La Audiencia ve "justificada la investigación" y anticipa un largo calvario judicial para Begoña Gómez

Desde que agosto terminó y comenzó el nuevo curso, es decir, a lo largo de casi mes y medio, el Gobierno venía agitando la idea de que el procedimiento judicial sobre las actividades de Begoña Gómez estaba al borde del archivo. Este lunes la Audiencia Provincial de Madrid se ocupó, en un contundente auto, de sacar de su error a Pedro Sánchez y sus ministros. Las diligencias sobre la mujer del presidente del Gobierno no solo no están cerca de ser sobreseídas, sino que todo apunta a que se prolongarán durante un largo periodo. Lo que la instancia superior al juez Juan Carlos Peinado anticipa a lo largo de 23 páginas es la confirmación de que a Gómez le espera un calvario judicial que, en lugar de desaparecer, irá ampliándose.

Además de sacar al Ejecutivo de su ensoñación o de su esperanza —que no por repetida ha acabado materializándose—, el auto que firman tres magistrados se ocupa de desmontar buena parte de los argumentos que han esgrimido en contra del instructor tanto distintos ministros en declaraciones públicas como la defensa de la mujer del presidente en sus recursos.

En septiembre, Óscar Puente veía "inconcebible" el procedimiento y aseguraba que es "una investigación prospectiva prohibida por la ley". Pilar Alegría aseguraba ya en octubre que el magistrado encargado del caso está "pedaleando en la nada" con el objetivo de desgastar a Pedro Sánchez. Hace siete días, Óscar López lanzaba que "no hay nada" contra la esposa de Sánchez y remataba: "Aquí no hay ningún caso, hay una operación política para intentar conseguir fuera de las urnas lo que no se logró con ellas".

Ni prospectiva ni vacía de contenido. En opinión de la Audiencia Provincial, existen desde un inicio una serie de conductas vinculadas a Gómez con apariencia delictiva. "Prospectiva es la investigación que se inicia de forma indeterminada en búsqueda de posibles conductas delictivas sin una mínima concreción", dice el escrito de la Audiencia. Este caso no es así: parte por contra de "una conducta racionalmente sospechosa" e inicia "una amplia indagación" para comprobar si la mujer del presidente incurrió en un "ejercicio de influencia o promesa de ejercicio para condicionar la toma de decisiones públicas a cambio de ventajas indebidas".

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La Audiencia descarta además los intentos de la Fiscalía y la defensa de Gómez por agarrarse a un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, según defendían, "no ha encontrado irregularidades" en los contratos investigados. "No es del todo cierto", responden los magistrados. Y para evitar futuras interpretaciones sesgadas, recuerdan lo que ya dijeron el pasado mayo, cuando rechazaron otra petición de la Fiscalía de archivar la causa: "La denunciada podría estar amparándose en su condición de esposa del presidente del Gobierno para ofrecer su influencia personal de recomendación en la adjudicación".

El tribunal insiste para ello en que el informe de la UCO en ningún caso refleja lo que sostienen los recursos, sino que analiza las relaciones mantenidas por el grupo de empresas de Barrabés con la administración Pública y detecta 99 expedientes de contratación cuyo importe ronda los 25 millones. "En dichas adjudicaciones apreciábamos datos objetivos en los que se constataba la intervención personal de la denunciada en apoyo de las empresas de Barrabés y que justifican la investigación", explican los magistrados.

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La Audiencia sí ha ordenado cerrar la línea de investigación sobre su relación con Air Europa en plenas negociaciones para el rescate público de la aerolínea, pero incluso esa decisión tiene matices. Según advierten los magistrados, las pesquisas permanecerán cerradas "en tanto en cuanto no aparezcan hechos verdaderamente nuevos de contenido incriminatorio". Si, por el contrario, surge un nuevo hilo del que tirar, nada impedirá a Peinado retomar esas diligencias, que por ahora se limitaban a los expedientes de las ayudas públicas.

El resto de la investigación sigue intacta y la Audiencia deja caer que Peinado debería ir pensando en ampliarla. Sobre las adjudicaciones al empresario Juan Carlos Barrabés y su papel de profesor en uno de los másteres de Gómez en la Complutense, la resolución se muestra tajante: "La llamativa variación, cuantitativa y cualitativa, que experimenta la relación de las empresas del grupo Barrabés con la administración pública en proximidad temporal con la obtención de la cátedra y despegue de los másteres es verdaderamente significativa".

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Los magistrados tampoco dudan en ir un paso más allá y avisan de que ya no solo se trata de Barrabés, sino que "existen otras conductas relacionadas con otras empresas y entidades respecto de la creación, ideación, promoción, implementación y desarrollo de la cátedra y los másteres asociados que deben ser investigados". De hecho, señalan que ya hay otras dos querellas que se centran en el máster de la mujer de Sánchez en esta universidad.

Una de esas denuncias pide imputar nuevos delitos a Begoña Gómez por apropiarse de manera irregular del software que se desarrolló para su máster en la Complutense. La Audiencia concluyó en septiembre de que Peinado también debía hacerse cargo de esta denuncia y los magistrados vuelven a dejarlo caer en la resolución de este lunes. "Pende de pronunciamiento motivado del juzgado de instrucción número 41 sobre su admisión y acumulación", recuerdan.

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El aval, por tanto, no solo se limita al grueso de la investigación, sino también a una futura ampliación por el software del máster de Gómez. Como desveló El Confidencial, la mujer de Sánchez registró después esta aplicación informática en la Oficina Española de Patentes y además controla el 100% de las acciones de una empresa que lo ofrece: Transforma TSC SL. Los magistrados consideran que ese hecho añade una capa más a "la notitia criminis" por la que ya avalaron la investigación en mayo, pues además de "un interés profesional en el ámbito docente", la mujer del presidente también podría haber buscado beneficiarse "en el ámbito empresarial".

La resolución finaliza con una reflexión sobre el delito de tráfico de influencias, que es por el que Gómez se encuentra imputada junto al de corrupción en los negocios. Los magistrados reconocen que este delito es de "difícil concreción" y "compleja prueba salvo que exista algún informante interno", pero subraya de que el propio Parlamento Europeo insiste en una reciente directiva en la importancia del "comportamiento corrupto de aquellas personas que están o afirman estar cerca del poder y prometen influir en los procesos de toma de decisiones a cambio de ventajas indebidas".

En ese plano, los magistrados avisan de que no cabe desdeñar “las faltas de integridad, la ocultación de los conflictos de intereses o las infracciones graves de las normas deontológicas". Según advierten, esa clase de comportamientos también "pueden convertirse en actividades corruptas si no se les presta la atención suficiente”.