El juez del caso Koldo oficia a la UCO para que informe sobre el "clonado" de los móviles

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dictado una serie de resoluciones en las que acuerda una batería de diligencias en el marco de la investigación por las presuntas comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia. Entre ellas, oficiar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) para que "informe sobre el número exacto de evidencias digitales intervenidas, así como del estado del clonado y extracción de información de los mismos".

La acusación popular que ejerce el PP pidió dar ese paso este mismo septiembre para acelerar las pesquisas. "No se ha tenido noticia sobre el número exacto de dispositivos intervenidos, de la situación de clonado de los dispositivos intervenidos y, desde luego, no se ha tenido noticia del resultado de algún análisis que se haya podido realizar de dichos dispositivos". El PP advertía en su recurso de que ya han transcurrido cuatro meses desde el último informe de la UCO al respecto y que este apuntaba a más de 170 dispositivos intervenidos.

El magistrado Ismael Moreno también ha acordado celebrar el próximo 14 de octubre la testifical de los autores de la auditoria elaborada por Transportes, que señaló al exministro José Luis Ábalos por su conocimiento de la trama, y del director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez González, conocido en los ambientes policiales como "comisario Lenin".

Tal y como adelantó El Confidencial, este alto mando de Interior, mano derecha del ministro, fue la persona a la que el asesor de Ábalos, Koldo García, ofreció los contactos de la empresa investigada en la trama, Soluciones de Gestión. Luego las gestiones las hizo un cargo intermedio, Daniel Belmar, quien ya declaró como testigo ante el juez Moreno y en sus explicaciones señaló al 'comisario Lenin'.

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Según dijo en su día Belmar a los investigadores, José Antonio Rodríguez asistió a una reunión interministerial donde se habló de las empresas a las que adjudicar. El acta de esa reunión ha desaparecido presuntamente. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska fue una de las administraciones que adjudicaron contratos a la trama. En este caso fue la Secretaría de Estado de Seguridad, que pagó 3,4 millones por la compra de mascarillas durante la pandemia.

La Guardia Civil reflejó en sus informes las trabas que se encontró cuando tuvo que investigar esta derivada del caso en Interior por la que, de momento, no hay nadie imputado. El propio José Antonio Rodríguez habló con un responsable de la empresa investigada antes de delegar el trabajo en un subordinado.

En uno de los autos conocidos este martes, Moreno accede a la petición de la acusación popular Liberum para la práctica de testificales al objeto de esclarecer la falta de justificación de la recepción de las mascarillas objeto de los contratos de suministro otorgados por Puertos del Estado y ADIF a Soluciones de Gestión. Así, el magistrado acepta citar como testigos al propietario y presidente de la sociedad Raminatrans SL, Rafael Millas, al jefe de Presupuestos, Contratación del Ministerio de Transportes, Jorge Meana, y al secretario general y del Consejo de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, Julio González García, el 21 de octubre.

Respecto del resto de solicitudes de dicha acusación, explica el instructor, se acordará la procedente una vez practicadas las anteriores declaraciones testificales. En un segundo auto, Moreno acceso a la solicitud de la Fiscalía de requerir a la AEAT para que designe funcionarios en función de auxilio judicial para la determinación de las cuotas que eventualmente pudieran haber dejado de ingresar a la Hacienda pública la entidad Soluciones de Gestión y el investigado Víctor de Aldama en el ejercicio 2020. De Aldama era un comisionista que ejerció de nexo entre la empresa y el Ministerio que dirigía Ábalos.

Igualmente accede el magistrado a la práctica de la diligencia solicitada por el Ministerio Público para que, a la vista de las declaraciones presadas por investigados y testigos y al objeto de esclarecer los contratos adjudicados por Puertos del Estado, ADIF y por la Secretaria de Estado de Seguridad, se tome declaración como testigos al director general de Coordinación y estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez González, así como a las dos inspectoras de Servicios del Ministerio de Transportes participantes en el informe de auditoría encargado por el actual ministro Óscar Puente.

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Por último, en un tercer auto, el titular del Jugado central de Instrucción Dos acuerda la práctica de otra diligencia solicitado por Anticorrupción consistente en dirigir sendos mandamientos a los Servicios de Salud de Islas Baleares y de Canarias para que se facilite copia, en presencia de la Guardia Civil, del contenido de todos los buzones/carpetas del correo electrónico corporativo de determinadas personas, así como la documentación que obre en su poder sobre contratos adjudicados a Soluciones de Gestión que no hubiera sido previamente entregada a la Fiscalía Anticorrupción.

El juez explica que esta diligencia es útil para el descubrimiento del ilícito penal objeto de investigación, proporcionada a la gravedad del delito y necesaria para poder avanzar en la investigación, que se sigue por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda pública.