El Gobierno reconduce el diálogo con Puigdemont y negocia "sin plazos" los presupuestos

Cuando las relaciones entre el PSOE y Junts parecían pasar por su peor momento y el Gobierno temía por la aprobación de la senda de estabilidad y por los presupuestos, toda una serie de movimientos en cadena han abierto la posibilidad de entendimiento. El viernes pasado el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se reunió en Suiza con Carles Puigdemont y ayer el Consejo de Ministros acordó retirar del Congreso los objetivos de déficit para negociarlos directamente con los posconvergentes. Además, hubo varias cesiones al independentismo de alto simbolismo político: reformará la ley del CNI, como quería el PNV, y reactivará las comisiones de investigación sobre la operación Cataluña y sobre los atentados yihadistas en las Ramblas y Cambrils de agosto de 2017.

El Gobierno vuelve así a sentarse a la mesa con Junts después de meses de desencuentros porque el expresident no ha sido amnistiado y por el pacto en Cataluña con ERC que ha aupado a Salvador Illa a la Generalitat. Y su empeño es acordar la senda de estabilidad y los presupuestos, según fuentes del PSOE. "Si no hubiera posibilidades, no nos sentaríamos", aseguran. Junts limita las conversaciones al reparto del déficit entre el Estado y las comunidades autónomas los dos próximos ejercicios. Ellos no se mueven de su mantra del "pieza a pieza", votación a votación, pero no tiene mucho sentido aprobar la senda si no existe intención de negociar después las cuentas del siguiente año.

¿Qué ha cambiado en las últimas horas para que el Ejecutivo pueda tener votos y sacar los presupuestos? Según la versión del Gobierno, lo que ha sucedido es que Junts ahora "está dispuesto a hablar". La lectura de los posconvergentes difiere y lo atribuye a que Hacienda se abre a modificar los objetivos de déficit. "Si el PSOE quiere que pasen cosas diferentes, han de hacer cosas diferentes", proclama su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras.

La Moncloa obvia cualquier referencia a la cita suiza, pero todo ha variado en las últimas horas. Lo principal, se ha retomado la comunicación. Estaban de espaldas y vuelven a mirarse las caras. Y el primer paso para reconducir la situación ha sido retirar la senda de estabilidad. Ahora debe buscarse un punto medio entre las pretensiones de Junts, que pide repartir en tres tercios -Gobierno, comunidades y ayuntamientos- los objetivos de déficit, y las obligaciones del Ejecutivo, que ve está petición imposible, desfasada en el tiempo, porque supondría volver a criterios de gasto superados por el mandato europeo (con más o menos flexibilidad) de reducción de los números rojos.

Esta disyuntiva también puede explicarse de forma menos teórica. En definitiva, lo que Junts exige, según la lectura que hace el Gobierno, es aumentar los 12.000 millones de gasto que Hacienda concede a las autonomías (casi 7.000) y los municipios (casi 5.000) en los dos próximos años. Este colchón ya iba a asumirlo el Ejecutivo. El Gobierno se iba a endeudar más para que no lo hicieran las comunidades y los ayuntamientos. Y ahora es posible que, para conseguir el pacto con Junts y que Cataluña salga más beneficiada, esa cifra todavía sea más amplia. Aunque su secretario general, Jordi Turull, avisa de que no aceptarán "café para todos", esto es, que exigirán más para ellos.

Toda esta negociación y la de las cuentas de 2025 (la senda de estabilidad es la antesala de los presupuestos) se va a realizar "sin plazos", según confirman distintas fuentes. Los PGE no estarán a tiempo a finales de este mes, y la Moncloa no se marca fechas. Junts tiene su congreso a finales de octubre y todo depende de sus siete votos. Fuentes parlamentarias dan por hecho que la negociación se pospondrá hasta después del cónclave que decidirá el futuro próximo de Puigdemont.

El expresidente catalán ha conducido otra vez a Pedro Sánchez a una cota altísima de tensión y ahora parece aflojar. El Gobierno se ha mantenido firme estas semanas en que los presupuestos se tramitarían igual, aunque Junts los tumbara. Y que en ningún caso eso supondría hacer descarrilar la legislatura. Pero hasta en el PSOE se veía imposible aguantar mucho tiempo sin unas nuevas cuentas. Ahora todo ha dado la vuelta. Las próximas semanas volverán a estar llenas de vaivenes, pero con el horizonte de recomponer la mayoría de la investidura y tener presupuestos si el pulgar de Puigdemont sigue hacia arriba.

Los socialistas van a hacer lo posible para que así sea. Hay que cuidar a Junts y al resto de socios. Y en ese contexto se entiende mejor el cambio de posición del PSOE, que ayer apoyó la propuesta del PNV para reforzar el control judicial de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La misma propuesta fue rechazada por los socialistas hace un año y medio con el vago razonamiento de que debía ser el Ejecutivo, con sus informes jurídicos pertinentes, quien liderara una reforma de semejante calado. PP y Vox acusaron al PSOE de poner en riesgo la inteligencia del Estado para contentar a sus socios.

Además, el PSOE negocia con Junts la reactivación de dos comisiones de investigación en el Congreso: una sobre la operación Cataluña y el supuesto espionaje de la llamada "policía patriótica" del PP y las maniobras desde el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz para fabricar pruebas contra el independentismo. Y otra sobre los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017, que en un sector del independentismo imputan al propio CNI según la tesis conspiranoica de que el imán de Ripoll fue colaborador de los servicios de inteligencia.

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Marisol Hernández

El PSOE se comprometió a impulsar ambas comisiones a cambio del apoyo de los de Puigdemont al nombramiento de Francina Armengol como presidenta del Congreso. Y mañana se presentarán los planes de trabajo, fechas y lista de comparecientes, entre los que figuran Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal. Junts recuerda que ese compromiso está sin pagar y lo desliga de las negociaciones por la senda de déficit presupuestario.

Quedaría una tercera comisión de investigación, esta pactada también con ERC, sobre el presunto espionaje a líderes independentistas con el programa Pegasus, que sin embargo se ha quedado aún en el cajón. Las tres se constituyeron el pasado mes de febrero, aunque no han iniciado los trabajos a la espera de un impulso político. Ahora ha llegado ese momento.