El Senado ya no puede parar la ley que beneficia a Txapote y otros presos de ETA
Al haber vencido el plazo de veto y enmiendas, la Cámara Alta no puede modificar la ley. El PP ha retrasado la votación, pero no podrá subsanar el error y quedará aprobada por las Cortes Generales una vez que pase por el pleno
Bolaños ofrece declaraciones este lunes. (Europa Press/Gabriel Luengas)
Por
Itziar Reyero
EC EXCLUSIVO
La reforma de la ley 7/2014 que acortará drásticamente las penas de cárcel a una cuarentena de presos de ETA, será promulgada por las Cortes Generales aun en el caso de sea rechazada en el Pleno del Senado, según confirman fuentes jurídicas. La Constitución reconoce a la Cámara Baja la potestad de vetar o enmendar una ley procedente del Congreso, como es el caso, pero al ser una tramitación urgente ha vencido ya el plazo y, vote lo que vote el PP, no podrá frenarla, como admiten ya en el grupo parlamentario del Senado.
El partido de Feijóo intenta ganar tiempo y estudiar qué hacer. Por ello, gracias a la mayoría absoluta que tiene en la Cámara Alta, ha retirado el punto del orden del día para poder aplazar la votación en el Senado. No obstante, el PP no tendrá excesivo margen: la Cámara Alta tiene de plazo hasta el 14 de octubre para pronunciarse sobre la ley. Tiene difícil resolución, asumen en el grupo parlamentario del PP, donde no se explican aún qué ha pasado exactamente y por qué. "Lo estamos estudiando", repiten desde primera hora fuentes del PP y de Vox. Los comités ejecutivos nacionales de ambos partidos han examinado en la reunión del lunes las consecuencias de su negligencia parlamentaria, que ha desatado una ola de reacciones por parte de las asociaciones de víctimas del terrorismo.
Tanto Génova como en la sede de Vox admiten el error mayúsculo, destapado este lunes por El Confidencial, de no haberse percatado de una modificación legislativa que llegó en marzo a las Cortes por un proyecto de ley del Ministerio de Justicia tramitado por la vía de urgencia. Se trataba de la reforma de la ley orgánica de 2014 sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la UE, que fue aprobada por unanimidad el pasado 18 de septiembre en el pleno del Congreso, 347 votos a favor, ninguna abstención, ningún rechazo.
Aunque el texto del Ejecutivo llegó limpio, en los trabajos de la ponencia de la ley Sumar logró meter dos enmiendas que son las que permitirán a los presos de ETA descontarse los años de prisión cumplidos en Francia. Se trata de dos retoques en el artículo 14.1 y la derogación de la disposición adicional única; un blindaje que el Gobierno de Rajoy logró incorporar -también en el Senado y a última hora en medio de una enorme polémica- en 2014 para evitar que los etarras se beneficiasen del nuevo cómputo previsto en una directiva marco de 2010.
Polémica en el Congreso por la reforma judicial que rebajará las penas de algunos etarras
En esta ocasión, la tramitación de ese cerrojo legislativo ha pasado totalmente desapercibida y Bildu verá cumplida por fin la que ha sido su gran demanda histórica en beneficio de los presos de ETA, además del acercamiento a las cárceles del País Vasco y de Navarra.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha saludado la iniciativa como obra de todos los grupos parlamentarios y ha destacado su "tramitación absolutamente pacífica". "Fíjese que en el Congreso se votó por todos los grupos parlamentarios, por todos sin excepción, por el PP, por Vox, por todos los grupos parlamentarios del Congreso. Y esa tramitación parlamentaria absolutamente pacífica también ha continuado en el Senado, donde ni siquiera ha habido enmiendas a ese proyecto de ley", ha declarado esta mañana a los periodistas tras destapar El Confidencial el cambio legislativo.
La reforma de la ley 7/2014 que acortará drásticamente las penas de cárcel a una cuarentena de presos de ETA, será promulgada por las Cortes Generales aun en el caso de sea rechazada en el Pleno del Senado, según confirman fuentes jurídicas. La Constitución reconoce a la Cámara Baja la potestad de vetar o enmendar una ley procedente del Congreso, como es el caso, pero al ser una tramitación urgente ha vencido ya el plazo y, vote lo que vote el PP, no podrá frenarla, como admiten ya en el grupo parlamentario del Senado.