El PP exige un 'chivo expiatorio' para taponar la crisis de los etarras pese a los reparos de Génova

"No queda otra. Alguien debe asumir la responsabilidad en primera persona". El Partido Popular es desde el lunes un hervidero y los cuchillos vuelan en todas direcciones. Génova intenta situar el foco de la "vergüenza" en el Gobierno y descarta emprender acciones internas por el "gravísimo" fallo parlamentario que permite recortar condenas a una cuarentena de presos de ETA. En el partido hay coincidencia en que la responsabilidad es "compartida" por los distintos filtros parlamentarios por los que ha circulado la modificación de la ley 7/2014 sin que nadie, ni diputados, ni asesores jurídicos, se percatasen del impacto de las enmiendas de Sumar. Pero se busca, sotto voce, un 'chivo expiatorio' para taponar la fuerte hemorragia interna.

Las críticas arrecian con fuerza en el PP por el "error injustificable", como lo calificó el propio Alberto Núñez Feijóo, que llevó al primer partido de la oposición —igual que a Vox y UPN— a avalar una reforma legal que dinamita su propio ADN político. Los teléfonos en Génova echan humo desde que El Confidencial adelantó en exclusiva la maniobra del Gobierno ante sus ojos, pero no podrá enmendar el "desastre", como lo califican dentro de la cúpula popular, ni frenar la ley. Por el momento, la dirección del PP tampoco atiende al ruido interno, se niega a tomar medidas internas y asume lo sucedido como un "error colectivo".

Mientras tanto, Vox dio ayer un primer paso al apartar de la Comisión de Justicia al diputado que ha sido ponente de la ley, Emilio del Valle, aunque no aceptó su dimisión después de que este pusiera su cargo a disposición del partido "habida cuenta del gran trabajo realizado en la actividad parlamentaria durante estos años". La dirección de Abascal también dice asumir "como coral" un "error que devasta el ánimo de todos sus diputados y reitera las disculpas a todos los españoles atónitos e indignados", según un comunicado difundido anoche.

El gesto, aunque tímido, mete más presión a los populares. Tras el movimiento de Vox, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, aseguró en la noche de este martes en Onda Cero que, a lo largo del día, varios diputados habían puesto su cargo a disposición del partido. En la cúpula del PP aseguran estar centrados ahora en "solucionar" el desatino legislativo y no en tomar medidas internas, y apremian al Gobierno a que retire su proyecto de ley antes de que entre en vigor tras su promulgación por las Cortes, el próximo día 15, haga lo que haga el Senado.

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Tellado convocó en la mañana del martes a los diputados que forman parte de la Comisión de Justicia con la intención de "recabar información" de los protagonistas, y les hizo patente su "enfado". "El trabajo era mejorable", sostienen en Génova, pero se reafirman en que Feijóo "no va a señalar a nadie en concreto" ni forzar ceses. Justifican, además, que era "muy difícil" detectar la "trampa" del Ejecutivo, al que insisten en situar como responsable único de la polémica normativa. "Nuestro voto en contra no hubiese evitado que se aprobase", argumentan. Lo mismo que dice Vox.

No obstante, las explicaciones de la dirección nacional del PP no diluye el malestar mayúsculo que se extiende en todas las capas del partido, donde se preguntan quién es el responsable. Multitud de dirigentes consultados por este medio coinciden en señalar como "primer eslabón" a los tres diputados del PP que participaron en la reunión de la ponencia de la controvertida reforma el pasado 31 de julio. Figuraban el diputado por Toledo, José Manuel Velasco; el sevillano Rafael Benigno Belmonte; y la diputada por Ourense, Ana Belén Vázquez.

Vázquez se ausentó de la reunión por "razones personales" -en otros grupos hubo bajas por la fecha veraniega-, y la reemplazó la portavoz de Justicia del PP en el Congreso, María Jesús Moro. Son los tres nombres que se repiten en las cuitas populares y a los que se señala sin remilgos. Pero no son los únicos. En el partido ha comenzado una especie de 'caza de brujas' y hay dirigentes que apuntan a que la diputada por Ourense es también la portavoz de Interior, y la que tiene relación con las asociaciones de víctimas, además de que "ha estado presente en todo el proceso" legislativo. Fuentes parlamentarias cargan sin mesura contra los citados diputados y atribuyen la negligencia a que "se querían ir de vacaciones".

