Los policías arremeten contra las cesiones a Bildu con la ley mordaza: "Marlaska no puede continuar"

Espadas en alto en la Policía Nacional y la Guardia Civil tras el acuerdo del Gobierno con Bildu para la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza. Los sindicatos y asociaciones han reaccionado de forma inmediata ante una reforma que incluye la eliminación de las pelotas de goma y la rebaja de las sanciones por faltas de respeto y desobediencia a los agentes. "El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no puede continuar ni un minuto", sentencian desde la Confederación Española de Policía (CEP).

La cesión más destacable es la de las pelotas de goma, una línea roja que Grande-Marlaska se había negado a cruzar en anteriores negociaciones. El pasado junio, durante una comparecencia en el Congreso, su número dos y secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, aseguró que se mantendrían firmes en esta cuestión, pero tres meses después, el acuerdo con Bildu es claro: "Se termina con el uso de las balas de goma, sustituyéndose estos por medios menos lesivos".

Policías y guardias civiles se sienten traicionados y critican que en ningún momento se les ha tenido en cuenta durante las negociaciones. "Parece redactado contra los policías más que para defender el buen desempeño de nuestra función", apunta Nadia Pajarón, portavoz del sindicato SUP. "El Gobierno no puede seguir utilizando a los guardias civiles como moneda de cambio", añaden desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Otros sindicatos como JUPOL o la CEP van más allá y denuncian que el pacto lleva la firma de los "herederos políticos del terrorismo".

Las formas cambian de unos a otros, pero todos coinciden en que agotarán hasta la última vía para frenar el acuerdo. La promesa incluye tanto la posibilidad de recurrir a los tribunales como la de movilizar a sus miembros en las calles. Esta no sería su primera manifestación contra el Gobierno ni su primera batalla judicial. El pasado febrero, el Tribunal Supremo ya atendió un recurso de la Asociación Profesional de Justicia de la Guardia Civil (JUCIL) y anuló el real decreto con el que el Ejecutivo había traspasado a Navarra las competencias en materia de tráfico del instituto armado. Al igual que ahora, aquel pacto también llevaba el sello de Bildu.

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La supresión de las pelotas de goma — o "balas de goma", como también dice en el acuerdo— es ahora la cesión más llamativa, pero no la única. Otro punto incluye el fin de "las sanciones injustificadas o basadas en interpretaciones subjetivas" ante las faltas de respeto a la autoridad, lo que se plasmará con el siguiente párrafo en la ley: "Para entender cometida la infracción deberá tratarse de expresiones relevantes, sin que pueda considerarse sancionable la sola disconformidad con un mandato legítimo o el ejercicio fundamental a la libertad de expresión". Si el sancionado accede a "retractarse" o "disculparse" por sus expresiones, la multa quedará sin efecto.

El siguiente punto sigue la misma línea e implica rebajar "de grave a leve" la infracción por desobediencia, incidiendo una vez más en que solo será sancionable cuando se trate de una "orden legal, ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico". En la práctica, este cambio supone rebajar de forma considerable la correspondiente multa: las infracciones graves se castigan a día de hoy con entre 601 y 30.000 euros, mientras que las leves quedan entre los 100 y 600.

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"Convertir en leve la infracción grave de desobediencia o someter las faltas de respeto a la autoridad a un cúmulo de requisitos que las sitúe en la práctica en algo no sancionable son otras decisiones que afectarán gravemente a la actividad policial en la calle y que situarán a los profesionales de la seguridad pública frente a un escenario de desprotección y riesgos", denuncian desde la CEP. "Estamos en una época de cierta convulsión social en la que diariamente hay agresiones y ataques con cuchillos y armas de fuego", lamentan a su vez desde la Unión Federal de Policía (UFP).

Tampoco pasa desapercibido el hecho de que el anuncio llegara tan solo 24 horas después del Día de la Policía Nacional. "Gracias por vuestra profesionalidad, dedicación y entrega. Por protegernos y hacer de España uno de los países más seguros del mundo", escribió Pedro Sánchez a través de sus redes sociales este miércoles. La felicitación no ha tardado en quedar en papel mojado para unos sindicatos que ya están pensando en cómo tumbar la última reforma que el Gobierno ha pactado para ellos.

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Las críticas se extienden a las asociaciones de guardias civiles, que advierten sobre la imposibilidad de trabajar "sin principio de autoridad" y también se ven afectadas por el último punto del acuerdo: "En el plazo de seis meses se abordará la modificación en la Ley de Extranjería, estableciendo como criterios para la modificación el respeto y aplicación de la normativa de Derechos Humanos y protección internacional, estableciendo el acceso y evaluación a las solicitudes de protección internacional previamente al proceso de posible expulsión".

El pasado junio, el secretario de Estado de Seguridad también descartó que la reforma de la ley mordaza pudiera incluir la supresión de las conocidas como devoluciones en caliente, pero ahora se pone negro sobre blanco: "La evaluación sobre su acceso a las solicitudes de protección internacional deberá realizarse en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos previamente al proceso de posible expulsión".

La AUGC, mayoritaria en el instituto armado, no duda en mostrarse tajante ante el acuerdo: "Los agentes necesitan herramientas para que puedan realizar su trabajo con seguridad en un momento en el que las agresiones no paran de aumentar año tras año sobre los guardias civiles", advierten. El SUP y el resto de asociaciones policiales insisten a su vez en que "esta reforma perjudica a los policías, pero también a los ciudadanos".