Los vídeos de las declaraciones que cercan a Ábalos: "Fue una orden firmada por el ministro"

El cerco en torno al exministro José Luis Ábalos se está estrechando en el caso Koldo. Uno tras otro, los antiguos altos cargos de Puertos del Estado y Adif están apuntando a lo más alto del Ministerio de Transportes para desmarcarse de las compras de mascarillas a la trama. El Confidencial ha tenido acceso a los vídeos de una decena de interrogatorios que se han practicado a lo largo de este mes y el mensaje que exponen ante el juez es siempre el mismo: ellos solo siguieron sus órdenes.

En el caso de Puertos del Estado, la adjudicación superó los 20 millones de euros por ocho millones de mascarillas. En el de Adif, otros 12,5 millones por cinco millones de mascarillas. Los investigadores apuntan a que estos primeros contratos permitieron a la trama abrir las puertas del Ministerio de Interior, así como de los entonces gobiernos socialistas de Canarias y Baleares. Según han explicado los distintos testigos e imputados al juez, fue el propio Ábalos quien dio el pistoletazo con una orden ministerial.

"Sería las máximas instancias"

El exdirector general de Organización e Inspección de Transportes, Javier Sánchez Fuentefría, compareció el 18 de septiembre como testigo y reconoció que él no cree que el papel de Ábalos fuera meramente administrativo ni de ratificar las decisiones de terceros. "Yo me imagino que si el ministerio estaba intentando comprar, sería en las máximas instancias, ¿no?", afirmó. "Sí que puedo imaginar en esas circunstancias quién puede estar contactando con empresas o quién puede conocer en ese momento a alguien que tenga mascarillas. Si el subsecretario no era, tendría que ser instancias más elevadas... No lo puedo certificar, pero yo me imagino que era a ese nivel".

Minutos después, durante el interrogatorio de una de las acusaciones, siguió la misma línea al señalar los motivos por los que Puertos del Estado decidió duplicar su compra de mascarillas de cuatro a ocho millones. "¿La decisión final sobre el número es del subsecretario?", le preguntó el abogado. "Yo creo que no", respondió Fuentefría. "¿Más arriba?", le insistió el abogado. "Más arriba. El que firma... No sé quién toma la decisión... Pero el que firma la orden ministerial es el ministro".

"Una orden firmada por el ministro"

El exsecretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, fue el primero en declarar como imputado el 11 de septiembre. "Habría sido diferente si a nosotros nos dijeran: 'Oiga, contrate usted ocho millones y busque proveedores", advirtió. "Lo que nos envían es la orden firmada por el ministro, la indiciación de cuál era la empresa y, de hecho, cuando se da cuenta al Consejo de Ministros de este contrato, queda claro que es una contratación del Ministerio de Transportes donde se ordena a Puertos del Estado contratar los ocho millones". Para Sánchez Manzanares, no hay duda de que era "imperativo e indudable" cumplir la orden de Ábalos.

La declaración se alargó más de una hora y también permitió ahondar en que Koldo García no era un mero funcionario más, sino que todos asumían que hablaba en nombre de Ábalos. "En su papel de asesor del ministro es el que se encarga de tutelar toda la ejecución de la contratación", destacó el exsecretario general de Puertos del Estado. "Era asesor y persona de confianza del ministro, ¿no?', insistió entonces su abogado. "Totalmente", sentenció Sánchez Manzanares.

"Era un perfil inusual"

La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, fue un paso más allá al describir el papel que Koldo García desempeñó en el Ministerio de Transportes. "Era un perfil, digamos, inusual", aseguró durante su declaración como testigo del pasado 16 de septiembre. "Era la persona de confianza del ministro Ábalos". "Él siempre estaba con el ministro, esa es la realidad, por tanto, yo la única insistencia respecto a esto era que tenía que ser muy ágil porque era un tema, evidentemente, de máxima emergencia".

La declaración de la expresidenta de Adif también permitió conectar a Ábalos con otro de los principales investigados en el caso Koldo: Víctor de Aldama, el empresario que, según revela el sumario, se embolsó al menos 5,5 millones en comisiones gracias a las adjudicaciones. Pardo de Vera explicó que había coincidido con Aldama antes de la etapa investigada porque era habitual encontrárselo en Transportes: "Le conocí porque estaba en el ministerio", reconoció a preguntas de una acusación. "Realmente no sabía cuál era su papel, no tenía ni idea, pero muchas veces yo iba a despachar (...) con el ministro en la planta tercera y le vi algunas veces por ahí".

"No me consta un análisis de necesidades"

El expresidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo Lobo, compareció como testigo el 13 de septiembre y apuntó a que el entonces secretario general de la entidad, Álvaro Sánchez Manzanares, se encargó de gestionar la adjudicación, pero después de recibir "la orden ministerial". También remarcó que a él no le "consta que realizaran ningún análisis de necesidades" antes de emitir esa orden: la auditoría del ministerio sostiene que realizaron una, pero Toledo apuntó a que hablaba de comprar cuatro millones de mascarillas, no las ocho que se adquirieron finalmente, y que él en ningún caso sabe cómo hicieron "la estimación de lo que se necesita en Puertos".

Toledo no fue el único que puso en duda ese "análisis de necesidades" ante el juez. La exjefa de Contratación de la entidad, María Belén Caballero, también explicó durante su declaración como testigo que ella llegó a enviar un correo electrónico en el que ponía en duda la necesidad de comprar cinco millones de mascarillas cuando ni siquiera habían llegado las ocho primeras. El Ministerio de Transportes siguió adelante con la compra y finalmente ordenó que la adjudicación recayera en Adif, pero el correo que Caballero envió el 26 de marzo de 2020 era claro: "Yo no veo la emergencia para incorporar esa cantidad adicional", advirtió.

"Me dijo que había que comprar"

El último en comparecer este mismo lunes como imputado fue el exsubsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez García. Fuentes presentes en su declaración explican a El Confidencial que él también señaló de forma directa a Ábalos: "La curva seguía creciendo, estábamos en lo peor de la pandemia y el ministro me dijo que había que comprar", aseguró ante el juez. También confirmó que en un primer momento acordaron que Puertos del Estado compraría cuatro millones de mascarillas, pero "Koldo le transmitió que debía modificarse por ocho millones". "Entendí que era una orden del ministro", agregó.

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Beatriz Parera

Gómez se limitó a contestar a las preguntas de su defensa y de la Fiscalía. Durante el interrogatorio, trató de explicar la decisión de contratar a la empresa que se encuentra en el centro de la trama, Soluciones de Gestión. De sus contestaciones quedó una vez más en evidencia la atención que Koldo García prestó a todas las fases del proceso. Fue el ministro quien ordenó las compras y Koldo quien las precisó. Según relató, "estaban solos en su despacho" cuando se les dieron las primeras indicaciones.