La psicosis en el partido es total. Otro de los nombres que ha salido a la palestra es el de la portavoz adjunta en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, por su papel, dicen los críticos, en la supervisión de las cuestiones jurídicas del partido. La dirigente es también vocal adscrita en la Comisión de Justicia, aunque otras fuentes minimizan su responsabilidad. Además, se ha señalado, en privado, al vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, quien además de ser vicesecretario de Institucional y de Asuntos Europeos de Génova, asumió la cartera de Justicia al marcharse Enrique López. Fue él quien, en esas fechas, participó en la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial con el ministro.

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En última instancia, las voces consultadas subrayan también el nombre de Álvaro Pérez. El abogado coruñés pertenece a la órbita más estrecha de Alberto Núñez Feijóo. Desempeña el cargo de coordinador parlamentario, una especie de "enlace" entre los asuntos de las Cortes y la dirección de Génova, aunque muchos le describen como el 'gurú jurídico' del líder nacional. La ignorancia de PP y Vox ante el "gol" del Ejecutivo con la rebaja de las condenas a presos de ETA pone también la lupa sobre los asesores de los dos partidos de la derecha —suman 125 entre ambos—, y el papel de los expertos que el partido asignó para revisar la ponencia y la ley del área de Justicia.

En suma, en las filas de los populares reiteran la necesidad de que se depuren responsabilidades por el "error monumental" y por "respeto" a las asociaciones de víctimas. El polémico episodio con la controvertida ley ha desempolvado también otro debate en el partido. Son muchos los dirigentes de peso que se preguntan por la falta de un referente jurídico claro en Génova desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo. En su día existían perfiles muy diferenciados que ocupaban esa secretaría, como Enrique López o Rafael Catalá, exmagistrado del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia con Rajoy, respectivamente. Pero el líder popular designó a Pons como su interlocutor jurídico, un dirigente que cuenta con otras muchas atribuciones y competencias en el 13 de Génova, entre ellas las relaciones del partido en Bruselas. Y que el 1 de julio asumió su acta como eurodiputado.

En privado, se lamenta que, pese a contar con perfiles de alto nivel, experiencia y capacitación, se priorice en ocasiones a currículums más "políticos" que técnicos. Fuentes parlamentarias ejemplifican en este punto el caso de una abogada del Estado a la que el partido contrató para asuntos jurídicos, pero que abandonó a los pocos meses por estar orillada en los temas de mayor enjundia.

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Está por ver si la fuerte tensión interna termina haciendo mella en Génova, que insiste en alejar cualquier tipo de cese para subsanar un error del que hacen también responsables a los letrados de la Comisión de Justicia, si bien la función de este cuerpo de alta capacitación es vigilar que la tramitación se ajusta a Derecho, y en ningún caso deben entrar en el contenido de las leyes. Se da la circunstancia de que una de las letradas de esta Comisión es hermana de Pío García-Escudero, expresidente del Senado, y es una de las mayores expertas del país en técnica legislativa.

Para más inri, la presidenta de la AVT, Maite Araluce, pidió este mismo martes que se produjeran "dimisiones" por la desidia de los implicados en el trámite parlamentario. "Sólo con las disculpas no vale", estalló. Hay que recordar que, precisamente, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, telefoneó a Araluce el pasado lunes para pedir perdón y asumir en primera persona su responsabilidad política.

El hecho de no haberse percatado del fallo en todo el proceso provocó que el Senado tampoco presentase enmiendas o vetos. Sólo el Gobierno puede frenarlo, y ya ha descartado retirar la ley, que se convertirá en una realidad el próximo 14 de octubre. Unos 40 presos de ETA verán acortadas de golpe sus condenas, y una decena de ellos serán excarcelados en los próximos meses, incluido Txapote, el asesino de Miguel Ángel Blanco.