, la ley ECRIS se ha rechazado con la mayoría absoluta del Pleno de la Cámara Alta. El debate jurídico está servido.

El PP busca ganar el "relato" al Gobierno

Génova lleva siete días intentando nadar hacia la superficie por el "error injustificable" que cometió en el Congreso de los Diputados al avalar, tanto en la Comisión de Justicia como en el Pleno, una reforma legal sin percatarse de los efectos que podía tener para los presos de ETA, y que enfanga una de sus grandes banderas políticas: la lucha contra el terrorismo.

En el partido son conscientes de que la inesperada maniobra en el Senado les permite, como mucho, morir en la orilla. Porque el Congreso, aunque habilite el Pleno para levantar el veto de la Cámara Alta, ratificará el proyecto de ley con los votos del Gobierno y los partidos independentistas. Alargar el debate puede ser incluso contraproducente para un PP que ha intentado dar carpetazo al bucle de su equivocación, y que ha provocado además una enorme crisis en el partido. Pero están decididos a dar "la batalla", intentar enmendar su error y, al menos, ganar el "relato" al Gobierno con la ya conocida como 'ley Txapote'. "Al menos debe notarse que lo luchamos", argumentan fuentes parlamentarias, "y que si vuelve al Congreso podamos votar que no".

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Los populares quieren demostrar el argumento bajo el que han blindado su decisión de "colectivizar" el error y no depurar responsabilidades, como exigían a Feijóo a la interna: que su voto en contra no hubiese servido de nada para frenar la polémica normativa y que la decisión última pertenece única y exclusivamente al Gobierno. Por si fuera poco, el Congreso debate este martes una proposición de ley del PP para evitar que condenados a terrorismo puedan presentarse a elecciones, por lo que todo el foco parlamentario vuelve a situarse, de nuevo, en ETA.

El portavoz del grupo socialista, Patxi López, ha defendido la decisión de la Mesa del Congreso. "Como no hay veto, al Boletín Oficial. (El PP) se han enfandado mucho, han decidido no participar y no votar. Esto es como el niño que se enfada y no respira... Pues te morirás pero no vas a conseguir absolutamente nada", ha explicado Patxi López. "Es de primero de ciencias políticas", ha resumido el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón.