La reforma de la financiación local entra en barrena y los ayuntamientos apuntan al cupo catalán

La reforma de la financiación local ha entrado en barrena. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) insiste en la necesidad de abordar con urgencia el debate sobre un nuevo sistema para los ayuntamientos, pero sus reclamaciones no han tenido respuesta hasta la fecha, en pleno conflicto por el denominado cupo catalán y la rebelión de las comunidades autónomas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha congelado esta problemática y ni siquiera dispone de un calendario a corto o medio plazo para iniciar los contactos con los consistorios.

Ayuntamientos de todo signo político llevan meses denunciando que han llegado a una situación límite. La última Junta de Gobierno de la FEMP, celebrada el pasado 25 de septiembre, giró en torno a esta cuestión y a otras demandas que siguen pendientes. La presidenta, María José García Pelayo, exige al Ministerio de Política Territorial la convocatoria de la Comisión Nacional de la Administración Local, habida cuenta de que la reunión celebrada en julio no trató ninguno de los temas que marcan la agenda de los municipios. "No es justo que los ayuntamientos se queden fuera de este debate", dijo la también alcaldesa de Jerez de la Frontera, del PP, tras señalar que la cartera que dirige el socialista Ángel Víctor Torres no ha dado todavía ninguna respuesta.

El diagnóstico es compartido. Las administraciones consultadas por este periódico lamentan que el encuentro de la comisión no sirvió prácticamente para nada y que sus principales preocupaciones siguen pendientes. Desde la financiación a las reclamaciones por las pérdidas del impuesto de plusvalía. "Lo ha hecho para la foto y porque tenía que cumplir el trámite", apuntan fuentes municipales sobre el papel de Torres. Reiteran la necesidad de que los ayuntamientos tengan un hueco preferente en las conversaciones sobre la reforma del sistema de financiación, señalada ya como el principal caballo de batalla de la legislatura y tensionada por el acuerdo entre el PSC y ERC para dar un estatus singular a Cataluña.

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Buena parte de los ayuntamientos señalan al cupo como el gran problema para sus intereses. Los gobernados por el PP, incluso, dan por descontado que no habrá nada. "Ya sabemos que todo irá para Cataluña", apuntan, en la línea de los Gobiernos autonómicos, que han levantado la voz ante lo que consideran un agravio, incluyendo a territorios controlados por el PSOE como Asturias o Castilla-La Mancha. "Es imposible que nos digan algo, porque saben que no tienen nada que decirnos", añaden.

La propia presidenta de la FEMP se pronunció al respecto este viernes y reiteró su deseo de armar una declaración institucional "contra la financiación privilegiada de Cataluña" en la comisión de Hacienda de la entidad. "Tengo muy claro que mi obligación como presidenta de la Federación es buscar el consenso, tender la mano, intentar que la voz de todos los ayuntamientos españoles sea única, la misma e igual", subrayó García-Pelayo.

En punto muerto

La reforma de la financiación local está en punto muerto. Ni Política Territorial ni Hacienda han tratado este tema oficialmente con los ayuntamientos. En el departamento dirigido por María Jesús Montero aseguran que existe un "compromiso" para abordar el problema, pero la realidad es que no ha habido ninguna comunicación ni reunión a la vista.

Tampoco para la celebración próxima Comisión Nacional de la Administración Local, según reconocen en la cartera de Torres. Y la FEMP insiste: un reparto "más equitativo de la capacidad de gasto de las administraciones", que no se les atribuyan competencias sin recursos y que se abra una negociación paralela a la autonómica.

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La exigencia no es nueva. La Federación Española de Municipios y Provincias fue a la reunión de julio con la misma lista de la compra y en el anterior mandato, con el socialista Abel Caballero al frente, ya impulsó una nueva ley que incluía, entre otras cuestiones, una reinterpretación del techo de gasto para aliviar la presión sobre los municipios. El organismo, además, destaca la preocupación de las localidades por los plazos de ejecución de los fondos europeos y por la resolución de la plusvalía, que supuso una importante merma en las arcas municipales tras el fallo del Supremo para la devolución de liquidaciones en firme.

La FEMP, de hecho, informó durante la última Junta de Gobierno que ha enviado a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados dos propuestas de enmienda relativas al impuesto. El objetivo es que se prorroguen las medidas para aliviar el impacto económico de las guerras en Ucrania y Oriente Medio y se adopten medidas en materia fiscal, energética y social hasta que se resuelvan los recursos judicializados.