La Fiscalía apoya ahora indultar de nuevo a Junqueras tras el fracaso de la amnistía

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, ha apoyado la petición de conceder un nuevo indulto al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras después de que el alto tribunal concluyera el pasado julio que la ley de amnistía no es aplicable a su delito de malversación. Esta maniobra permitiría al líder independentista volver a la primera línea de la política y pondría fin a una inhabilitación que en principio no expira hasta 2031. La decisión final está en manos del Gobierno.

La solicitud de conceder un nuevo indulto a Junqueras fue promovida por un ciudadano catalán a título personal el pasado julio. El Ministerio de Justicia envió en septiembre un oficio al Tribunal Supremo para que se pronunciara al respecto y ahora la número dos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha emitido un informe en el que apoya la propuesta.

"La concesión del indulto parece pertinente al ser excesivo que se siga cumpliendo la pena de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias en que el delito se cometió y a que a otros intervinientes en hechos que se enmarcan en el denominado proceso independentista catalán, vayan a ver extinguida de modo total su responsabilidad penal sin ser enjuiciados", argumenta Sánchez Conde en un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial. "Por todo, la teniente fiscal del Tribunal Supremo apoya la presente petición de indulto".

Sánchez Conde ha emitido este informe después de que los cuatro fiscales que participaron en el juicio del procés fueran apartados de la causa el pasado junio, cuando se negaron a acatar las órdenes de García Ortiz y argumentaron que la amnistía no era aplicable al delito de malversación, como concluyó posteriormente el Supremo. De hecho, esos mismos cuatro fiscales también se opusieron a la concesión del primer indulto por parte del Gobierno a los líderes del proces, para lo que apuntaron a la gravedad de los hechos y a la ausencia de razones de justicia, equidad o utilidad pública que justificasen la medida de gracia.

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Ese criterio respecto a los indultos cambia ahora de manera radical con la número dos de García Ortiz, quien incide en que "la exposición de motivos" que incluye la propia ley de amnistía justifica la norma como "un paso necesario para superar las tensiones referidas y eliminar algunas de las circunstancias que provocan la desafección que mantiene alejada de las instituciones estatales a un parte de la población".

Según defiende Sánchez Conde, la sentencia del procés que dictó el Supremo en 2019 es precisamente "uno de los hitos" que han provocado esa "desafección". "Tal vez el más importante", afirma. "No se entiende que dicha persona no puede ser amnistiada y la ley sí puede ser de aplicación a aquellos aún no enjuiciados y que no han sido objeto de condena ni han comenzado a cumplirla", denuncia la teniente fiscal del Supremo.