El PP delega en Marimar Blanco el espinoso debate de los presos de ETA en el Senado
Los populares votarán en contra de la controvertida ley para enmendar su negligencia en el Congreso, pero no podrán frenar la norma que beneficia a más de cuarenta etarras. Encargan la fijación de posición a la hermana de Miguel Ángel Blanco
Hacía tiempo que no se vivía en el PP una semana tan convulsa como la última. La negligencia parlamentaria, destapada por El Confidencial, de haber respaldado una reforma legal impulsada por el Gobierno que permitirá abaratar penas a presos de ETA ha abierto una importante crisis interna que Génova se apresura a suturar. Al paseíllo de la "vergüenza" de los últimos días aún le queda un episodio clave: el próximo lunes 14 de octubre, el Senado deberá debatir y votar la controvertida ley.
No obstante, el resultado de la votación no tendrá efecto alguno en la aprobación final de la norma. Pero, por suerte o por desgracia, servirá al PP para resucitar el tema, explicar el trasfondo de su error parlamentario, y desviar toda la carga de responsabilidad al Gobierno. El espinoso debate no estará comandado por la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, sino que el PP delega el espinoso debate a la senadora Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, que asumirá la fijación de la posición del Partido Popular.
Fuentes parlamentarias explican que, con este movimiento, buscan "retratar" a los senadores del PSOE e intentar remover conciencias teniendo que justificar su previsible voto a favor frente a una víctima del terrorismo. El propio Alberto Núñez Feijóo quiso escenificar también el pasado miércoles un cierre de filas con las asociaciones con la irrupción de Marimar Blanco en el pleno del Congreso justo en el momento en que Pedro Sánchez estaba interviniendo en la tribuna de oradores con motivo de una comparecencia extraordinaria para hablar de inmigración, aunque todo el foco se lo llevó la polémica normativa.
Este lunes finaliza el plazo con el que cuenta el Senado para tramitar la modificación de la ley 7/2014. Se trata de la trasposición de una directiva europea sobre antecedentes penales que todos los partidos apoyaron, pero que incluye la derogación de una excepción que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2014 para impedir que los presos de la banda terrorista se beneficiasen de un cómputo más favorable de las penas por la legislación europea. El PP no se percató de los efectos de la reforma legal que el Gobierno había colado sin mediar explicación. Y no reparó en la negligencia a lo largo de todo el trámite parlamentario.
Los populares no sólo votaron a favor del texto en el seno de la Comisión de Justicia y en el pleno del Congreso, sino que la norma llegó al Senado y tampoco se introdujeron enmiendas ni vetos. Y no cayeron en el error hasta que este medio destapó la polémica el pasado lunes. Es por esto que Génova ya no tiene margen de actuación parlamentaria para revertir la normativa. Sólo intentó ganar un poco de tiempo aplazando el último debate en el Senado para instar al Ejecutivo a retirar una ley con la que satisface una de las grandes reivindicaciones de EH Bildu. Pero el Gobierno se niega en rotundo, y afea al PP sus "cambios de opinión".
Vox alienta un choque institucional en el Senado
Vox, por su parte, ha registrado este viernes un escrito de reconsideración a la Mesa del Senado para que acepte las enmiendas que el partido de Santiago Abascal ha presentado fuera de plazo, y frenar con ello la controvertida ley orgánica que permitirá una temprana excarcelación de algunos presos de ETA. Igual que el PP, el partido ultraconservador también erró en el trámite parlamentario y no se percató de los efectos de la normativa.
Los de Abascal advierten de la necesidad de "enmendar la situación", y exige al PP que haga uso de su mayoría absoluta en la Cámara Alta para paralizar el trámite, lo que desencadenaría un choque institucional por la vulneración del Reglamento. Vox advierte de la "evidente alarma social" y de la "injusticia" del caso que debe llevar al PP, que preside la Mesa del Senado, a adoptar "medidas extraordinarias". En el PP niegan la mayor y advierten de la ilegalidad de la propuesta de Vox. "No hay nada que hacer", sentencian.
Hacía tiempo que no se vivía en el PP una semana tan convulsa como la última. La negligencia parlamentaria, destapada por El Confidencial, de haber respaldado una reforma legal impulsada por el Gobierno que permitirá abaratar penas a presos de ETA ha abierto una importante crisis interna que Génova se apresura a suturar. Al paseíllo de la "vergüenza" de los últimos días aún le queda un episodio clave: el próximo lunes 14 de octubre, el Senado deberá debatir y votar la controvertida ley.
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