El error de los recursos permite investigar el caso Begoña Gómez al menos "un mes" más
El juez también debe decidir si admite una querella que pide imputar nuevos delitos a la mujer de Sánchez por haberse apropiado de manera irregular del 'software' de su máster
La Audiencia Provincial de Madrid suspendió este lunes la deliberación sobre el posible archivo de la investigación que se sigue contra Begoña Gómez. Las defensas y acusaciones habían marcado este 30 de septiembre como fecha clave para la continuidad de la causa, pero nada más arrancar la sesión, los magistrados advirtieron un problema: el juzgado que dirige Juan Carlos Peinado les había remitido el recurso en el que la Fiscalía pide "delimitar" la causa, pero no el que interpuso la defensa de Gómez para solicitar el archivo. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid calculan que este error obligará a aplazar la decisión definitiva "como mínimo un mes".
La simple providencia con la que se ha acordado suspender la deliberación ya es recurrible "en el plazo de tres días". A partir de ahí, llegará el momento de remitírsela al juzgado de Juan Carlos Peinado, cuya letrada de la administración de Justicia tendrá que recopilar el recurso en cuestión y enviárselo a la Audiencia Provincial. Los magistrados de este tribunal revisarán entonces su calendario y fijarán una nueva fecha para deliberar, pero, según destacan otras fuentes, el hecho de que en esta causa no haya ningún investigado en prisión preventiva también podría complicar un intento de dar prioridad a estos escritos para acelerar su resolución.
Mientras tanto, Peinado seguirá adelante con la investigación en la que mantiene imputada a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El próximo 16 de octubre, ha citado como testigo a una directiva del Instituto de Empresa, Sonsoles Blanca Gil de Antuñano, para tratar de aclarar los motivos por los que esta entidad contrató a la mujer del presidente para un departamento llamado Africa Center. De forma paralela, tiene sobre la mesa una querella que pide imputar nuevos delitos a Gómez por haberse apropiado de manera irregular del software que se desarrolló para su máster en la Universidad Complutense de Madrid.
La propia Audiencia Provincial ordenó a Peinado valorar esta querella el pasado 9 de septiembre. Los magistrados rechazaron así los argumentos de la Fiscalía, que pedía que esta nueva línea de investigación recayera en un juzgado distinto. El tribunal destacaba para ello que en la causa que instruye Peinado ya se "han practicado diligencias destinadas a investigar los hechos relativos al Máster en Transformación Social Competitiva" y, por tanto, existe "la conexidad" exigida para que asuma la denuncia.
La suspensión de la deliberación respecto al posible archivo de la causa da un mayor margen a Peinado para avanzar en esa posible línea de investigación, lo que trastoca los planes de la defensa de Gómez. De hecho, el abogado de la mujer de Pedro Sánchez, el exministro socialista Antonio Camacho, llegó a pedir el pasado julio a la Audiencia Provincial que acelerara su resolución: "Desafortunadamente, este es el único remedio que procesalmente nos cabe utilizar para intentar evitar irreparables daños en el Derecho de Defensa de los investigados", defendió entonces. Dos meses después, su recurso no solo sigue sin resolverse, sino que la deliberación se aplaza.
Las idas y venidas con el recurso
Las idas y venidas con estos recursos tienen su origen en una resolución que Juan Carlos Peinado notificó el pasado 1 de julio. Para entonces, la Audiencia Provincial de Madrid ya había rechazado otro escrito en el que el Ministerio Público pedía dar carpetazo a la causa, pero la Fiscalía Europea asumió poco después parte de las pesquisas y la defensa de Gómez recurrió de nuevo al considerar que esta decisión dejaba sin contenido alguno la causa principal.
El 1 de julio, Peinado rechazó este nuevo recurso de Gómez de manera tajante: “Los hechos objetos de investigación son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial", advirtió. No conforme con esta decisión, tanto la defensa de Gómez como la Fiscalía recurrieron el auto, pero esta vez ante la propia Audiencia Provincial para pedirle que parara los pies al juez.
En su escrito, el fiscal pedía al tribunal que "excluya" las últimas líneas de investigación que ha abierto contra la mujer del presidente. "Se está pretendiendo ampliar la instrucción a escenarios y tiempos amplísimos, cuya relación con la finalidad que se perseguía no acabamos de comprender, y principalmente, sin filtro de resolución judicial", criticaba. La defensa de Gómez iba un paso más allá con su recurso y pedía el archivo directo al considerar que se está investigando su "vida y obra".
Este segundo escrito es el que aún no ha llegado a la Audiencia Provincial: "Tras el examen del testimonio remitido a petición de la Sala el pasado 9 de septiembre, recibido el día 13 de los corrientes, se comprueba la existencia de un recurso de apelación directo contra el auto de 1 de julio de 2024 por la defensa de la investigada, recurso al que no se hacía referencia en el oficio remisorio ni en el escueto testimonio acompañado", advierte la providencia que se notificó este lunes. "Al tener relevancia para la deliberación señalada en el día de hoy el estado de tramitación del citado recurso, deberá aclararse por la letrada de la Administración de Justicia".
La Audiencia Provincial de Madrid suspendió este lunes la deliberación sobre el posible archivo de la investigación que se sigue contra Begoña Gómez. Las defensas y acusaciones habían marcado este 30 de septiembre como fecha clave para la continuidad de la causa, pero nada más arrancar la sesión, los magistrados advirtieron un problema: el juzgado que dirige Juan Carlos Peinado les había remitido el recurso en el que la Fiscalía pide "delimitar" la causa, pero no el que interpuso la defensa de Gómez para solicitar el archivo. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid calculan que este error obligará a aplazar la decisión definitiva "como mínimo un mes".
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