El novio de Ayuso demandará a la ministra Montero ante el Supremo por derecho al honor

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, no ha acudido este miércoles al acto de conciliación convocado en un juzgado madrileño tras la demanda que anunció contra ella Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por intromisión al honor. Tras ello, la defensa de González Amador ha confirmado a El Confidencial que interpondrán la demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor ante la Sala Primera del Tribunal Supremo.

Según han informado fuentes jurídicas, el acto de conciliación convocado en el Juzgado de Primera Instancia número 49 de Madrid, en el que se ofrecía llegar a un acuerdo para evitar la demanda, ha quedado sin efecto, ya que por parte de la ministra Montero no acudido nadie. La ministra está representada en este proceso por la Abogacía del Estado, según han precisado las fuentes.

González Amador anunció esta demanda por las palabras que pronunció Montero en la sesión de control en el Senado el pasado 12 de marzo, donde dijo que la presidenta madrileña podría "estar viviendo en un piso que se pagó con fraude".

La vicepresidenta primera hizo sus declaraciones en referencia a las informaciones periodísticas que avanzaban la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra la pareja de Ayuso por un presunto fraude fiscal superior a 350.000 euros y de que la presidenta autonómica residía en un piso de un millón de euros que se pagó después de que Hacienda estuviese investigando a su pareja.

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La defensa de González Amador anunció entonces varias demandas contra Montero por intromisión al honor y por revelación de secretos tras conocerse algunos de sus datos fiscales, además de otra querella contra la Fiscalía por la nota difundida en la que se informaba del pacto alcanzado con Hacienda en el que reconocía la autoría de la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades.

La solicitud de un acto de conciliación se erigía en el paso previo que González Amador debía dar antes de la interposición formal de la demanda. Durante la celebración de esta comparecencia, cabía la posibilidad de que ambas partes llegara a un acuerdo, pero Montero también podía decantarse por no acudir. La demanda que presentará ahora acabará en el Tribunal Supremo por el aforamiento del que goza como diputada.

La exministra de Igualdad Irene Montero ya pasó por una situación similar en 2022, cuando llamó "maltratador" al exmarido de María Sevilla, la expresidenta de Infancia Libre. Tras negarse a acudir al correspondiente acto de conciliación, el Supremo acabó condenándola en 2023 a pagarle una indemnización de 18.000 euros, además de tener que publicar en su cuenta de Twitter y en un periódico de ámbito nacional el encabezamiento y fallo de la sentencia.