El CGPJ acelera y sacará ya a concurso la plaza clave del sustituto de Marchena en el TS

El Consejo General del Poder Judicial no quiere dilatar más la tarea titánica que supondrá la cobertura de las plazas vacantes en el Supremo y otros destinos y tiene intención de sacar de forma inminente a concurso las presidencias de las cuatro Salas clave del alto tribunal, entre ellas la que ocupa en la actualidad el magistrado Manuel Marchena, al frente de la Segunda. El actual presidente de la Sala de lo Penal acaba su segundo mandato el próximo 8 de noviembre. Según informan fuentes jurídicas, la Comisión de Calificación del órgano de gobierno de los jueces, reunida este miércoles, ha aprobado ya las bases de la convocatoria. El proceso se alargará ahora varias semanas, de modo que la decisión final sobre los candidatos que aspiren a estos cargos no se cerrará hasta el próximo diciembre, según los cálculos del Consejo.

Los tiempos de tramitación son los que han provocado que la Comisión se decida incluir la Sala de lo Penal, la única de las cuatro que no está ahora vacante y que hace apenas 48 horas ha insistido en no amnistiar el procés en una ponencia con duros reproches al Gobierno firmada por el propio Marchena. Además de Penal, saldrán a concurso las presidencias de Civil, por jubilación de Francisco Marín Castán; Social y Contencioso, ahora mismo presididas en funciones por Antonio Sempere y el magistrado Pablo Lucas. Además de los nombramientos de los presidentes, la Comisión ha aprobado convocar 17 plazas para la jurisdicción militar, una de las más afectadas por el parón de nombramientos producido en los últimos años.

El primer paso será que las bases de Calificación sean sometidas a Pleno para su aprobación. Una vez obtenido el visto bueno, la convocatoria se publica en el Boletín Oficial del Estado y se da plazo para la presentación de las candidaturas. Todos los candidatos se someten a entrevistas públicas para que presenten sus programas de acción. Calificación elige entre ellos a una terna y la misión de la elección final queda en manos del Pleno.

Será en ese punto, ya a finales de año, cuando vuelva a entrar en juego la capacidad negociadora de los dos sectores del CGPJ. Diez de los vocales fueron designados a propuesta del PP y los otros 10, a propuesta del PSOE y Sumar. La presidencia está en manos de la progresista Isabel Perelló, que fue la candidata de consenso. Su nombramiento sirvió para acabar con la primera crisis del nuevo Consejo, atascada durante semanas en su primera misión de nombrar a la máxima autoridad del TS.

TE PUEDE INTERESAR

Las pullas del TS al Gobierno y los 'indepes': "Quieren degradarnos a un simple vehículo"

Beatriz Parera

El consenso también será vital en este caso, ya que el acuerdo de la renovación pactado entre socialistas y populares implica que los cargos obtengan el respaldo de tres quintos del Consejo, es decir, de 13 vocales. Perelló ha expresado su intención de apoyar aquella opción que obtenga mayores votos en todos los casos. Quiere evitar el mando presidencialista y se inclina por un papel de arbitraje cuando sea necesario ejercerlo.

Equilibrio y consensos

La propia composición de la Comisión de Calificación y del resto de Comisiones evidencia el deseo de todos los vocales de hilar acuerdos y mantener un equilibrio ante cualquier acuerdo futuro. Como aseguró la propia presidenta en su discurso de apertura del año judicial, el Consejo quiere huir de la etiqueta de politización que viene arrastrando desde su anterior etapa, a consecuencia, sobre todo, de la incapacidad de los principales partidos políticos de alcanzar un acuerdo que provocó que la renovación se alargara casi cinco años.

TE PUEDE INTERESAR

'Denunciem Marchena': el independentismo llama a filas ante la visita del juez a Barcelona

Pablo Gabilondo

La nueva presidenta indicó ante el rey y los principales líderes políticos -por parte del Gobierno estaba presente el ministro de Justicia, Félix Bolaños- la intención es que los nombramientos de los futuros cargos para la cúpula judicial, más de cien en la recámara, se hagan por mérito y capacidad. "Tenemos la obligación de garantizar que el sistema de selección de magistrados nos lleve a la elección de los mejores profesionales", dijo.