La pieza secreta del caso Begoña Gómez allana la continuidad de la investigación del juez

Hace poco más de un mes, efectivos de la Guardia Civil registraron el domicilio del empresario Juan Carlos Barrabés y las oficinas de algunas de sus empresas en el marco de una pieza secreta abierta por el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez. La actuación de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) fue la cara más visible de una línea del procedimiento que, de momento, se mantiene reservada y que dificulta una hipotética orden de archivo por parte de la Audiencia Provincial en respuesta a las solicitudes de sobreseimiento que ha presentado la defensa de la mujer del presidente.

El desconocimiento del contenido de esas actuaciones parece alejar la posibilidad de que la instancia superior ordene al magistrado que paralice su instrucción. La Audiencia ha fijado este lunes como fecha para la deliberación y fallo de los recursos presentados por la propia Gómez y la Fiscalía. A mediados de septiembre reclamó al Juzgado las actuaciones completas antes de adoptar su decisión.

Poco se sabe de esta investigación más allá de la identidad de su principal protagonista. En el centro está situado Barrabés, profesor del máster que dirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, y al que las acusaciones sitúan como beneficiario de contratos públicos vinculados a la intermediación de la esposa de Pedro Sánchez.

Los registros de agosto se prolongaron nada menos que tres días. Tuvieron lugar después de que Barrabés declarara y asegurara que estuvo en Moncloa y que se reunió allí con Pedro Sánchez para tratar sobre asuntos relacionados con la innovación. Añadió que, en otras ocasiones, ha estado reunido con representantes de otros partidos e instituciones en calidad de referente del sector. También trató de desactivar la idea de favoritismo y recordó que su primer concurso público lo ganó con el Ayuntamiento de Madrid (en tiempos de Más Madrid) y que luego lo renovó ya con otra administración (el PP).

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Fue la UCO la primera que reparó en la atribución de contratos públicos por importe cercano a 20 millones de euros a la compañía de Barrabés, Innova Next, o a Uniones Temporales de Empresas (UTE) en las que participaba. La Guardia Civil se refirió a ellos en un informe que fue aportado al Juzgado hace meses. El listado que la UCO entregó al juez advertía de que el "importe principal" que recibió la empresa de Barrabés se concentraba en unos pocos contratos públicos: Red.es (10,6 millones), el Ayuntamiento de Madrid (3,99 millones), el Consejo Superior de Deportes (3,04 millones), la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (1,72 millones) y la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora (1,64 millones).

La Guardia Civil también avisaba de que un alto porcentaje de las adjudicaciones percibidas se produjo en dos ejercicios: 2021 y 2022. A su vez, casi el 90% de las ganancias de la empresa de Barrabés, sola o en unión con otras compañías, se concentró en un número muy reducido de expedientes que se acumularon en aproximadamente un año y medio. Esos organismos públicos pagaron un importe cercano al 85% del total adjudicado, según los cálculos del Instituto Armado.

El software de la Complutense

Además de la existencia de la pieza secreta y el riesgo de ordenar un archivo completo que afecte a investigaciones desconocidas, la Audiencia Provincial dio una orden hace unos días que tampoco encaja con un sobreseimiento. Reclamó al juez Peinado que valore una querella en la que se pide imputar nuevos delitos a Gómez por apropiarse de manera irregular del software que se desarrolló para su máster en la Universidad Complutense de Madrid.

Gómez pidió a directivos de Indra, Telefónica y Google que le hicieran gratis este software para su Máster de Transformación Social Competitiva. Según datos proporcionados por las compañías, los trabajos les supusieron un coste de al menos 150.000 euros, pero ni Gómez, ni el máster, ni la Complutense les abonaron cantidad alguna. La mujer de Sánchez registró después la aplicación informática en la Oficina Española de Patentes y además controla el 100% de las acciones de una empresa que lo ofrece. La Complutense ya avisó en un informe del pasado julio que esa empresa se constituyó sin su "conocimiento ni participación".

Mientras se adopta la decisión final, el juez continúa con la instrucción al margen de las dudas de continuidad. Recientemente, dictó una providencia en la que reclamaba información a la universidad y pedía conocer cuánto se le pagó a la esposa de Pedro Sánchez por su cátedra. Además, ha acordado escuchar el día 16 a la directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa (IE), Sonsoles Blanca Gil de Antuñano.