Acuerdo entre los bloques del CGPJ para nombrar al vicepresidente y su composición interna

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avanzado otro paso más este miércoles en su estructuración interna y en el acercamiento entre sus dos partes. El Pleno ha aprobado la designación del magistrado Dimitry Berberoff como vicepresidente del Tribunal Supremo. La decisión se ha adoptado por unanimidad tras el acuerdo entre los bloques conservador y progresista. Así, el Pleno ha designado, a propuesta de la presidenta del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, el nombramiento como vicepresidente del alto tribunal del magistrado de la Sala Tercera, Dimitry Berberoff.

Berberoff era vicepresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) —cargo al que renunció la pasada semana— y magistrado de la Sala Tercera del Supremo, la misma de la que formaba parte Perelló hasta su nombramiento. Los diez vocales conservadores del CGPJ lo propusieron para el puesto la pasada semana.

Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, el vicepresidente del Tribunal Supremo debe sustituir al presidente, en los casos previstos. Además, el artículo 591 de la misma norma señala que el vicepresidente “prestará al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial la colaboración necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones” y que, a estos efectos, "le sustituirá en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad u otro motivo legítimo".

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También dispone que podrá ejercer, por delegación del titular de la presidencia, la superior dirección del Gabinete Técnico del alto tribunal, así como todas aquellas funciones que se le deleguen expresamente, mediando causa justificada. El vicepresidente del Tribunal Supremo es miembro nato de la Sala de Gobierno de dicho tribunal y le corresponde proponer a esta y al titular de la presidencia la adopción de aquellas decisiones orientadas a garantizar el correcto funcionamiento del Tribunal Supremo, así como velar por la exacta ejecución de los acuerdos adoptados por la Sala de Gobierno.

Las Comisiones

El acuerdo se ha extendido para alcanzar el reparto pactado de las Comisiones y los 20 vocales han acordado dividir entre vocales de ambas sensibilidades todas ellas. Existen cinco comisiones legales (Permanente, Disciplinaria, Calificación, Igualdad y Asuntos Económicos) y ocho comisiones reglamentarias (Estudios e Informes, Escuela Judicial, Relaciones Internacionales, Modernización e Informática, Inteligencia Artificial, Estadística, Mixta y para la reforma del sistema de elección de los vocales judiciales)

El equilibrio ha sido la clave de la unanimidad. Se ha pactado así la presencia en todos los casos de miembros del Consejo tanto progresistas como conservadores. Por ejemplo, la Comisión Permanente, el órgano de decisión más relevante y presidida por Perelló, pasará a estar integrada por cuatro conservadores y tres progresistas. La formarán Eduardo Martínez, Pilar Jiménez, Isabel Revuelta, Alejandro Abascal, Carlos Hugo Preciado, Bernardo Fernández y Esther Erice.

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En cuanto a la Comisión de Calificación, clave para la designación del centenar de vacantes pendientes, estará presidida por el vocal José Antonio Montero, al que acompañarán en esta tarea la vocal conservadora Esther Rojo y los vocales de corte progresista Ricardo Bodas, Ángel Arozamena e Inés Herreros. En el caso de la Comisión de Igualdad, estará presidida por la vocal conservadora Gema Espinosa, exdirectora de la Escuela Judicial y esposa del juez instructor del 'procés', Pablo Llarena. La Comisión Disciplinaria, por su parte, contará con el vocal progresista José María Fernández Seijo como presidente.

Igualmente, se ha pactado la comisión encargada de proponer posibles reformas del sistema de elección de los 12 vocales que se designan entre jueces y magistrados. Estará integrada por los vocales progresistas Argelia Queralt y Bernardo Fernández y por los conservadores José Carlos Orga e Isabel Revuelta.

Además, el Pleno ha acordado anunciar la convocatoria pública de los puestos de Promotor de la Acción Disciplinaria y de jefe/a del Servicio de Inspección, a las que podrán concurrir los magistrados del Tribunal Supremo y magistrados con más de 25 años de antigüedad en la Carrera Judicial. Quienes deseen tomar parte en el concurso deberán presentar su solicitud dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. El nombramiento de ambos cargos corresponderá, de nuevo, al Pleno. Por último, los magistrados del Supremo Eduardo Calvo y Pilar Teso han pasado a formar parte de la Junta Electoral Central.