La Audiencia avala la investigación por tráfico de influencias a Begoña Gómez y solo 'aparca' Globalia

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado ordenar el archivo del caso Begoña Gómez en respuesta al recurso presentado por la defensa de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid avalan así la continuidad del procedimiento al que, además, acaba de unirse una querella en la que se acusa a Gómez de haberse apropiado supuestamente de un software de la Universidad Complutense de Madrid.

La defensa de Gómez pidió a la Audiencia de Madrid que impidiese al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid hacer una "investigación universal" en su contra. Reclamó el archivo del procedimiento al considerar que no hay indicios que la relacionen ni con los contratos investigados ni con las "vicisitudes económicas de Air Europa". La Audiencia atiende el recurso respecto a este último punto y ordena cerrar la línea de investigación sobre Globalia "en tanto en cuanto no aparezcan hechos verdaderamente nuevos de contenido incriminatorio", pero mantiene el resto del procedimiento por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La Fiscalía solicitó por su parte a la Audiencia de Madrid que delimitase la investigación al entender que el instructor está dirigiendo una "causa general" y no ha aclarado qué es lo que investiga. El Ministerio Público alegó que la respuesta del juez sobre el objeto de investigación eran "manifestaciones que pueden parecer una causa general, o cuando menos excesivamente amplias, habida cuenta las circunstancias expuestas".

El juez Juan Carlos Peinado mantenía hasta ahora al menos tres líneas de investigación abiertas contra la mujer del presidente: las adjudicaciones al empresario Juan Carlos Barrabés que no incluyeron fondos europeos, la relación de Gómez con Air Europa en plenas negociaciones para el rescate de la aerolínea y sus actividades como codirectora de dos másteres en la Complutense.

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La Audiencia incide en que la instrucción se encuentra en sus inicios y que, como sucede en todas las investigaciones, su objeto ha de valorarse de modo "flexible, cambiante y aproximado". "La llamativa variación, cuantitativa y cualitativa, que experimenta la relación de las empresas del grupo Barrabés con la administración pública en proximidad temporal con la obtención de la cátedra y despegue de los másteres [de Begoña Gómez] es verdaderamente significativa", advierten los magistrados.

La defensa de Gómez se escudaba en que la Fiscalía Europea se ha hecho cargo de la investigación sobre algunos de estos contratos con Barrabés y, por tanto, el procedimiento de Peinado ha quedado sin "contenido", pero la Audiencia rechaza ese argumento: "El juez deja claro que no todos los contratos de Innova Next [la empresa de Barrabés] identificados por la UCO en relación temporal y material con lo investigado tienen que ver con los tres expedientes de Red.es [que investiga la Fiscalía Europea], y además existen otros que pueden y deben ser objeto de investigación".

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Como desveló este diario, Gómez firmó en 2020 dos cartas de apoyo a una UTE de empresas privadas que se presentó a un concurso del ente Red.es, dependiente en ese momento del Ministerio de Economía. El principal accionista de la UTE era Barrabés, que había participado previamente en el diseño de uno de los másteres de la Complutense que ella dirigía.

"Existen otras conductas relacionadas con otras empresas y entidades respecto de la creación, ideación, promoción, implementación y desarrollo de la cátedra y los másteres asociados que deben ser investigados", advierte ahora la Audiencia Provincial en su resolución. "No nos corresponde asumir funciones exclusivas del juez instructor, ni pronunciarnos sobre cuestiones ajenas a los recursos elevados, pero ya el Ministerio Fiscal menciona hasta otras dos querellas diferentes relacionadas con la cátedra".

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Una de estas querellas pide imputar nuevos delitos a Gómez por apropiarse de manera irregular del software que se desarrolló para su máster en la Complutense. La Audiencia Provincial de Madrid ya advirtió en septiembre de que Peinado también debía hacerse cargo de esta denuncia y los magistrados vuelven a dejarlo caer en la resolución de este lunes. "Pende de pronunciamiento motivado del juzgado de instrucción nº 41 sobre su admisión y acumulación", recuerdan.

Como también desveló El Confidencial, Gómez pidió a directivos de Indra, Telefónica y Google que le hicieran gratis este software para su Máster de Transformación Social Competitiva. Según datos proporcionados por las compañías, los trabajos les supusieron un coste de al menos 150.000 euros, pero ni ella, ni el máster, ni la Complutense les abonaron cantidad alguna. La mujer de Sánchez registró después la aplicación informática en la Oficina Española de Patentes y además controla el 100% de las acciones de una empresa que lo ofrece: Transforma TSC SL.

La Audiencia destaca que "el objeto y denominación" de esta empresa coincide "con el título del máster de la Universidad Complutense del que la investigada es codirectora", lo que implica ir un paso más allá en la investigación: "Con el carácter meramente indiciario propio de la instrucción, permitiría añadir a nuestra primera aproximación sobre la notitia criminis la existencia no solo de un interés profesional en el ámbito docente, sino también personal en el ámbito empresarial", concluyen los magistrados.