El PP estudia llevar al TC a Armengol por ignorar al Senado y promulgar la ley sobre presos de ETA
Los populares sopesan presentar un recurso de inconstitucionalidad o de amparo después de que el Congreso haya desoído el "veto" del Senado. Vox presiona a Rollán para que abra un conflicto en los tribunales
El último choque institucional entre Congreso y Senado por la polémica reforma que facilita la excarcelación de presos de ETA está camino de desembocar en los tribunales. Aunque en un principio estaba previsto que la respuesta a la inédita negativa del presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, a promulgar el texto y devolverlo al Congreso se tratase la próxima semana, Francina Armengol aceleró este martes desdeñando la maniobra de los populares y enviando la polémica ley al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor. El foco vuelve a situarse en el Senado, que deberá decidir hasta dónde quiere extender el conflicto de atribuciones. Y la vía que suena con fuerza es la del Tribunal Constitucional.
El PP estudia a esta hora las opciones jurídicas con las que cuenta para tratar de obstaculizar la norma y defender la "voluntad soberana" de la Cámara Alta. En un movimiento sin precedentes y fundamentado en un informe de la letrada mayor del Senado, Rollán devolvió este lunes la modificación de la ley 7/2014 a la Cámara Baja al entender como un "veto" a la norma la negativa de la mayoría absoluta del Pleno del Senado a avalarla, con la esperanza de que el Congreso convocase un pleno para levantar dicho veto antes de su aprobación definitiva y forzar, con ello, a que los diputados del PSOE "se retraten" ante la polémica norma. "Se abre un nuevo escenario", defendían en el PP.
El movimiento sólo sirve para retrasar la promulgación de la ley, pero el PP se apunta el tanto de haber "luchado hasta el final" para enmendar el controvertido error parlamentario, desvelado en exclusiva por El Confidencial, por el que votó a favor de la controvertida reforma al no percatarse de los efectos que tendría para los presos de ETA. El PP tampoco encendió las alarmas en el Senado, donde no introdujeron en tiempo y forma vetos o enmiendas. Pero, una vez asumida la negligencia, estudian dar la batalla frente a Armengol aunque ello desemboque en un nuevo conflicto institucional en las Cortes.
Armengol vuelve a poner al Congreso al servicio del sanchismo: abusa de su poder para que Sánchez cumpla su pacto encapuchado.
— Alicia García (@AliciaGarcia_Av) October 15, 2024
Desde el @PPSenado defendemos la mayoría absoluta que ha refrendado el Pleno del @Senadoesp para rechazar y vetar una ley indigna. pic.twitter.com/h8DF3vHhgr
Fuentes cercanas a la Presidencia del Senado, controlada por el PP, desmenuzan las dos opciones que se abren tras la decisión de la Mesa del Congreso, dominada por PSOE y Sumar. La primera vía es la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el TC "que tendría que estar sustentado por 50 diputados o 50 senadores". Y la segunda es el registro de un recurso de amparo en este mismo tribunal, que en este caso podrían impulsar "aquellos senadores que han votado afirmativamente al veto del conjunto de la ley".
Explican que, en todo caso, para la presentación de cualquiera de las dos iniciativas no sólo es necesario que se haya producido una "comunicación" de la decisión de Armengol, sino también la "publicación" de la propia ley en el BOE. "Es la constatación de que se está incumpliendo la propuesta de veto que se ha remitido por parte del Senado. Y a partir de ese preciso momento, se da pie al recurso de inconstitucionalidad o de amparo", aclaran.
El PP tiene, por tanto, unos "días" para decidir su próximo paso, que es lo que tardará la norma en entrar en vigor. En el partido estudian si es el paso más acertado, teniendo en cuenta la profunda "desconfianza" esgrimida por Génova en multitud de ocasiones sobre el Tribunal Constitucional y sobre su presidente, Cándido Conde-Pumpido. En cualquier caso, y aunque eleve el recurso, el PP no podrá evitar que los presos se vean ya favorecidos, porque una vez entre en vigor éstos podrán beneficiarse de la ley más favorable para acortar sus condenas.
El informe de los servicios jurídicos de la Cámara Alta avalan el sorprendente volantazo de Pedro Rollán pese a reconocer que es un "caso inédito" que no cuenta con precedentes. "Debe primar la voluntad real manifestada por la Cámara frente a una aplicación del Reglamento del Senado que, por excesivamente rígida y formalista, no sea conforme con la Constitución", concluía. La Mesa de la Carrera de San Jerónimo, tras consultar a sus servicios jurídicos, difieren de esta argumentación. "La letrada del Senado, con la que diferimos abiertamente, nos dice que la mayoría absoluta lo puede todo. No. Están en el error permanente, tensionando los sistemas parlamentarios", defendían fuentes socialistas con presencia en el órgano de gobierno en el Congreso.
Vox pedirá amparo al TC
Vox, por su parte, empuja al PP a utilizar su mayoría absoluta en el Senado para abrir un conflicto institucional con el Congreso ante el TC por ignorar su veto a la normativa. El escrito que se ha remitido a la Mesa de la Cámara Alta se apoya en los artículos 73 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional "por el manifiesto ataque a las funciones constitucionales del Senado".
El partido de Santiago Abascal también erró en la tramitación de la modificación legal que permitirá abaratar las condenas de presos de ETA, y votó a favor de la normativa en el Pleno del Congreso del pasado 18 de septiembre. En su propia batalla para enmendar su equivocación, Vox ha registrado también este martes un escrito en el Congreso por el que exige a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, a celebrar un pleno en el Congreso "como reglamentariamente procede" para considerarse "levantado el veto del Senado" y proceder a la aprobación definitiva de la ley. Si no lo hace, amenazan desde Vox, sus diputados interpondrán un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por "vulneración de derechos".
El último choque institucional entre Congreso y Senado por la polémica reforma que facilita la excarcelación de presos de ETA está camino de desembocar en los tribunales. Aunque en un principio estaba previsto que la respuesta a la inédita negativa del presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, a promulgar el texto y devolverlo al Congreso se tratase la próxima semana, Francina Armengol aceleró este martes desdeñando la maniobra de los populares y enviando la polémica ley al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor. El foco vuelve a situarse en el Senado, que deberá decidir hasta dónde quiere extender el conflicto de atribuciones. Y la vía que suena con fuerza es la del Tribunal Constitucional.
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