A por el cuarto intento de salvar a Junqueras: indulto, reforma, amnistía y otra vez indulto

La sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Oriol Junqueras por sedición y malversación cumplió este lunes cinco años. A las 9:26 del 14 de octubre de 2019, el tribunal que presidía el magistrado Manuel Marchena notificó su decisión: "13 años de prisión y 13 años de inhabilitación absoluta". El Gobierno de Pedro Sánchez ha promovido distintas medidas para dejar sin efecto esa condena desde entonces, centrándose primero en sacarle de la cárcel y después en blindar su vuelta a la primera línea política. Ese segundo objetivo aún no se ha logrado, pero la Fiscalía anunció este mismo lunes que apoyará la concesión de un nuevo indulto a Junqueras para conseguirlo.

La encargada de abrir la puerta a esa posibilidad ha sido la teniente fiscal del Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde. Como número dos del fiscal general del Estado, ella sustituyó a los cuatro fiscales que llevaban el procedimiento del procés el pasado junio, cuando rechazaron la orden de García Ortiz de apoyar una amnistía total para los líderes independentistas y fueron apartados. Sánchez Conde tomó las riendas en su lugar y ahora aboga por una nueva medida de gracia para Junqueras.

"La concesión del indulto parece pertinente al ser excesivo que se siga cumpliendo la pena de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias en que el delito se cometió y a que a otros intervinientes en hechos que se enmarcan en el denominado proceso independentista catalán vayan a ver extinguida de modo total su responsabilidad penal sin ser enjuiciados", defiende Sánchez Conde en el informe que remitió este lunes al Supremo y que se hace eco de la petición que un ciudadano particular presentó el pasado verano. La decisión final está ahora en manos del Gobierno. Si activa esa vía, sumaría ya cuatro intentos de salvar a Junqueras desde que fue condenado.

Del indulto a la amnistía

Nada más notificarse la sentencia del procés hace ahora cinco años, Pedro Sánchez manifestó su "absoluto respeto y acatamiento". El presidente aseguró también "su íntegro cumplimiento" a través de una declaración institucional, pero, apenas un año después, comenzó el trámite de los indultos para sacarlos de prisión. El anuncio coincidió con el inicio de las negociaciones para los Presupuestos y el proceso se alargó nueve meses. Pese a los avisos de los cuatro fiscales del procés y del Supremo de que no había prueba o indicio alguno de arrepentimiento por su parte, el Gobierno terminó por indultar a Junqueras y los otros ocho condenados a prisión en junio de 2021.

"Las razones de utilidad pública que motivan esta decisión, esta medida de gracia, tienen que ver con la necesidad de restablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española", defendió Sánchez en una nueva declaración institucional. "El Gobierno de España ha tomado esta decisión porque es la mejor para Cataluña, porque es la mejor para España". El presidente también remarcó que se trataba de "Indultos parciales" y, por tanto, se mantenían "las condenas por inhabilitación", pero año y medio después, en noviembre de 2022, abrió la puerta a cambiar ese aspecto tras llegar a otro acuerdo con ERC.

El pacto consistió en una reforma del Código Penal para eliminar la sedición y reescribir la malversación. Al tratarse de los dos delitos sobre los que se apoyaban las condenas del procés, allanaba el camino para la vuelta a la primera línea política de Junqueras, además de poner en riesgo la orden de búsqueda y captura contra Carles Puigdemont. "Va a ser una iniciativa que ayude a distender la situación en Cataluña", se justificó Sánchez en esta ocasión. "Vamos a presentar una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición y reemplazarlo por otro homologable al que tienen otras democracias como la alemana, la francesa, la italiana, la belga o la suiza".

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Antonio Fernández

Ese nuevo delito fue el de desórdenes públicos, pero ni el magistrado Pablo Llarena ni el tribunal que preside Manuel Marchena se lo aplicaron a Puigdemont y Junqueras. Según concluyeron, los actos que ambos habían llevado a cabo durante el procés no podían ser calificados como desórdenes, por lo que, en su lugar, pasaron a estar procesado y condenado respectivamente por los delitos de desobediencia y malversación. En la práctica, este cambio conlleva que Puigdemont siga enfrentándose a una dura condena de cárcel y Junqueras a 13 años de inhabilitación. Pese a ello, otros condenados sí se beneficiaron de la reforma y el Supremo avisó de que, al derogar la sedición, el Gobierno había dejado "un vacío normativo" que impedía perseguir "conductas gravemente atentatorias al sistema constitucional" como las del 1'O.

No conformes con ese último cambio, a finales de 2023 llegó el pacto de la amnistía. Sánchez necesitaba los votos de Puigdemont para mantener la presidencia y no dudó en enviar al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para negociar su 'perdón' definitivo en Bruselas. "Las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud", llegó a afirmar el presidente durante la sesión de investidura. "La amnistía que planteamos es perfectamente legal y es acorde con la Constitución".

Esta nueva maniobra del Gobierno volvió a toparse con el Supremo, que el pasado julio concluyó que la malversación de Puigdemont y Junqueras no era amnistiable y, por tanto, mantuvo tanto la orden de detención contra el primero como la inhabilitación hasta 2031 del segundo. "Lo que no pueden hacer los tribunales es extralimitarse", criticó el ministro de Transportes, Óscar Puente, semanas después. A falta de que se resuelvan los recursos y de que el Tribunal Constitucional se pronuncie, surge entonces el posible indulto para el exvicepresidente catalán, una vía que la número dos de García Ortiz no ha dudado en apoyar ya para acabar con la "desafección" en Cataluña.